El Juzgado de Torrox abre diligencias para esclarecer la adjudicación de un plan especial de limpieza estival en Nerja

En un auto, al que ha tenido acceso este periódico, la jueza señala que, según las actuaciones practicadas hasta el momento, los hechos «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal» y puntualiza que, «no estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido», procede instruir diligencias previas «y practicar aquellas esenciales« para determinarlo.

La querella presentada por este edil dio continuidad a las acciones que el grupo Unidos por el Pueblo de Nerja (Upner), del que García era portavoz, inició en su momento por vía contencioso-administrativa y que derivaron en la anulación este verano del decreto de adjudicación tras un recurso de reposición del PSOE, y a la condena en costas al Consistorio, por valor de hasta 1.500 euros, pese a lo cual el concejal anunció que seguiría adelante para esclarecer las posibles irregularidades cometidas.

En su demanda, el ahora edil no adscrito solicitaba al juzgado el inicio de los procedimientos necesarios para determinar si en el mencionado proceso de adjudicación pudieron cometerse por parte de los responsables municipales presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Según recogía el escrito, este servicio se adjudicó en julio de 2019 como contrato menor por un periodo de un mes y un importe de más de 269.000 euros, pese a existir un informe de disconformidad del interventor municipal al superarse el umbral máximo establecido para esta figura, que para contratos de suministro o de servicios es de 15.000 euros. La demanda detallaba que posteriormente se prorrogó el contrato con la adjudicataria por un plazo de mes y medio más y un importe de más de 410.000 euros y que al finalizar este periodo se produjo otra ampliación del contrato por mes y medio más, hasta el 15 de noviembre, en esta ocasión por algo más de 366.000 euros.

«Por tanto, a los querellados no les basta con proceder a la contratación de unos servicios infringiendo toda la tramitación correspondiente del sector, sino que además, contraviniendo la misma normativa, proceden a su prórroga de tal manera que instrumentalizan la figura del contrato menor para contratar unos servicios por importe de 1.046.358,28 euros», señalaba la querella. Además de la presunta tramitación irregular y del coste final para las arcas públicas, la querella también destacaba el hecho de que con esta forma de proceder «se ha vulnerado el derecho de las restantes empresas a participar» en el procedimiento y, por tanto, a optar a la adjudicación de dichos contratos.

El gobierno del PP viene defendiendo en este último año que el procedimiento se realizó por urgencia debido a «razones de salubridad», por la suciedad acumulada en las calles, justo cuando comenzaba una nueva temporada veraniega, tras la legislatura anterior, con un gobierno tripartito en minoría, de PSOE, IU y EVA-Podemos. Los reparos del interventor para el pago de las facturas a FCC fueron levantados en los plenos municipales con los votos favorables PP, Cs y Vox, con el rechazo de PSOE, Adelante Nerja-Maro y el edil no adscrito.