La cobertura sanitaria y el empleo, principales temores tras el ‘Brexit’

La depreciación de la libra, que encarece las importaciones y debilita el poder adquisitivo de los británicos, se erige como primer gran obstáculo del proceso. A ese menoscabo podría sumarse la implantación de aranceles o impuestos a los productos europeos, cambios legales en las solicitudes de residencia y documentos de viaje, problemas en el pago de la asistencia sanitaria y una inesperada zancadilla que podría interrumpir la lenta recuperación del mercado inmobiliario. Este escenario, que requerirá acuerdos sectoriales cuyas negociaciones resultarán clave para definir las consecuencias reales del Brexit, inquieta a los más de 50.000 británicos empadronados en Málaga, la segunda provincia española con más residentes del país insular.

La pérdida de poder adquisitivo y la presión fiscal española ya habían provocado que, en los tres años anteriores a la votación de la salida del Reino Unido, el número de británicos empadronados en la provincia disminuyera más de un treinta por ciento. Estos datos no significan que todos los residentes dados de baja hayan dejado de vivir en Málaga, ya que en muchos casos se trata de una estrategia para eludir la declaraciones de bienes impuesta en 2013 por Hacienda a los residentes extranjeros. El Brexit podría acelerar esta fuga. La alternativa, un incremento en el número de empadronados, dependerá de los requisitos de los acuerdos alcanzados en torno a los asuntos que resultan prioritarios para los británicos.

La cobertura sanitaria supone uno de los principales motivos de preocupación entre turistas y residentes procedentes del Reino Unido. Hasta ahora, el Gobierno británico se ocupa de pagar a los distintos sistemas sanitarios europeos la atención de sus ciudadanos. Como ejemplo, la sanidad española recibe unos 285 millones de euros anuales en concepto de asistencia por parte de las islas. En este punto vuelve a ponerse de manifiesto la importancia de los acuerdos que ya han comenzado a plantearse. Las negociaciones que redefinirán las relaciones con el Reino Unido son esenciales para minimizar las consecuencias o agravar la brecha. Sin convenio en materia sanitaria, el Brexit provocaría que miles de ciudadanos se enfrentaran a la imposibilidad de pagar de sus propios bolsillos la atención hospitalaria que reciben en la Costa del Sol, una situación que propiciaría el regreso masivo de residentes a su país de origen y provocaría una merma en la economía de la provincia. El otro escenario posible es la firma de un acuerdo que permita que el Gobierno británico siga asumiendo estos gastos.

También el futuro de los españoles que viven en el Reino Unido está en el aire. El empleo supone en este caso el asunto que más inquietud genera. Una posible adhesión de las islas al Espacio Económico Europeo permitiría mantener la libre circulación de trabajadores, que también sería posible mediante un convenio en torno a este asunto. Sin embargo, el escenario cambiaría de forma drástica si Londres no incluye esta libre circulación en sus futuros acuerdos. Los españoles que trabajan en el Reino Unido, así como los empleados británicos en España, necesitarían entonces visado y un permiso de trabajo.

Más que un problema abstracto de política internacional, la salida del Reino Unido de la Unión Europea supone una colección de potenciales consecuencias que influirían de forma directa en miles de residentes en la Costa del Sol y en los malagueños que viven en las islas, además de un desafío a la histórica fidelidad de los turistas británicos. Y sólo la firma de acuerdos bilaterales parece tener el antídoto contra tanta incertidumbre.