Sareb se adjudica las viviendas de El Calvario de Torremolinos y estudiará los alquileres sociales de los vecinos caso a caso

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), finalmente, es la adjudicataria de los 29 pisos del bloque del barrio de El Calvario, en Torremolinos, donde residen un grupo de familias que se han visto envueltos en un galimatías jurídico que amenaza con dejarlos en la calle, a pesar de tener un contrato de alquiler. Estos inmuebles pasaron a ser gestionados por la sociedad, participada por el Estado, a consecuencia de la quiebra de la entidad que prestó dinero a la promotora que construyó el edificio que, a su vez, cayó en bancarrota, aunque no sin antes subarrendar las viviendas a otras mercantiles con las que, ya en tercera instancia, firmaron un contrato de alquiler los actuales moradores. Sin embargo, el juzgado no reconoce como válidos estos últimos acuerdos, al entender que el objetivo de la empresa que levantó las casas era dificultar el cobro de las deudas que había generado. Por lo tanto, su señoría decretó órdenes de desahucio para, de este modo, subastar las viviendas y hacer frente a los pagos pendientes.

En este escenario, y tras tomar los afectados conciencia de la situación, comenzaron a movilizarse para no salir de sus domicilios y buscaron la intermediación del Ayuntamiento. Este llegó a un compromiso con la Sareb para que solicitara al juzgado que paralizara la venta de los pisos, ya en marcha tras haberse subastado este lote, con el objetivo de que los inmuebles pasaran a ser propiedad de la sociedad y esta pudiera estudiar la firma de un alquiler social con las personas que allí residen, siempre que tuvieran los requisitos para ello. Los informes para acreditar esta situación de vulnerabilidad corren a cargo de los Servicios Sociales municipales. Finalmente, tal y como apuntan fuentes judiciales y confirma Sareb, la sala que entiende de este caso ha optado por paralizar la operación de remate (así se llama en términos legales esta traspaso), por lo que los inmuebles pasan a manos de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria y esta ya tiene capacidad para suscribir acuerdos con las personas que allí viven para que continúen instalados, a cambio de una cuota mensual, si de dan las condiciones socioeconómicas para ello.

El pasado 22 de abril, el Ayuntamiento de Torremolinos informó a los vecinos y vecinas inmersos en esta situación de que habían tenido conocimiento verbal, por parte de un responsable de la Sareb, de que no se iba a frenar el cambio de titular de los 29 pisos y que, al ir a parar estos a manos de un tercero, la alternativa de un alquiler social se esfumaba. Al respecto, la alcaldesa, Margarita del Cid, anunció que solicitaba una reunión con la cúpula de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Restructuración Bancaria para reclamar explicaciones.

La noticia cayó como un jarro de agua fría entre estos torremolinenses. Ante esta novedad, Sareb matizó: «Tras analizar todas las posibilidades, hemos trasladado al Ayuntamiento que vemos muy difícil desde el punto de vista jurídico que no termine produciéndose debido al punto en el que se encontraba la operación».

Desde el Ayuntamiento apuntan que, una vez que 29 de las viviendas del bloque de El Calvario ya son de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el siguiente paso es poner en marcha el protocolo que permita comprobar, de forma fehaciente, si, efectivamente, hay residentes que están en una situación de vulnerabilidad y, por lo tanto, pueden ser beneficiarios de los alquileres asequibles. En este punto es necesario, por un lado, que los Servicios Sociales del Ayuntamiento hayan elaborado el informe correspondiente y, por otro, que técnicos de la Sareb tengan acceso a esta documentación, con el visto bueno de los residentes. En los próximos días, comenzarán una serie de entrevistas individuales, en las que participarán tanto los posibles beneficiarios de los nuevos arrendamientos, como personal municipal y de la sociedad gestora de activos. A partir de ahí, podrán cerrarse los nuevos contratos de alquiler, esta vez, con todas las garantías.

Los problemas de estos ciudadanos de Torremolinos han llegado al Congreso de los Diputados, con iniciativas del PP, IU y Vox para exigir al Gobierno central que, a través de la Sareb, proporcione una alternativa habitacional a los residentes. Igualmente, ha sido objeto de debate en el pleno de la Corporación Municipal, donde todos los grupos se han puesto del lado de los afectados que, el pasado 3 de abril, llevaron sus protesta a la calle.

En paralelo, el caso de la quiebra de la promotora y el subarriendo de las viviendas, a través de sociedades interpuestas, ha llegado a manos de la Policía Nacional, que investiga si hay delito en la firma de estos contratos, puesto que los firmantes los suscribieron sin tener conocimiento de que eran consecuencia de un acuerdo anterior, que, según un auto del Juzgado número 2 de Torremolinos, solo buscaba que la entidad financiera que había concedido el préstamo para la construcción de este bloque de pisos, se quedara sin cobrar.

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