La Junta no tira la toalla con la gran depuradora en la Vega de Mestanza: recurre ante el Supremo

Es el recurso judicial a la decisión tomada por el Tribunal Superior de la Junta de Andalucía (TSJA) adelantada por SUR el pasado 26 de junio. El paralizó indirectamente la obra de la EDAR Norte de Málaga al estimar el recurso de la Asociación Vega Mestanza. El alto tribunal andaluz dejaba sin efecto el anteproyecto de la obra atendiendo a la petición de los vecinos. Y, ojo, que el argumento que entra a estimar el tribunal aludía a la ubicación de la planta en los terrenos mencionados, entre Campanillas y Alhaurín de la Torre, y a varios posibles incumplimientos ambientales.

Fue una decisión de calado, pues hizo que la Junta haya optado por paralizar la obra hidráulica más importante que había en marcha en estos momentos en Andalucía, que llevaba tramitándose desde 2007, y, además, cada año que pasa sin que haya depuración en municipios como Cártama o Alhaurín El Grande supone 1,2 millones de euros de multa para España por parte de la Unión Europea.

El recurso interpuesto el 15 de noviembre de 2022 por la Asociación de Vecinos de la Vega de Mestanza y Lomas de Cantarranas hacía alusión al incumplimiento de varias normativas. El texto aludía, en síntesis, a la falta de competencia de la Junta de Andalucía para aprobar el proyecto de la depuradora; a la ubicación de la infraestructura en zona inundable. y a las supuestas carencias del estudio de impacto ambiental. En el texto que daba la razón a los vecinos, se argumentaba que los diferentes emplazamientos analizados para instalar esta gran depuradora metropolitana se ceñían a argumentos económicos pero que no existe una profundidad ambiental.

Los recurrentes alegaban que era una competencia estatal la aprobación del anteproyecto, algo que el TSJA no estimó, al considerarlo un potestad compartida: «En definitiva, se trata de un supuesto de competencia compartidas en el que la normativa básica corresponde al Estado, sin que se haya acreditado que la normativa de desarrollo de la Comunidad Autónoma haya vulnerado dicha normativa básica».

Otro de los ejes del recurso se refería al incumplimiento de normas urbanísticas como el Plan General de la Aglomeración Urbana de Málaga (Potaum). Esto también se desestimaba: «No se han infringido los principios de seguridad jurídica, confianza legitima y buena fe, pues en definitiva el anteproyecto [...], desde un punto de vista formal y de jerarquía normativa, no infringe las disposiciones del Potaum».

La sentencia también señalaba las particularidades ambientales de la Vega: «Estudio que en el caso que nos ocupa debió de extremarse teniendo en cuenta que la Vega de Mestanza ha sido nombrada oficialmente como parte del Corredor Biológico Mundial, pasando a ser un punto estratégico del mismo, al ser elegido como Kilómetro Cero del Sur de Europa del Corredor Biológico Mundial por su alto valor ecológico, no pudiendo argüirse que al ser una mera iniciativa carece de relevancia, pues sin desconocer que ello es así, no quiere decir que no deba de tenerse en cuenta a la hora de, entre las distintas alternativas, decantarse por la Vega de Mestanza, de manera que el análisis medio ambiental debió de extenderse a las otras alternativas con la misma intensidad».

La Junta siempre ha mostrado su preocupación por las consecuencias medioambientales de seguir vertiendo aguas sin depurar en el río Guadalhorce. Sin estación depuradora, se van a seguir vertiendo sin tratar al río Guadalhorce las aguas residuales de los municipios de Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre, Cártama y Torremolinos, así como parte de Málaga capital, con una población cercana a los 250.000 habitantes. Esta decisión también tiene consecuencias para la salud pública de quienes viven en el entorno del río y un perjuicio económico para la Junta de Andalucía que va a seguir pagando sanciones por la no depuración de estas aguas residuales.

La sentencia condenaba parcialmente en costas a la Junta de Andalucía y tasa dichos gastos en 6.000 euros.

La depuradora Norte dará servicio a la ampliación de Málaga capital, Alhaurín el Grande, Torremolinos, Cártama y Alhaurín de la Torre. Los cinco municipios firmaron un convenio para la gestión y explotación de esta obra, pendiente desde hace décadas. Las instalaciones serán administradas por Emasa, pero aún falta determinar la fórmula jurídica correspondiente.

En los últimos meses, las obras sufrieron también paralizaciones diversas por un incendio que quemó gran parte de la maquinaria pesada y por supuestas amenazas a trabajadores de las subcontratas.

Las empresas adjudicatarias de proyecto y obra resultaron ser Sando, Dinotec y Aquambiente. De hecho, rehicieron el proyecto y rebajaron un 30% la huella física de la depuradora y en más de 4.000 los cítricos afectados.

Marcelino Abraira , al frente del despacho de abogados gijonés que lleva la representación legal de los vecinos de la Vega de Mestanza y Lomas de Cantarranas, siempre ha alegado que no era el sitio y que era zona inundable. Por resumir mucho. Ya en noviembre del año pasado lograron la paralización cautelar de las expropiaciones. Fue una victoria pírrica porque después el TSJA desactivó la decisión y permitió que la Junta pusiera la directa de esta obra, cuantificada en 104 millones de euros y que lleva dos décadas de trámites.

El abogado valoraba en este diario la contundencia del TSJ cuando habla de la ubicación de la futura EDAR. Y relataba decenas de elementos ambientales y legales (investigaciones ambientales, aguas interiores, contaminación de suelo, gases con efecto invernadero, residuos. «Nada de esto han explicado en el expediente informativo para alegaciones, resultando al final que no habían hecho ningún estudio de impacto ambiental», apostillaba.

«En mi opinión, esta sentencia tiene un alcance más elevado que la mera paralización de las obras, porque como dice el fundamento jurídico cuarto, cuando entra a conocer del recurso viene a señalar que no es posible la ubicación de la EDAR Norte en la Vega de Mestanza por aplicación de jerarquía normativa», incidía.

«Quiero significar, que esta sentencia, tiene recurso de casación ante el Tribunal Supremo. He de decir, que en mi opinión, y así lo hare en la impugnación si recurren, esta resolución tiene muy difícil recurso. Y, en todo caso, solicitaré su inadmisión por el Tribunal Supremo por carecer de interés casacional objetivo. En todo caso, si recurre, solicitaré la ejecución provisional de la sentencia ante el TSJ en nombre de la Asociación que representa, para que suspenda la ejecución de cualquier obra entre tanto resuelva el Tribunal Supremo; sin perjuicio de todas las denuncias que hemos planteado ante diversos organismos que ya conocen», concluía a finales de junio. Así que es de esperar que vuelvan a mover ficha rápido tras el recurso autonómico.