La historia tras la redada en la calle Larios

Todo comenzó en septiembre de 2021, cuando agentes del Equipo contra la Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la comandancia de Algeciras detectaron a un grupo de personas que pretendían introducir una gran cantidad de cocaína oculta en un contenedor a través del puerto de la ciudad gaditana.

La información se confirmó en enero de 2022, cuando se incautaron de dos toneladas de cocaína en Algeciras que habían llegado ocultas en un contenedor procedente de Guayaquil (Ecuador) que transportaba merluza congelada. Gracias a esta intervención, los agentes pudieron demostrar que los responsables de la droga eran supuestamente los integrantes de una organización que estaba siendo investigada: el clan de los Farruku.

El grupo de narcos, liderado por ciudadanos albaneses y asentado en Madrid y la Costa del Sol, está considerado uno de los más activos de toda Europa. Los números hablan por sí solos de su envergadura: en el transcurso de la operación, los investigadores han decomisado, en diferentes intervenciones, 10.000 kilos de cocaína y otros 10.000 de hachís que atribuyen a este grupo de albaneses.

La redada contra este clan se simultaneó el miércoles en cinco provincias españolas. Los agentes del EDOA coordinaron un operativo que se saldó con 17 detenidos en Málaga, Cádiz, Madrid, Barcelona y Toledo, a los que hay que sumar otros 20 investigados por toda España. Hasta el momento se ha embargado 25 vehículos y 22 fincas inmuebles con un valor aproximado de más de 4,2 millones de euros.

Los investigadores no sólo se han centrado en desarticular el clan, con el arresto de sus principales responsables, sino también su infraestructura societaria y logística para mover la droga, ocultarla y lavar el dinero negro obtenido en el negocio. Ahí es donde supuestamente entraba en juego el abogado detenido en Málaga, al que se investiga por blanqueo, según fuentes cercanas al caso.

Tras la incautación en el puerto de Algeciras, los investigadores del EDOA iniciaron un laborioso trabajo para identificar y localizar a los miembros de la organización, así como determinar cuál era su posición en la estructura jerárquica. En ese proceso, lograron relacionar al clan con otros alijos de cocaína que habían sido interceptados desde 2021 en Italia, Bélgica, Grecia, Portugal, Países Bajos o España.

En total, los agentes les atribuyen casi 10.000 kilos de cocaína incautados -con 39 detenidos por toda Europa- en los dos últimos años, arrestos que se sumarían a los realizados esta semana. A estos números hay que sumar otros 10.000 Kilos de hachís incautados en Portugal, que no estaban destinadas a ser distribuidas como es habitual, ya que el objetivo era sustituir cada kilo de hachís procedente de Marruecos por un kilo de cocaína en Sudamérica, según el Instituto Armado.

Esta práctica, poco habitual y conocida como kilo-kilo, es propia de potentes organizaciones criminales que tienen la suficiente infraestructura para mover grandes cantidades de droga entre Sudamérica y Europa. Se trata de un negocio perfecto, en el que dos organizaciones acuerdan cambiar hachís por cocaína, aprovechándose mutuamente del bajo precio de cada producto en origen (el hachís en Europa y la cocaína en Sudamérica) y del elevado precio de venta en destino.

Para la Guardia Civil, la principal fortaleza del clan de los Farruku era precisamente la gran capacidad logística que tenían para realizar estas operaciones por todo el mundo gracias a una potente red de contactos. Durante la investigación, los agentes han confirmado reuniones entre los principales dirigentes de esta organización con importantes miembros de la mafia calabresa.

«Sin embargo, estas alianzas no siempre han reportado resultados positivos», advierten desde el Instituto Armado. Al día siguiente de la incautación de las dos toneladas de cocaína en Algeciras, un miembro de la organización fue asesinado mientras cenaba en un restaurante de Guayaquil, ciudad desde donde partió la mercancía con la droga. Dos individuos lo mataron a tiros. Según la pesquisas policiales, el crimen estaría directamente relacionado con la pérdida del alijo, ya que la víctima habría actuado como intermediaria.

Los jefes de este clan disponían de pasaportes falsos de diferentes países europeos, especialmente italianos y griegos, los cuales les proporcionaban numerosas identidades ficticias que dificultaban la labor de investigación. Sólo al supuesto cabecilla de la banda, conocido como 'Niko', se le ha detectado más de diez identidades falsas, alguna de ellas muy llamativa.

Al parecer, el líder del clan se hacía pasar en su país por inspector de policía con competencias en investigación dentro de toda la Unión Europea. La tarjeta y la placa policial han sido intervenidas en un registro realizado en Madrid. También se han hallado fotos donde este mismo individuo se movía por España con un uniforme de la Guardia Civil, lo que evitaba que se le parara para identificarlo en un control.

La instrucción ha recaído en el Juzgado número 4 de Algeciras con el apoyo de la Fiscalía Antidroga del Campo de Gibraltar. Y la redada, coordinada por el EDOA algecireño, ha contado con la participación de más de 250 agentes de diferentes unidades de la Guardia Civil, entre ellas la Unidad Especial de Intervención (UEI), el Grupo de Acción Rápida (GAR), el Centro Regional de Análisis e Inteligencia contra el Narcotráfico (CRAIN), el Servicio Cinológico, además de las comandancias de Málaga, Madrid, Barcelona y Toledo.

La Guardia Civil ha destacado la «crucial» labor de Europol, que ha apoyado desde el primer momento una investigación catalogada como «de especial importancia» por la Agencia Europea. Para ello, se ha intercambiado un volumen elevado de información y se han mantenido varias reuniones de coordinación organizadas en su sede en La Haya (Países Bajos), en las que han participado cuerpos policiales de Italia, Bélgica, Portugal y Grecia, junto a los investigadores de la Guardia Civil.

Tras esta primera fase de explotación, los agentes continúan con las pesquisas, centrándose en el análisis económico y patrimonial de los principales miembros de la organización, así como de sus sociedades, para determinar la comisión de otros delitos, entre ellos el de blanqueo de capitales. El caso sigue abierto.