El alcalde de Nerja señala al interventor en la decisión de contratar el plan de limpieza que investiga el juzgado

Según consta en un documento en el que se ha transcrito su declaración, al que ha tenido acceso SUR, el regidor nerjeño ha explicado ante la jueza que los concejales de Playas y Servicios Municipales le plantearon que tenían que contratar personal para la temporada estival, pero que la bolsa «había caducado por la inactividad del anterior gobierno», por lo que se les planteaba «el problema de prestar los servicios». Armijo ha continuado argumentando que mantuvo entonces una reunión con el interventor y los ediles para «explorar alternativas para la solución del problema».

Lo primero fue «hacer lo que hacía el anterior gobierno, contratación verbal, pero el interventor les comentó que esa fórmula era irregular, por lo que se aparcó». «Otra fórmula era hacer una contratación por emergencias, que era buscar una empresa que prestara el servicio hasta que tuvieran la nueva bolsa, pero el interventor también dijo que era irregular». Después exploraron atender «al procedimiento ordinario, pero atendiendo a los plazos, se iban a mes de noviembre, y eso hubiera significado que de junio a noviembre no se podría haber atendido el servicio«.

Armijo ha admitido que tuvieron que prorrogar el servicio, adjudicado a la empresa FCC, inicialmente, por un importe de 269.000 euros. «Fue una decisión política excepcional por la urgencia», ha declarado. «Uno de los denunciantes, José Juan Aído (portavoz de Adelante Nerja-Maro), conocía perfectamente lo que estaba sucediendo«. »Le advertí a este señor, por los diferentes encargados de servicios, que la bolsa iba a caducar, pero no hizo nada al respecto«, ha manifestado.

La demanda del concejal no adscrito, José García, se produjo el pasado diciembre por los supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, al entender este edil que no se había realizado el procedimiento conforme a la ley, al tramitarse como un contrato menor, a pesar de superarse el umbral máximo establecido para esta figura, que para contratos de suministro o de servicios es de 15.000 euros. La demanda detallaba que posteriormente se prorrogó el contrato con la adjudicataria por un plazo de un mes y medio más y un importe de más de 410.000 euros y que al finalizar este periodo se produjo otra ampliación del contrato por mes y medio más, hasta el 15 de noviembre, en esta ocasión por algo más de 366.000 euros. En total, se abonaron 1.046.358,28 euros a FCC.

Estos pagos contaron con informes de reparo del interventor, Emilio González, que fueron levantados en los plenos municipales con los votos favorables PP, Cs y Vox, con el rechazo de PSOE, Adelante Nerja-Maro y el edil no adscrito. El funcionario declaró como testigo en el juzgado torroxeño el pasado octubre, manifestando que «sí transmitió su dictamen oralmente al alcalde y a la concejala delegada, pero que no lo recordaba bien, porque es algo muy corriente y que se hace mucho, pero que todo el mundo ha tenido conocimiento de dicho informe porque fue incorporado al expediente«.

«Aunque fuera declarado por el decreto del alcalde como urgente, la presunta urgencia sólo tiene efectos como marca la ley, de reducir los plazos a la mitad, pero que la tramitación debe ser la misma, y los trámites legales no se han cumplido«, manifestó el interventor, según consta en un documento que recopiló su testimonio como testigo en estas diligencias previas, al que también ha tenido acceso SUR.

«Se ha seguido como si fuera un contrato menor, no siéndolo, conforme a lo que ya manifestó en su informe. Es cierto que tiene cobertura presupuestaria y que se presupuestó por varios empresas, pero no se hizo en el concepto del procedimiento adecuado«, apostilló. »De las prestaciones sucesivas, se acreditaron y se sometieron al pleno y se aprobaron«, finalizó. Por su parte, García ha explicado que la jueza les ha dado un plazo de tres días para aclarar qué tipo de acusación quieren ejercer, si particular o popular.