Un inocente en prisión: piden 4 años por denuncia falsa para quienes lo acusaron

Después de que Isidro demostrara su inocencia, gracias a un recurso extraordinario de revisión ante el Supremo que le abrió la puerta de la celda, el Juzgado de Instrucción número 4 de Estepona ha procesado por denuncia falsa a quienes lo acusaron de unas lesiones que él no causó. Ahora, la Fiscalía pide cuatro años de cárcel para las víctimas de la agresión, ahora investigados y acusados de mentir.

Isidro Lozano es hijo de un anticuario de Marbella. Entonces, él se dedicaba al sector inmobiliario en la empresa de su difunto suegro, Ricardo Martí, que en los sesenta fue un conocido futbolista que llegó a jugar en Primera División con el Córdoba. Isidro residía en Marbella junto a su mujer, María del Mar Martí. Era una pareja joven, sin hijos, con cierto poder adquisitivo y una vida cómoda. Les iba bien.

Su historia empieza a torcerse la mañana del 21 de junio de 2008. Isidro tuvo un primer incidente con un familiar de su esposa y con el novio de éste en una calle de la urbanización Sun Beach de Estepona. Discutieron porque, al parecer, la pareja ocupó la vivienda -según Isidro, «sin derecho»- que él y su mujer pretendían comprar.

Esa situación supuso una «fuente de problemas familiares» y originó una «animadversión» entre ellos. Y llegaron a las manos. Isidro agredió al primo de su mujer, al que causó un traumatismo leve. Él también se lastimó en el forcejeo.

Pedro y Juan -los ahora acusados por la Fiscalía- acudieron a curarse a Hospiten, en Estepona. La resolución de la Audiencia Provincial indicó que al salir del centro sanitario se dirigieron al aparcamiento para coger su coche, donde fueron abordados por los hermanos Isidro, Juan Carlos y Eduardo Lozano.

La sentencia dio credibilidad a la versión de las víctimas, que aseguraron que los tres hermanos empezaron a golpearlos y les causaron distintas lesiones. La más grave, un «traumatismo alveodentario con pérdida de masa ósea maxilar y de dos piezas dentales, fractura de huesos propios, síndrome adaptativo y rotura del menisco interno de la rodilla derecha», según la resolución de la Audiencia.

El problema es que, en la franja horaria en la que se produjo la agresión, Isidro se encontraba en la clínica de Marbella -a 20 kilómetros de Hospiten- para curarse las lesiones del primer incidente. Incluso aportó un certificado de la asistencia médica que recibió, pero los horarios recogidos erróneamente en la sentencia de la Audiencia -y una estrategia de defensa equivocada por parte de los tres hermanos- dejaron un margen de duda que desembocó en su condena.

Cuando ya no cabían más recursos, la Sección Novena ordenó la ejecución de la misma y dio 10 días a Isidro para ingresar voluntariamente en prisión junto a sus hermanos. María del Mar Martí, la verdadera esposa coraje, acudió a SUR para contar su historia, un caso complejo con sentencia firme que abocaba a su marido a una prisión.

Incluso, los tres hermanos posaron para este diario a las puertas de la Ciudad Justicia para dar voz a la versión de Isidro. «Nosotros somos culpables, pero nuestro hermano es inocente», manifestaron Juan Carlos y Eduardo, que reconocieron haber agredido a Pedro y a Juan en represalia a la pelea que tuvieron con Isidro, incluso a sabiendas de que esas declaraciones los enviarían directamente a la cárcel.

Sin embargo, todos sus esfuerzos y las súplicas de María del Mar Martí, que acudió un día tras otro a la Sección Novena para intentar convencer a los magistrados, fueron en vano. Isidro ingresó en prisión el 13 de junio de 2017 para cumplir una pena de cuatro años de prisión por un delito de lesiones.

Fuera, su mujer siguió peleando y recurrió al abogado Jordi Ventura, al que se le ocurrió presentar unas diligencias preliminares civiles para que fuese el juzgado quien exigiese a Hospiten la entrega del certificado horario del alta de los agredidos. «María del Mar e Isidro aceptaron la estrategia y conseguimos el certificado, con el que se pudo formular un segundo recurso de revisión», explicó el letrado.

En junio de 2018, una década después de que empezara su calvario, el Tribunal Supremo les dio la razón, anuló la sentencia original y concluyó: «De esa incompatibilidad horaria resulta que el condenado no pudo ser autor de los hechos que han sido tipificados en el delito de lesiones, porque al tiempo de la producción de las mismas se encontraba en las urgencias de otro hospital».

En su sentencia, el Alto Tribunal incidió en la excepcionalidad del recurso, ya que se trata de un «procedimiento extraordinario para rescindir sentencias firmes» e implica «la inculpabilidad de aquellas personas que han sido condenadas con notoria equivocación objetiva». Aunque la Fiscalía pidió que se desestimara, el Supremo determinó que a la luz de los certificados horarios de los hospitales Isidro «no pudo estar en el aparcamiento donde se desarrollaron los hechos de la segunda agresión».

Isidro permaneció entre rejas 352 días en los que pensó en suicidarse hasta en dos ocasiones. A las 18.30 horas del 31 de mayo, escuchó por megafonía: «Lozano Fernández, Isidro. Agente judicial». Los presos del módulo 10 empezaron a gritar «¡libertad!» y a abrazar al compañero que llevaba un año repitiendo mañana, tarde y noche que era inocente. Isidro los miró incrédulo y preguntó a qué se debía esa algarabía. «Cuando el agente judicial viene por las mañanas, trae malas noticias. Pero si viene por la tarde es para comunicar una libertad», le explicó otro recluso.

A partir de ahí, Isidro Lozano inició una larga lucha -que aún no ha terminado- para demostrar que la Justicia se equivocó y reclamar una compensación por el daño causado. De momento, la Audiencia Nacional le ha concedido 3.000 euros de los 900.000 que solicitaba, ya que estimó sólo parcialmente su demanda.

En paralelo, sigue avanzando la causa contra quienes, al parecer, lo acusaron falsamente. La Fiscalía indica que, según el informe forense, el paso por la cárcel ha dejado a Isidro un trastorno de estrés postraumático, presentando secuelas en grado moderado derivadas de la cronificación de dicho trastorno. La traducción práctica es que vive en una finca en mitad de la nada en la provincia de Granada, el único lugar donde encuentra la paz, pero asegura que sigue soñando con la celda.

El Ministerio Público cifra el perjuicio económico -provocado por los acusados a Isidro Lozano- en 28.611 euros derivados del procedimiento judicial en su contra en concepto de responsabilidad civil y los gastos de su defensa, así como 10.000 euros más por los daños morales causados. Aún no hay fecha para el juicio.