Carolina España: «Si Cataluña tiene un millón de habitantes menos que Andalucía, ¿por qué tiene más inversión del Gobierno?»

La consejera malagueña ha criticado con fiereza la política presupuestaria del Gobierno central y ha deslizado los planes de la Junta de llevar al Tribunal Constitucional el impuesto a las grandes fortunas planteado por el Ejecutivo. Así, España ha desglosado numerosas cifras para armar su crítica al Gobierno. Por ejemplo, la consejera ha explicado que Málaga recibe 133 euros por habitante, mientras que los malagueños ya han abonado hasta agosto de este año 1.729 euros por habitante en impuestos. Por eso, para España el Gobierno central ha presentado unos presupuestos «que discriminan a Andalucía por varios motivos». De ellos, España ha puesto el foco en la distribución de los fondos europeos 'Next Generation' en los que Andalucía recibirá 365 euros por habitante, mientras que Baleares y La Rioja recibirán más de 600 euros por habitante. Y, al cabo, ha rematado: «Si Cataluña tiene un millón de habitantes menos que Andalucía, ¿por qué tiene más inversión del Gobierno?».

«Andalucía está infrafinanciada», ha esgrimido la consejera, que ha puesto otro ejemplo en los planes de empleo en función de la población desempleada, de los que Canarias recibe diez veces más financiación que Andalucía o Extremadura, cinco veces más, según el argumento compartido este lunes por la consejera. En esta línea, España ha calificado como «un ataque de soberbia» de la ministra de Hacienda María Jesús Montero, el anuncio del Gobierno de crear un impuesto para grandes fortunas, justo después de que la Junta anunciara la bonificación total del Impuesto de Patrimonio.

«El impuesto de las grandes fortunas es para fastidiar a Andalucía, porque hemos eliminado el impuesto de patrimonio para atraer grandes fortunas y empresas», ha sostenido España, para quien «el propio anuncio del impuesto frena la inversión». Y acto seguido, la consejera ha deslizado que la Junta de Andalucía recurrirá «casi al 99%» este nuevo impuesto ante el Tribunal Constitucional al considerarlo «una invasión total» de las competencias autonómicas en materia fiscal.

En esa línea de repaso a la política fiscal estatal, España también ha denunciado que «más de 8.000 familias todos los años tenían que renunciar a sus herencias», al tiempo que ha defendido: «Lo importante es bajar los impuestos para que haya más dinero en el bolsillo de los ciudadanos para que puedan afrontar mejor una situación de inflación y de crisis económica». Por eso, España ha enarbolado los «más de 900 millones de euros en el bolsillo de los ciudadanos» que dejará según sus cálculos las medidas aprobadas por el Gobierno regional como la deflactación de las tres primeras escalas del tramo andaluz del IRPF, la bonificación total del impuesto de patrimonio o la deducción del 15% del IRPF en las actividades extraescolares vinculadas con la formación tecnológica y en idiomas.

En cuanto a la política salarial y la posibilidad de establecer un pacto de rentas, la consejera ha preferido no mojarse sobre la idoneidad o no de incrementar las nóminas de los asalariados, más allá de las subidas previstas para funcionarios y pensionistas. Eso sí, España ha criticado el anuncio del Gobierno de incrementar un 1,5% este año y un 2,5% para 2023, el sueldo de los empleados públicos, algo que ha calificado como «una barbaridad» cuando quedan apenas dos meses para que finalice el año.

Por eso, España ha defendido que el Ejecutivo central tiene mecanismos para amortiguar el impacto de la inflación y la crisis en las cuentas de las familias y las empresas: «Entre enero y agosto se han recaudado 27.000 millones de euros más que el año anterior, ¿por qué no devuelve parte de esos 27.0000 millones, bajando el IVA de los productos básicos de la compra, deflactando el IRPF o modificando la tabla de retenciones mes a mes, algo que notarían los asalariados?».

Preguntas retóricas que llevan consigo la crítica, a la espera de respuesta.