Los trabajadores del CIOMijas presentarán una querella criminal contra cargos de la Junta

Según el abogado Jordi Ventura, encargado de elaborar el documento, estos supuestos delitos contra los trabajadores se refieren a la «falta de salubridad» en sus puestos de trabajo, «ausencia de seguridad en unas instalaciones que tienen más de 30.000 metros cuadrados» y el citado impago de los sueldos. A juicio de Ventura, hay «mala fe» por parte de la Junta de Andalucía, ya que no hay una situación puntual de falta de liquidez, ya que se trata de una administración pública «y no se puede desatender a los trabajadores». Además, el letrado apunta a que en los últimos presupuestos del Gobierno regional se aprobó una partida para pagar unas nóminas. «El presupuesto es ley, y por tanto se tendría que haber cumplido», sostiene.

Por último, Jordi Ventura hace referencia a un ofrecimiento del Ayuntamiento de Mijas para adelantar el 80 por ciento que le correspondería a la Junta de estas nóminas, un extremo al que se opusieron. «Ni por esas», afirma.

En cuanto a los destinatarios de la querella criminal que será además presentada en una rueda de prensa, Ventura se refiere al actual delegado de Empleo, Mariano Ruiz, así como el director general de Formación Profesional para el Empleo, Manuel García.

Asimismo, la querella hace referencia a todos los cargos públicos relacionados con el CIOMijas desde noviembre de 2014 (cuando se pagó la última nómina), por lo que estarían afectados, entre otros, la actual delegada de Educación, Patricia Alba, y el exdirector general de Formación para el Empleo, Carlos Cañavate, tal como desgranó el propio Jordi Ventura en conversaciones con SUR.

Con la querella a punto de presentarse, una de las trabajadoras recibió ayer una sentencia del Juzgado de lo Social de Málaga número 6 en la que vuelven a darle la razón y condenan al Ayuntamiento de Mijas (20 por ciento) y la Junta de Andalucía (80 por ciento) a pagar de forma subsidiaria una parte de las nóminas atrasadas.

En concreto, la cantidad que se le adeuda corresponde a un segundo periodo de nóminas impagadas y asciende a poco más de 12.000 euros. La citada sentencia se suma a una anterior adelantada por SUR, correspondiente a la misma trabajadora, en la que el TSJAse pronunció de igual manera, derivando la responsabilidad del pago a las administraciones que ostentan los porcentajes del consorcio del CIO y obligándoles a pagar casi 6.000 euros más lo intereses.

De hecho, el juicio por esta segunda parte de las nóminas impagadas se celebró el pasado 29 de marzo, mientras que la sentencia se hizo efectiva tan solo un día después. El pronunciamiento del alto tribunal andaluz parece haber sido clave en este proceso, similar en el caso de los otros cuatro trabajadores del CIOMijas, que cada seis meses presentan nuevas demandas para evitar que prescriban los incumplimientos salariales.

La trabajadora volvió a mostrar su «alegría» por esta decisión, aunque como ya hiciera en su momento exigió que la sentencia se cumpla lo antes posible, aunque se mostró «resignada» a tener que seguir esperando.