La red de funcionarios de Hacienda en Málaga cobró por emitir más de un millar de certificados irregulares

Son algunas de las conclusiones a las que se ha llegado en la investigación dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de la capital contra una trama instalada en la delegación malagueña de Hacienda, donde se ha detenido a nueve funcionarios. Las pesquisas apuntan a que la red llevaría al menos dos años actuando y que habrían cobrado por más de mil certificados tributarios irregulares, según fuentes cercanas al caso.

Fue la propia Agencia Tributaria la que detectó uno de estos documentos falseados. Se trataba de un certificado de solvencia de una empresa que en realidad sí tendría deudas y que pugnaba por una licitación pública en Madrid, lo que hizo saltar todas las alarmas.

La Agencia Tributaria inició una auditoría interna, pero también judicializó el caso. Cuando Hacienda comprobó que el certificado había sido expedido por un funcionario de la delegación malagueña, informó a la fiscal coordinadora de la Sección de Delitos Económicos en Málaga, María Teresa Verdugo, que abrió una investigación en diciembre de 2021.

Tras comprobar que los hechos apuntaban claramente a la delegación de Hacienda en Málaga, el juzgado de Madrid que entendía del caso se inhibió a favor de los de la capital. El asunto recayó en Instrucción 1, que encomendó la investigación a los especialistas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, quienes han contado con la ayuda de un equipo de peritos de la propia Agencia Tributaria.

Los agentes tiraron del hilo de ese certificado y descubrieron que habría sido expedido por un funcionario en concreto, mientras que un compañero de éste habría recibido una fuerte suma de dinero en efectivo en su cuenta, lo que apuntaba al carácter grupal del entramado, según explican fuentes próximas a la investigación.

Cuando empezaron a indagar, los investigadores descubrieron que existía una auténtica red de funcionarios que, presuntamente, falseaban certificados de estar al corriente en el pago de impuestos y carecer de deudas con Hacienda para empresarios, gestorías -hay cerca de una decena implicadas-, asesores o autónomos que, en realidad, no podían acreditar dicha solvencia.

Y, al parecer, lo hacían a cambio de dinero. La tarifa iría en función del caso concreto, aunque, según las pesquisas, podía alcanzar varios miles de euros. Mediante ese pago, los clientes de la red -también detenidos, porque cometen el mismo delito- conseguían un documento que les permitía acceder a concursos públicos, subvenciones, créditos bancarios...

Los investigadores sitúan en la cúpula del grupo a un funcionario en concreto, que habría sido el encargado de mantener el contacto con la clientela y recibir -e incluso exigir, a veces reiteradamente- el pago en efectivo. Él, a su vez, habría utilizado a una red de compañeros que le facilitaban, supuestamente cambio de una dádiva, los documentos que le habían encargado.

En la primera fase de la operación, desarrollada en abril, la policía detuvo a 12 personas, entre las que había cinco funcionarios de la delegación malagueña de la AEAT. Tres de ellos fueron a prisión y los otros dos quedaron en libertad al no hallarse suficientes indicios que los incriminaran en los hechos.

Sin embargo, en esta nueva redada, que tuvo lugar la semana pasada, la policía arrestó a otras 19 personas por su presunta implicación en los hechos y, entre ellas, estaría uno de los funcionarios que quedaron en libertad en la primera fase tras descubrirse nuevos indicios contra él; esta vez sí habría entrado en prisión.

En total, son nueve los funcionarios de Hacienda investigados en las diligencias, la mayoría con décadas de experiencia, de los cuales seis han llegado a ingresar en prisión por estos hechos. También se ha detenido a las parejas de dos de ellos por, supuestamente, colaborar con la trama.

En concreto, la mujer de uno de los investigados, que no es funcionaria, se habría dedicado a confeccionar certificados fraudulentos desde casa -como si estuviera teletrabajando, apuntan las fuentes- utilizando supuestamente unas claves que le proporcionaron.

En la segunda fase de la investigación, los agentes de la UDEF descubrieron que el grupo de funcionarios, que habrían operado de forma organizada y con reparto de roles, también habría proporcionado otros 'servicios' previo pago para sus clientes, como falsos certificados de residencia fiscal o un trámite para la obtención de certificados digitales, que permiten al usuario identificarse telemáticamente en cualquier trámite con las administraciones.

El certificado digital lo expide la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, pero requiere de un paso previo, que es la identificación del usuario físicamente en una administración concertada. Básicamente, hay que presentarse con el DNI y que el funcionario compruebe que eres quien dices ser para proporcionarte tu certificado.

Una de esas administraciones concertadas donde identificarse para la obtención del certificado digital es la Agencia Tributaria. Según fuentes próximas a la investigación, se ha detectado que algunos clientes de la red encargaban a los funcionarios que solventaran ese trámite de la identificación sin que, al parecer, el usuario tuviera que acudir físicamente a Hacienda. Por cada uno de ellos habrían cobrado desde unos 10-15 euros (persona física) hasta 20 (para personas jurídicas).

Los investigadores de la UDEF, ayudados por los peritos de la Agencia Tributaria, se enfrentan ahora a un trabajo colosal para determinar, certificado a certificado, las posibles irregularidades que hay detrás del mismo, pero también el uso -o usos- que se habría dado a cada uno de ellos, de ahí que, como sospechan, puedan aflorar otros delitos de naturaleza económica, como estafas o fraude en subvenciones.

Las fuentes también advirtieron de que las penas a las que se enfrentarían los implicados podrían ser muy elevadas, teniendo en cuenta que los delitos continuados que se investigan serían los de cohecho y falsedad documental (especialmente agravados en el caso de los funcionarios públicos), además de organización o grupo criminal.

Al hilo de las entradas y registros que se realizaron en las primeras detenciones, se han incautado de dispositivos, tantos móviles como ordenadores y discos duros, cuyo examen está siendo de enorme relevancia para identificar a otros responsables y para analizar las concretas conductas delictivas de cada uno de los encartados, así como la dinámica de la trama.