El Gobierno asumió por decreto construir el puente en la Azucarera que ahora elude

Sin embargo, esta contestación se contradice de forma manifiesta con un documento que el mismo Ejecutivo central aprobó en enero de este mismo año. Se trata del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, entre las que se encuentra la del Guadalhorce. Un real decreto del 15 de enero pasado dio luz verde a este plan, que fue elaborado y tramitado previamente por la Junta de Andalucía para dar cumplimiento a la normativa europea en materia de medidas para paliar los riesgos de inundaciones.

El documento, que se encuentra colgado en la web de la Consejería de Medio Ambiente, organismo al que el Gobierno encomendó la labor de darle difusión, señala una serie de medidas estructurales para reducir el riesgo de inundación en las diferentes cuencas que analiza y, entre esta actuaciones, señala expresamente la de Adecuación del curso bajo del río Guadalhorce. Sustitución del puente sobre la antigua N-340 y ampliación de la capacidad del encauzamiento existente. Según el cuadrante que forma parte de la definición de estas medidas correctoras, la «administración responsable» de llevar a cabo este reemplazamiento del puente por uno nuevo es la «Administración general del Estado», lo que contrasta con el contenido de la respuesta a los diputados socialistas Miguel Ángel Heredia y Begoña Tundidor.

Es más, según se detalla en esta parte del plan de gestión del riesgo de inundación para el Guadalhorce, esta obra debería haber empezado en enero de este año para finalizarse en diciembre del año 2021, ya que se considera una de las prioritarias para reducir el peligro de avenidas como la del pasado domingo. Así, según el contenido de este documento refrendado por el Gobierno central, él es el responsable de acometer no solo la sustitución del puente que dejó sin hacer hace 15 años la extinta Confederación Hidrográfica del Sur, sino de prolongar el encauzamiento de la desembocadura del Guadalhorce hacia el norte. El coste de la actuación está valorado en unos 60 millones de euros.

Valoraciones

A este plan se agarra el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, para reiterar que la construcción del puente no es una competencia municipal y advirtió ayer de que llevará a los tribunales al Gobierno y a la Junta de Andalucía que tiene transferidas las competencias en materia hidráulica, si no ejecutan este proyecto en la zona de la Azucarera.

«Si nos reclaman a a nosotros (la ejecución) nos veremos en los tribunales y si no lo hace llevaré a quien sea a los tribunales, a las dos administraciones, a la que tenía las competencias y quien las recibe y no lo ha hecho; más claro el agua», afirmó De la Torre en una comparecencia junto al líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, con el que mantuvo una reunión de trabajo.

Sobre la contestación dada por el Gobierno a los diputados socialistas en una respuesta parlamentaria, el regidor dijo: «Quien redactó esa respuesta estaba despistado, por no decir que tuviera alguna otra intención torticera; no estuvo acertado».

Por su parte, Miguel Ángel Heredia tendió la mano a Francisco de la Torre para «ir juntos» a Madrid a exigir al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la construcción de este puente sobre el río Guadalhorce «con la mayor brevedad» porque es un actuación «importante» para Málaga y es necesario unir esfuerzos.

«Le tiendo la mano para que los dos, él como alcalde y yo como secretario general del PSOE y diputado nacional vayamos juntos al Congreso a pedirle a Rajoy que lleva a cabo la realización de este puente porque es bueno para la ciudad. Si son actuaciones declaradas de interés nacional es al Gobierno de la nación a quien le corresponde llevar a cabo inversiones de estas características», subrayó.

El presidente de la Asociación de Polígonos de Málaga, Sergio Cuberos, mostró a SURsu malestar por la situación política generada en torno al proyecto del puente de la Azucarera. «No podemos consentir que las administraciones públicas estén jugando de esta forma con nuestros empresarios y con miles de puestos de trabajo», afirmó Cuberos, quien calificó de «aberración» que el Gobierno diga ahora que el puente compete al Ayuntamiento.