«Que suelte las pelas, que es mi cumple y pretendo celebrarlo»

En la cúspide de esta «red criminal», como la califica la Fiscalía, se sitúa J., un agente ayudante que ni siquiera era funcionario, aunque disfrutaba de un contrato indefinido en la AEAT como personal laboral. En el registro de su casa, los policías encontraron varios teléfonos móviles, uno de los cuales acabaría siendo clave en el caso. En concreto, intervinieron un Samsung Galaxy s20 donde J. tenía instalada la aplicación de WhatsApp, de la que se extrajo «información que permitió confirmar con detalle la implicación de los acusados», asegura la fiscal del caso en su escrito de conclusiones provisionales, en el que solicita penas que superan los 380 años de cárcel.

En los chats de WhatsApp del principal investigado, los agentes del Grupo III de Blanqueo encontraron conversaciones con sus clientes y los encargos que supuestamente recibía de ellos, así como el reparto que hacía de estas tareas entre los funcionarios implicados y las tarifas de precios pactadas, lo que «confirmó la magnitud de la organización criminal por la gravedad de los hechos y por la frecuencia con que se producían», en palabras de la representante del Ministerio Público. Estos son algunos de los extractos de los supuestos trapicheos que realizaban los integrantes de la trama.

La investigación reveló que tres de los funcionarios, que tenían atribuida en función de su cargo la capacidad de actuar como registradores de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, se habrían dedicado a emitir «cientos» de certificados digitales a instancias de distintos gestores que les proporcionaban los datos de terceras personas, desconociendo si estas consentían o si estaban vivas, como sucedió en varios casos donde los titulares ya habían muerto. De hecho, el 20 de junio de 2016, uno de los acusados emitió un certificado de persona física a nombre de un ciudadano a pesar de que éste había fallecido 10 años antes.

La Fiscalía cree que en todos estos casos omitieron el requisito de identificación presencial de los interesados, que es obligatorio. Prueba de ello es que una funcionaria, A., habría emitido 175 certificados mientras estaba teletrabajando durante la pandemia y, por tanto, no podía haber comprobado la identidad de nadie. Otro de los acusados, S., hizo 44, mientras que V. firmó 70 cuando no estaba en su puesto de trabajo, sino en otras delegaciones o de baja por enfermedad. La tarifa, indica la representante del Ministerio Público, oscilaba entre 10 y 20 euros por certificado, que se pagaban generalmente a través de J.

Especialmente llamativa resulta una conversación en la que uno de los acusados habla sobre la labor para la organización de otra de las funcionarias investigadas: «Las firmas digitales que pronto las hace viejo (sic), hoy le he dado 60 pavos de una gestoría, el otro día de A. también le di 80 pavos, le tengo dos o tres gestorías metida y la verdad es que lo hace muy bien». En otra conversación, afirma: «Que no se te pase ninguno que, firma que se te pase, firma que no cobramos (...) luego se lo sumamos todo y cuando lleve diez o doce le digo que me lo ingrese en la cuenta, vale y te lo voy metiendo en el sobrecito con tus cien euros».

En otra ocasión, J. le pregunta a una funcionaria si está en su sitio para pagarle los 120 euros que ha cobrado por las firmas -siempre según el escrito de la Fiscalía-, a lo que ella contesta: «No dejes el sobre en mi cajonera, que lo toca mucha gente, y si se lo dejas a alguien pon en el sobre 'billete tren'».

Por estas gestiones presuntamente les daban dinero o regalos, como refleja un párrafo del escrito donde se indica que J. paga a S. con «solomillos, entrecot, presa, cordero», o cuando le dice a una de las funcionarias que le regala una merluza: «Qué cosa más rica te llevas para la casa de comida, ya te la he dejado en el congelador». A veces, los regalos se intercambiaban simplemente por fichar por una compañera ausente en su puesto de trabajo a cambio de «un solomillo gigante y una presa ibérica». J. aparentemente bromeaba con las dádivas que repartía, como cuando dice: «Bien, cómo luchas por las granadas», quedando con el funcionario en que le daría cinco kilos de fruta.

Otro grupo de funcionarios tenía privilegios para emitir certificados de deuda. Eran, según la fiscal, «documentos de especial relevancia» por ser necesarios para que las empresas -y en ocasiones los particulares- realicen un sinfín de operaciones en el tráfico mercantil, desde la contratación con administraciones públicas hasta la obtención de préstamos para financiar sus actividades o ayudas y subvenciones. «Pues bien, cuando el obligado, por su situación tributaria, no podía obtener legalmente un certificado positivo -esto es, de estar al corriente de las deudas- se ponía en juego la ilícita acción de los funcionarios, de manera que generalmente J. recibía la petición del alguno de los gestores acusados o de algún particular y la transmitía a tres funcionarios, quienes inmediatamente y normalmente a cambio de precio, emitían un certificado con cambio de sentido negativo a positivo a pesar de que no concurrían los requisitos para ello», expone la representante del Ministerio Público.

Este tipo de certificados presuntamente los cobraba J. «exigiendo un alto precio precisamente por el beneficio que conllevaba al peticionario su ilícita obtención», como reflejan las conversaciones halladas por la policía en su terminal. Por ejemplo, J. pide un (certificado) genérico para A., que debe 10.000, pero ya tiene aplazamiento solicitado y dice que por esa gestión van a cobrar 400 euros, 200 para cada uno. También le explica que el «genérico» es para la mujer de un amigo suyo y de A. que tiene un hotelito y que le puede dar además del dinero «una suite con jacuzzi».

Sirvan como ejemplo estas frases para ilustrar los supuestos tejemanejes de la trama:

Según la Fiscalía, los funcionarios no sólo accedían constantemente a información reservada sin previo requerimiento o justificación, sino que cuando se lo demandaban los principales «benefactores» de la trama, facilitaban información reservada de terceros a sabiendas del deber de secreto que tenían. En el escrito acusatorio consta una conversación de esta índole, donde uno de los investigados solicita a los funcionarios información de una mercantil que quiere reactivar para saber si tiene deuda, a lo que J. le contesta que ha podido comprobar que está de baja, para a continuación decirle: «Oye, búscate 50 eurillos para este fin de semana para una botellita de wiski (sic) mía buena, o qué te doy el número de cuenta cariño? Venga ya te hago yo una manita en lo que te haga falta».

En febrero de 2022, sólo un mes antes de la primera redada, se sucedieron varias conversaciones entre los acusados J. y A. sobre una mercantil y los modelos de exención del impuesto de matriculación. J. le dice a la funcionaria que va a quedar con la persona que maneja la empresa y que no quiere pagar con transferencia, acordando cobrar 200 euros por cada vehículo que tramiten, relata la Fiscalía en su escrito, a lo que J. añade: «Este de los coches si nos enrollamos y trabajamos así.. va a ser un chollo continuo.. te lo digo ya (... ) este va a ser semanal o quincenal». Y su compañera A. responde: «Pues que suelte las pelas, que es mi cumple y pretendo celebrarlo». Efectivamente, el 22 de febrero de 2022 se intercambian una fotografía de la aceptación de la solicitud de exención con reconocimiento de la mencionada empresa.

Otro de los servicios que ofertaba J. era la información sobre las devoluciones de IVA que la AEAT iba a efectuar a distintas empresas, tal y como le pedían algunos de los acusados, gestión que encomendaba a varios funcionarios. El servicio era de utilidad porque en varios casos las mercantiles que iban a recibir la devolución del impuesto a su vez tenían deudas y querían saber el momento exacto en el que se les iba a ingresar para poder sacarlo de sus cuentas sin que se materializaran posibles embargos. En estos casos, J. cobraba normalmente un tanto por ciento de la cantidad que se devolvía, servicio por el que, según la Fiscalía, se podían haber embolsado en torno a 32.000 euros.

No en vano, J. presume en una conversación de ser «el que manda en Hacienda» y el único que da «aplazamientos buenos», explicando que hay veces que el sistema «ya no te da, pero en un momento dado se puede arreglar también». A uno de sus clientes le dice, literalmente, que con él lo va a tener todo. «Sabes que lo consigo todo, creo que has sorprendido a tus clientes con cositas que jamás creías que se podrían... Acuérdate de antes, conmigo todo positivo…». Tampoco duda en presionar, a juzgar por los chat intervenidos, ante impagos de los supuestos sobornos: «Valoras poco lo que se hace aquí, es dejar de atender al público, entremeter un número de la calle como cita previa, y sobre todo hacértelo en el mismo día». A un profesional en concreto llega a decirle: «Te estás pasando... y me estoy mosqueando bastante.. tú no vas a pagar». Al parecer, llega a reenviarle en 217 ocasiones el mensaje «ya está bien.. por qué no me pagas». Y finalmente, le advierte: «Te estás echando tierra encima y me la estás echando a mí… lo peor que ni contestas.. por educación por lo menos; qué pretendes, que le pague yo al que te hizo el favor?(...) esto no se va a quedar así, te lo garantizo, sabes que he tenido que pagar parte de tu deuda al compi de mi bolsillo».

En otra conversación fechada en julio de 2021, J. le explica a R. que un tercero se quería jubilar y pretendía evitar que la Agencia Tributaria le embargara la pensión para el pago de las deudas, por lo que le promete 250 euros al mes «si todo va como la anterior de 7.000, que ha prescrito... es insolvente». Justo después, añade: «La próxima semana me entran calamares gigantes pa guardate… o pierna de cordero… o langostinos… o lo que queramos. En Navidades no nos va a faltar de nada». Fueron las últimas antes de su detención.