Torremolinos denuncia que la Sareb incumple el acuerdo alcanzado para brindar un alquiler social a los vecinos de El Calvario

El Ayuntamiento de Torremolinos mantuvo una reunión, este martes 22 de abril por la tarde, con vecinos y vecinas afectadas por un lanzamiento judicial en un bloque de viviendas en el barrio de El Calvario. Había una representación de los 120 afectados por un embrollo legal que comenzó cuando el juzgado decretó que sus alquileres no eran válidos, al no reconocer estos acuerdos, tras haber sido suscritos por una promotora que estaba en situación de dificultades económicas y unas sociedades explotadoras, con el objetivo, según su señoría, de complicar las posibles reclamaciones económicas.

En este escenario, tras conocer la situación, la Administración local torremolinense comenzó a buscar alternativas a los desahucios y la principal llegó cuando alcanzó un acuerdo con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), que es la titular de 31 de los pisos del residencial, a consecuencia de la quiebra de la entidad que prestó dinero a la promotora. Esta solución pasaba por la paralización del traspaso de estas viviendas para, así, mantener a los inquilinos dentro a cambio de un alquiler social. La alcaldesa, Margarita del Cid, informó a los afectados de que esta alternativa quedaba en nada, tal y como había conocido el Gobierno local, tras una comunicación verbal por parte e responsables de la Sareb. Anteriormente, ya se había frustrado también el intento de que no cambiaran de propietarios dos de estos inmuebles, que, como confirman desde la Sareb, sí dejarán de ser de si titularidad, por haber sido adquiridos en subasta por particulares.

En cuanto a los 29 restantes, por parte de la Sareb, sostienen que a fecha de hoy, «no se ha procedido al remate», así se llama la operación en términos legales. No obstante, reconocen que, conforme indica una portavoz de la entidad, «tras analizar todas las posibilidades, hemos trasladado al Ayuntamiento que vemos muy difícil desde el punto de vista jurídico que no termine produciéndose debido al punto en el que se encontraba la operación», aunque, insisten, todavía no hay nada cerrado.

Por su parte, el abogado Juan Ricardo Ruiz Rey, que representa a parte de los residentes, anuncia que presentará batalla legal para suspender lanzamientos hasta 2028. Para ello es necesario acreditar requisitos de vulnerabilidad de los inquilinos. No obstante, considera que será complejo, ya que no todos los perjudicados responden a este perfil y, además, sería preciso que el instructor del caso los considerara «deudores hipotecarios».

Desde el Gobierno municipal de Torremolinos ya anuncian que también tratarán de revertir la situación, para lo que se va a solicitar la colaboración del resto de partidos de la Corporación.

Por su parte, la Sareb, plantea, como alternativa, la firma de un convenio con el Ayuntamiento, para la cesión de viviendas que estén dentro de su parque residencial, para que la utilicen para fines sociales como alquileres o emergencia habitacional, a cambio de un pequeño canon en concepto de gastos de comunidad. Eso sí, advierten que, en Torremolinos, disponen de pocas unidades.

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