Málaga

La Fiscalía pide 380 años de prisión para una trama con ocho funcionarios de Hacienda acusados

Pese a su rango en el escalafón, para los investigadores, J. sería el cabecilla de una «organización criminal» que había echado raíces en la Delegación Provincial de Hacienda y en la que habrían participado otros siete funcionarios de la AEAT, que supuestamente proporcionaron certificados o documentos de forma irregular a gestorías, asesores fiscales y empresarios a cambio de sobornos.

Después de tres años de investigación, la fiscal María Teresa Verdugo ha formulado escrito de acusación contra 27 personas, entre las que se encuentran los ocho funcionarios o trabajadores indefinidos de Hacienda, para los que solicita penas que, en total, suman más de 380 años de prisión. Sólo al supuesto cabecilla le piden 32 años y medio de cárcel.

A los acusados se les atribuyen, según su grado de implicación en las irregularidades detectadas, posibles delitos de organización criminal, cohecho, falsedad, revelación de secretos, prevaricación y blanqueo de capitales, según el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Diario SUR.

En el documento, que consta de 89 páginas en las que se resumen las pruebas e indicios detectados en la investigación, el Ministerio Público concluye que la trama habría estado actuando durante al menos siete años, en concreto desde finales de 2015 hasta marzo de 2022, cuando se desató la primera fase de la operación policial y se practicaron detenciones.

El escrito acusatorio incide en que el grupo de funcionarios de Hacienda habría estado realizando «diversos actos administrativos improcedentes», como serían la emisión de certificados de estar al corriente en el pago de impuesto o de carecer de deudas con Hacienda (cuando no era así), el otorgamiento de certificados digitales de personas físicas y jurídicas sin comprobación de la identidad del titular y «otros actos del catálogo de competencias que cada uno tenía atribuido, con plena conciencia de su ilicitud».

Y, al parecer, lo hacían a cambio de dinero. La tarifa iría en función del caso concreto, aunque, según las pesquisas, podía alcanzar varios miles de euros. Mediante ese pago, los clientes de la red -también detenidos, porque habría cometido el mismo delito de cohecho- conseguían un documento que les permitía acceder a concursos públicos, subvenciones, créditos bancarios...

La Fiscalía detalla una serie de conversaciones extraídas de la aplicación WhatsApp de algunos de los investigados que demostrarían los manejos de la trama para cobrar de las asesorías y de los empresarios diferentes cantidades de dinero o regalos a cambio de la emisión de los certificados o las gestiones realizadas de forma irregular para ellos.

La investigación arrancó de la querella interpuesta en junio de 2021 por la representación procesal de dos empresas. Una de ellas había contratado a dos profesionales para que regularizaran la deuda que esta mercantil tenía con Hacienda y por la que le habían embargado muchas de sus propiedades, de ahí que necesitara un aplazamiento y un certificado de no tener deuda con el erario público.

A pesar de que dicho fraccionamiento no se concedió, y que la entidad seguía siendo deudora de la Hacienda Pública, los profesionales contratados presuntamente se confabularon con uno de los funcionarios para conseguir un documento que engañara a los contratantes y cobrar por una gestión que en realidad no habían hecho.

Así, uno de los funcionarios encargó a un compañero que emitiera un certificado en el que hiciera constar «falazmente» que la mercantil estaba al corriente de sus obligaciones tributarias, a pesar de que sabía perfectamente que no era cierto. «El certificado no sólo lo emitió sin que constara firma de solicitante, ni representación de la entidad interesada, ni acuse de recibo sino que, sobre todo, faltaba a la verdad y debió ser negativo porque a la fecha la mercantil tenía deudas tributarias en ejecutiva no aplazadas, ni fraccionadas o suspendidas», indica la fiscal.

Gracias a dicho engaño, toda vez que el documento era auténtico y podía así comprobarse en la página de cotejo de documentos de la AEAT, los querellantes abonaron inmediatamente 91.000 euros a los querellados que lógicamente a su vez habían hecho y pagado el encargo al funcionario que lo confeccionó­. Ese engaño ha dado lugar a otro procedimiento por estafa que se sigue en un juzgado distinto.

Cuando la Agencia Tributaria detectó la irregularidad, denunció los hechos ante la Policía Nacional, que confirmó la realidad de la falsedad y pudo comprobar que eran «centenares» los certificados en los que se afirmaba que personas físicas o jurídicas deudoras estaban al corriente de sus obligaciones con Hacienda, sin ser cierto. También lograron averiguar qué funcionarios los habían emitido.

Los agentes del Grupo III de Blanqueo de la Policía Nacional, con ayuda de técnicos expertos de la Agencia Tributaria, continuaron la investigación centrándose en el estudio sistemático de la actividad profesional desarrollada por los funcionarios bajo sospecha, el análisis de los accesos y gestiones realizadas en sus puestos de trabajo, el examen de las cuentas corrientes y la lectura de las conversaciones mantenidas entre unos y otros.

Todas esas pesquisas evidenciaron que J. era quien presuntamente se dedicaba a recibir los encargos. Su labor era el trabajo «de calle», explica la fiscal, siendo la persona que atendía y conocía a los gestores y profesionales que solían trabajar con más frecuencia con la Agencia Tributaria. Luego, en función del departamento, distribuía el trabajo que le encomendaban.

La representante del Ministerio Público sostiene que J. realizaba dicha actividad «a diario», y lo hacía «con absoluto desprecio a los más elementales principios éticos que debían regir su actividad». Para la Fiscalía, el trabajador dirigía «una red criminal de la que formaban parte, unos con mayor intensidad que otros, el resto de funcionarios acusados».

J. sería también, según el escrito acusatorio, la persona encargada de cobrar y repartir el beneficio de la ilícita actividad «según tarifas que se fijaban sin rubor» y llegando incluso a «amenazar» a quienes se retrasaban en el pago, advirtiéndoles de que podían perjudicarles en las actuaciones que ellos o los contribuyentes a quienes representaran tuvieran que realizar en el futuro ante la AEAT, apostilla.

La Fiscalía, no obstante, reconoce la dificultad para precisar la cifra de los sobornos supuestamente percibidos por los funcionarios, ya que «los pagos se hacían en persona y en mano». Como ejemplo, la representante del Ministerio Público expone que sólo en el año 2020 J. recibió en una de sus cuentas corrientes un total de 63.857 euros, cuando el montante de sus ingresos legítimos ascendió en ese período a 23.857 euros.

Cuando amasó los suficientes indicios, la policía realizó una primera tanda de detenciones el 22 de marzo de 2022 en la que se registraron varios despachos de la Delegación Provincial de Hacienda. En ella se intervinieron numerosos teléfonos móviles de los que se extrajo información que permitió continuar con la investigación. En la casa de uno de los empresarios hallaron 53 relojes de lujo.

La segunda fase tuvo lugar el 22 de junio de ese mismo año. De nuevo, detenciones y varios registros. Entre las pertenencias de una de las funcionarias acusadas, los investigadores hallaron un papel manuscrito en el que podía leerse una advertencia que revelaba el temor del resto de implicados de la trama a ser descubiertos: «Jefe sabía todo».