El empresario afectado por el incendio de maquinaria en las obras de la EDAR Norte en Alhaurín de la Torre: «He sido el único que he perdido»
Salvador Gónzalez, el contratista de la obra de la depuradora de Vega Mestanza, al que alguien le quemó 5 máquinas en mayo, lamenta que no pueda cobrar indemnización por los daños y que todavía no se haya localizado a los autores
A Salvador González Martín, fundador de Excavaciones Alejasa, empresa de la construcción que opera, desde 1997, desde Alhaurín de la Torre, no se le ha ... ido la desazón desde el pasado 8 de mayo.
En la madrugada de aquella jornada, alguien, de forma intencionada, quemó maquinaria de su propiedad, cuyo valor asciende a unos 2,6 millones de euros, tal y como explica.
Tres retroexcavadoras, un camión de tipo basculante y un tractor remolque, de reciente adquisición, fueron pasto de las llamas en cuestión de minutos. Ocurrió en una parcela en obras en Camino de Santa Águeda, en el distrito de Campanillas, donde se construían las canalizaciones para la depuradora (EDAR-Norte) de Málaga, contemplada en la alhaurina Vega Mestanza. El fuego tuvo cinco focos distintos, tantos como máquinas afectadas.
2,6 Millones
Es el valor de la maquinaria pesada de Alejasa que fue pasto de las llamas de forma intencionada
La Policía Nacional, que se hizo cargo de la investigación, confirma que el caso todavía está abierto y se encuentra bajo secreto judicial.
Y, entre tanto, como explica su máximo responsable, nadie se ha hecho cargo de la compensación a Alejasa por los millonarios daños sufridos, a los que se unen, como ya relató a este periódico, acoso y coacciones que comenzaron cuando alguien dijo que sus máquinas iban a «arrancar los árboles de la Vega Mestanza», una afirmación que, deja claro, nada tiene que ver con la función para la que fue contratado, ya que su compañía estaba en Campanillas, a varios kilómetros de los campos de frutales que defienden los vecinos, ocupada en las canalizaciones de la EDAR y nunca iba a llegar a las tierras de labor, cuya desaparición generó un importante rechazo.
Las empresas implicadas en el proyecto decidieron parar por las amenazas y coacciones sufridas
«El seguro de la UTE no me paga, con el argumento de que no había especificado previamente el tipo de maquinaria que iba a emplear, algo que es imposible para unos trabajos de estas características, en los que tienes que contar con equipos nuevos sobre la marcha y lo ocurrido tampoco entra dentro de los conceptos que incluye el seguro de responsabilidad civil, que no se hace cargo de ataques vandálicos», deja claro González, que considera que, finalmente, se verá abocado a reclamar las pérdidas directamente a quien le contrató.
«Al final, el único que he perdido he sido yo. Si la obra se paraliza finalmente, las adjudicatarias cobrarán la indemnización, pero yo nada», lamenta.
Escenario complejo
Cuando había transcurrido poco más de un mes desde la quema de las máquinas de Alejasa, los distintos contratistas implicados en los trabajos de la estación de tratamiento de aguas sucias, decidieron parar por amenazas a trabajadores y sus familias.
La UTE (Unión Temporal de Empresas) adjudicataria de proyecto, compuesta por Sando, Dinotec y Aquambiente, lo denunció a las autoridades y la Dirección General de Infraestructuras del Agua de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía promotora de la EDAR, informó de lo sucedido a la unidad adscrita de la Policía Nacional que, a su vez, lo trasladó a la Comisaría.
En medio de este escenario de tensión, del que se desvincula la plataforma vecinal que está en contra de la EDAR, que, eso sí, mantiene una batalla legal y administrativa para frenarla, llegó una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que estimaba un recurso interpuesto el 15 de noviembre de 2022 por la Asociación de Vecinos de la Vega de Mestanza y Lomas de Cantarranas.
Un texto que tuvo en cuenta el Alto Tribunal andaluz que hacía ver la falta de competencia de la Junta para aprobar el proyecto de la depuradora y alertaba de que la infraestructura está en zona inundable. y de las supuestas carencias del estudio de impacto ambiental. El Gabinete Jurídico del Gobierno andaluz presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo ante este acto judicial, en septiembre, pero, por el momento, según fuentes del Ejecutivo regional, «se está a la espera de novedades que, de momento, no se han producido».
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