Diario Sur

El Ayuntamiento ofrece comprar el edificio del CIOMijas por nueve millones

Maldonado y Martínez, en la concentración de los trabajadores el pasado martes.
Maldonado y Martínez, en la concentración de los trabajadores el pasado martes.
  • La decisión sobre ésta y otras ofertas presentadas en el Consejo Rector se tomará en posteriores reuniones tras la Semana Santa

El futuro del CIOMijas, la liquidación del consorcio y, muy especialmente, el pago de las 31 nóminas atrasadas a los trabajadores del que fuera uno de los centros de formación de referencia de la Junta de Andalucía en Málaga, parece que aún está lejos de aclararse, aunque ya existen algunas ofertas sobre la mesa de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Mijas, propietarios de dicho consorcio a un 80 y 20 por ciento respectivamente.

Tal como ha podido saber este periódico, la reunión del Consejo Rector celebrada esta pasado jueves trajo consigo varias propuestas en ambos sentidos. Una de las principales es la oferta por parte del Consistorio mijeño para comprar el edificio del CIOMijas (propiedad de la Junta) por un precio estimado de algo más de nueve millones de euros. Teniendo en cuenta que el terreno ya es de titularidad municipal, esta adquisición permitiría al Ayuntamiento gestionar el CIOMijas y así poder liquidar el consorcio, lo que eventualmente permitiría que se pagaran las nóminas atrasadas a los trabajadores.

Sin embargo, fuentes consultadas que estuvieron presentes en la reunión señalan que, aunque se estudiará la propuesta, ésta de momento parece inviable debido a que podría «distorsionar» el proceso de liquidación. En concreto, se referían a un decreto de la Junta referido a la cuestión del balance entre activos y pasivos, lo que definen como un «infierno administrativo y burocrático» que parece alejar esta oferta de ser finalmente la elegida.

Asimismo, y según estas mismas fuentes, los ayuntamientos no tienen la competencias en formación, por lo que también habría que estudiar si esta opción de que el Consistorio gestionase el CIOMijassería o no viable.

En cuanto al resto de propuestas, éstas no han trascendido en su totalidad, aunque se barajó el caso contrario, que sea el Ayuntamiento de Mijas el que ceda el terreno a la Junta para poder completar la liquidación. El problema, en esta caso, es que el valor catastral de esta finca asciende a 20 millones de euros, un patrimonio al que el organismo municipal no puede renunciar tan fácilmente.

Llegar a una solución

Fuentes de la Junta de Andalucía consultadas por SUR reconocieron que, efectivamente, la compra del edificio había sido una de las propuestas sobre las que se habló en la reunión del Consejo Rector, pero evitaron reconocer si se había rechazado del todo. Al respecto, dichas fuentes regionales insistieron en que se había discutido sobre una serie amplia de ofertas –de las cuales no se había descartado a priori ninguna de ellas–, y que tanto el ente andaluz como el Consistorio se habían emplazado a después de la Semana Santa para seguir debatiendo sobre este asunto y tomar una decisión al respecto. Tanto el alcalde de Mijas, presente en la reunión, como los representantes de la Junta reconocieron que se habían «dado pasos», y destacaron el buen ambiente del encuentro y la «necesidad» de llegar lo más pronto posible a una solución.

Pese que estos supuestos y tímidos avances que reconocen ambas partes, la realidad de los cinco trabajadores del CIO es cada vez peor. Con este mes, ya suman 31 nóminas sin cobrar; en concreto desde noviembre de 2014.

La semana pasada SUR adelantó una sentencia dictada por el TSJA en la que da la razón a una de las trabajadoras del centro de formación, obligando a la Junta y el Ayuntamiento, de manera subsidiaria, a hacer frente a los pagos de una parte de las nóminas atrasadas. Esta trabajadora exigió que dicha sentencia se ejecute lo antes posible, aunque se mostró «resignada» por la situación. «Mi abogado no me ha dado ninguna fecha posible para el cobro; tenemos que esperar 10 días a ver si alguna de las dos administraciones recurre la sentencia, y después pedir que se ejecute, pero el proceso puede ser lento y no quiero hacerme ilusiones», señaló tras conocer la resolución judicial.

En cuanto al resto de sus compañeros, que tienen interpuestas sentencias similares, esta trabajadora se mostró «convencida» de que también acabarán por cobrar lo que se les adeuda. «Pero claro, ¿a qué precio?» se preguntó, cuyo mayor temor es que después de este proceso pierdan además su trabajo y no se les incluya en el SAE. «Yo tengo la suerte, en estos últimos meses, de que mi marido tiene un trabajo y de que mi familia nos está ayudando, pero si no habría perdido la casa. Hasta hace poco tenía que pedir dinero para dar de comer a mi hija», afirmó esta empleada.

Temas

Recibe nuestras newsletters en tu email

Apúntate