¿Quién se hace cargo del polvorín del gas de la risa en Alhaurín el Grande? Por ahora... nadie

El caso está lleno de matices. El óxido nitroso es un gas con propiedades anestésicas, analgésicas y disociativas, incoloro, casi inodoro y con un ligero sabor dulce. De un tiempo a esta parte, su uso lúdico se ha disparado en zonas de ocio, donde se consume en forma de globo. Los jóvenes no tienen una percepción de riesgo, aunque sus efectos pueden implicar desde desmayos hasta paradas respiratorias. La ingesta continuada puede dañar la médula espinal y llegar a provocar la muerte.

Conscientes del peligro, los cuerpos policiales realizan ya operativos específicos para combatir su distribución. Un informe elaborado en el marco del Plan Nacional sobre Drogas y publicado en la página web del Ministerio de Sanidad lo considera «una droga de moda en Europa, barata y popular entre los jóvenes». Han leído bien: droga.

El problema es que el óxido nitroso, por su uso médico y en repostería, no está incluido en la lista de estupefacientes sometidos a fiscalización internacional, salvo que por su presentación se aprecie claramente que su destino es lúdico. Y de ahí, precisamente, nace la controversia sobre quién debe hacerse cargo del alijo de Alhaurín el Grande.

Tras la incautación de marzo del año pasado, los 21.302 litros de gas quedaron depositados en la nave del polígono alquilada por los traficantes a Francisco Ramírez, un tercero de buena fe que sigue pagando los gastos corrientes del almacén, pero que no puede hacer uso de él desde hace 15 meses. La mercancía está precintada y las llaves las controla la Policía Judicial de la Guardia Civil, que instaló cámaras de seguridad. Desde entonces, lo han asaltado cinco veces, la última esta misma semana, como adelantó Diario SUR.

En junio de 2024, la comisión provincial de coordinación de la Policía Judicial de Málaga y Melilla, integrada por los máximos responsables de las Fuerzas de Seguridad del Estado y de la judicatura, pidió que se agilizara la destrucción del alijo de óxido nitroso, conscientes del riesgo de seguridad y medioambiental que supone almacenarlo en una nave en mitad de un polígono que no dispone de vigilancia física.

Desde 2018, no es necesario almacenar el alijo entero hasta que se celebre el juicio, como se solía hacer antes, lo que daba lugar a serios problemas, por ejemplo, con las plantaciones de marihuana. Tras una mesa de trabajo, el Gobierno confeccionó la II Guía práctica de actuación sobre la aprehensión, análisis, custodia y destrucción de drogas tóxicas, publicada también en la página web del Ministerio de Sanidad, que permite eliminar la mercancía conservando una muestra que se considere suficientemente representativa del alijo, lo que alivió la presión de los depósitos, además del riesgo de robo.

En consecuencia, el Juzgado de Instrucción número 1 de Coín, que es el que se hizo cargo de la investigación, dictó un auto en julio de 2024 -hace ya 11 meses- por el que autorizaba la destrucción de las botellas de óxido nitroso tras un informe del Consorcio de Bomberos que alertaba de su peligrosidad. Con la resolución del juez en la mano, la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil recurrió, como en todos los casos de estupefacientes intervenidos, al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), que depende del Ministerio del Interior.

Según ha podido saber SUR, la respuesta del CITCO fue que la mercancía no podía ser trasladada a los crematorios que ostentan las concesiones para su eliminación porque no están preparados para procesar óxido nitroso, por lo que se aconsejaba su reutilización o destrucción por una empresa especializada, que facilitó un presupuesto. Si se optaba por reutilizar el gas, el coste ascendía a 200.000 euros. Si se decidían por eliminarlo, se disparaba hasta los 700.000 euros.

El asunto es quién paga la fiesta. Para entender la carestía, los hornos crematorios con los que trabaja el Gobierno cobran unos 1.000 euros por tonelada de droga destruida. Es decir, si en vez de óxido nitroso, se tratara de 21.000 kilos de hachís, el coste de su eliminación rondaría los 21.000 euros. El gas de la risa, si se opta por la reutilización, sale por 10 veces más. Un dato: en agosto del año pasado, la Fiscalía de Málaga emitió un oficio en el que no se oponía al reciclaje, que es la alternativa más barata.

Al finales de 2024, el CITCO, que es quien coordina la destrucción de la droga, respondió al juzgado que no podía asumir el presupuesto por su elevado coste. Al año se eliminan en España unas 500 toneladas de sustancias estupefacientes intervenidas por las Fuerzas de Seguridad y el Servicio de Vigilancia Aduanera. A 1.000 euros la tonelada, unos 500.000 euros, bastante menos de lo que costaría destruir los 21.302 litros de óxido nitroso.

Desde el juzgado de Coín se han puesto en contacto con todas las administraciones posibles. En concreto, a la Subdelegación del Gobierno en Málaga, al Ministerio de Justicia, al de Presidencia, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Organismo de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) y, por último, al Ministerio de Industria, que ha respondido que su departamento ha creado protocolos específicos para el almacenamiento de productos químicos, pero que no son responsables ni competentes en su destrucción.

Industria recomienda acudir al Ministerio de Sanidad -al tener el óxido nitroso un uso médico-, al de Transición Ecológica, por el riesgo medioambiental del producto, o en última instancia, a la Junta de Andalucía al estar transferidas las competencias de Justicia al Gobierno autonómico.

Una respuesta similar ha obtenido el juzgado en el Ministerio de Transición Ecológica, que ha resuelto mediante otro oficio que para procesar el óxido nitroso hay que recurrir a una empresa especializada en gestión de residuos, por lo que les recomiendan acudir a la Junta de Andalucía al ser la que mejor conoce las que operan en la región.

Mediante una providencia dictada el pasado mes de mayo, el juez ofició a las consejerías de Justicia y Sostenibilidad y Medio Ambiente pidiéndoles que «dispongan lo necesario» para la destrucción del alijo de óxido nitroso. Aunque la Junta aún no ha respondido oficialmente a la providencia, sí lo ha hecho a este periódico, que trasladó la consulta este mismo viernes: «La droga y todas las sustancias estupefacientes no las destruimos nosotros, sino el Gobierno. La competencia no es nuestra, es estatal. Hay una guía de actuación para estos temas y un protocolo firmado entre Interior, Hacienda, CGPJ y Fiscalía».

En resumen, a la pregunta de quién se hace cargo del polvorín de gas de la risa en Alhaurín el Grande, la respuesta es: por ahora, nadie.