El edil no adscrito de Nerja lleva al juzgado el plan de limpieza municipal puesto en marcha por el PP en 2019

La querella da continuidad a las acciones que el grupo político Unidos por el Pueblo de Nerja (Upner), del que García era portavoz, ya inició en su momento por la vía contencioso-administrativa y que derivaron en la anulación este pasado verano del decreto de adjudicación, pese a lo cual el concejal anunció que seguiría adelante para esclarecer las posibles irregularidades cometidas.

En su demanda, el ahora edil no adscrito solicita al Juzgado de Torrox, donde ha sido interpuesta la querella, el inicio de los procedimientos necesarios para determinar si en el mencionado proceso de adjudicación pudieron cometerse por parte de los responsables municipales presuntos delitos de prevaricación y malversación. Según recoge el escrito, este servicio se adjudicó en julio de 2019 como contrato menor por un periodo de un mes y un importe de más de 269.000 euros, pese a existir un informe de disconformidad del interventor municipal al superarse el umbral máximo establecido para esta figura, que para contratos de suministro o de servicios es de 15.000 euros.

La demanda detalla que posteriormente se prorrogó el contrato con la adjudicataria por un plazo de mes y medio más y un importe de más de 410.000 euros y que al finalizar este periodo se produjo otra ampliación del contrato por mes y medio más, hasta el 15 de noviembre, en esta ocasión por algo más de 366.000 euros. «Por tanto, a los querellados no les basta con proceder a la contratación de unos servicios infringiendo toda la tramitación correspondiente del sector, sino que además, contraviniendo la misma normativa, proceden a su prórroga de tal manera que instrumentalizan la figura del contrato menor para contratar unos servicios por importe de 1.046.358,28 euros«, señala la querella.

Además de la presunta tramitación irregular y del coste final para las arcas públicas, la querella también destaca el hecho de que con esta forma de proceder «se ha vulnerado el derecho de las restantes empresas a participar» en el procedimiento y, por tanto, a optar a la adjudicación de dichos contratos. El querellante entiende que los hechos expuestos pueden ser constitutivos de presuntos delitos de prevaricación y malversación, por lo que solicita al juzgado que inicie las acciones oportunas, entre ellas la toma de declaración a los querellados, y que como medida cautelar imponga una fianza no inferior al coste total de la adjudicación.

El gobierno del PP viene defendiendo en este último año que el procedimiento se realizó por urgencia debido a «razones de salubridad», por la suciedad acumulada en las calles, justo cuando comenzaba una nueva temporada veraniega, tras la legislatura anterior, con un gobierno tripartito en minoría, de PSOE, IU y EVA-Podemos. Los reparos del interventor para el pago de las facturas a FCC fueron levantados en los plenos municipales.