Sucesos Málaga

Del destierro a la cárcel y de nuevo a la calle en una semana: el hombre «extremadamente conflictivo» ya puede vivir en Campillos

SUR se hizo eco de su caso hace un mes ante la desesperación de su exmujer, Mónica, sobre la que tiene una orden de alejamiento dictada en una sentencia que ya es firme. A. P. G. acumulaba entre denuncias y detenciones más de 80 reseñas, con constantes quebrantamientos de las medidas cautelares.

A principios de semana, el hombre fue puesto a disposición judicial por quebrantar la orden de destierro, ya que fue visto en casa de un familiar en Campillos, término municipal que no podía pisar por orden del Juzgado de Instrucción 2 de Antequera, que instruye una causa contra él por atentado a unos guardias civiles.

Tras esa última detención, A. P. G. fue conducido a los juzgados de Antequera, a cuyas puertas se grabó bailando tras una de las citaciones recibidas. Esta vez, compareció ante el Juzgado de Instrucción número 1, que estaba de guardia y que decreto su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza por quebrantar la orden de destierro.

La defensa del hombre presentó un recurso de reforma contra esta decisión y el juez modificó su decisión y acordó la puesta en libertad provisional. Paralelamente, la Audiencia Provincial, a la que el investigado había apelado, revocó la orden de destierro dictada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Antequera. Este jueves salió de la cárcel y puede volver cuando quiera a Campillos o Sierra de Yeguas.

No obstante, a petición de la Fiscalía, el Juzgado de lo Penal número 13 de Málaga, que es el encargado de ejecutar la sentencia que condenó a A. P. G. por amenazas a Mónica, ha ordenado que se le coloque una pulsera telemática para evitar cualquier contacto con la víctima y garantizar que se respeta la orden de alejamiento hacia ella. Se la pusieron este jueves, coincidiendo con su salida de prisión.

Mónica no entiende estos vaivenes en las decisiones judiciales. «En el pueblo estamos todos con los nervios de punta», expresa la exmujer del investigado. «A mí me ponen un dispositivo para controlar que no se acerca, pero... ¿Y a mis hijos?». Si hay una víctima en este caso, por encima de todas, es ella.

La pareja se instaló en Campillos hace un cuarto de siglo y abrió pescaderías en Teba y en Almargen. Les fue bien durante unos años, aunque cuando Mónica tuvo al segundo de sus tres hijos empezó a vislumbrar su futuro. Ya entonces pensó en separarse, pero decidió aguantar por su suegra, que fue como una madre para ella. Finalmente, dio el paso el 1 de septiembre de 2021.

«Fue un momento de liberación», explica ella, «pero también el principio de este calvario». Mónica sabía que no la iba a dejar en paz del todo, aunque no hasta este extremo. Según relata, a los dos años de separarse empezó a hacerle la vida imposible: supuestamente vendió todo lo que habían adquirido en gananciales y lo último fue el domicilio familiar, donde ella vivía con sus hijos.

En septiembre de 2024 firmaron el divorcio, y ni con esas. En noviembre, Mónica le puso la primera denuncia por amenazas de muerte, que llegaba a hacerle telefónicamente incluso a través de sus hijos. En el juicio rápido quedó probado que él le decía que le iba a cortar el cuello, que la iba a matar a palos, o que iba a quemar la casa con ella dentro, según la sentencia. Le cayeron seis meses de cárcel, pero también la orden de alejamiento de Mónica de 500 metros por la que ahora le han colocado la pulsera telemática.

Según la mujer, A. P. G. supuestamente le rompió los cristales de la casa y volvió a amenazarla, y también le ha pinchado las ruedas del coche. Ha quebrantado en numerosas ocasiones -tres veces entre diciembre y enero- la prohibición de acercarse a ella. Una de esas veces acabó de nuevo en los tribunales: «Yo estaba dentro declarando y, cuando salí, me mandaron un vídeo y me dijeron: 'Mira lo que hacía en la puerta del juzgado mientras tú estabas declarando'». En las imágenes se le ve bailando.

El 9 de enero, la Policía Local lo llevó al cuartel de la Guardia Civil para comprobar si continuaba vigente la orden de protección sobre otra pareja, porque, al parecer, la había seguido con el coche y le había pitado. Allí verificaron que no podía acercarse a ella y volvieron a detenerlo, momento en que A. P. G. arremetió contra los agentes y, presuntamente, acabó lesionando a tres funcionarios, ademas de amenazar a todo el mundo. También habría causado daños en el mobiliario y en el coche patrulla, y hasta se habría orinado en el calabozo.

Tras aquella detención, uno de los guardias contó a la jueza que tienen intervenciones con él casi a diario, que su actitud «agresiva y amenazante» va en aumento y que sabe dónde viven los agentes, a los que habría llegado a amenazar con frases del tipo: «Voy a matarte a ti, a tu mujer y a tus hijos».

A. P. G. negó todas las acusaciones. Dijo que coincidió con su expareja -no es Mónica- y que le pitó porque se saltó un STOP, pero que el encuentro fue fortuito. Que fueron los agentes quienes le pegaron con «crueldad y maldad». Y que el origen de todo es que le tienen envidia porque disfruta de «casas, buenos coches y las mujeres que quiere» sin trabajar, ya que tiene dinero por una herencia familiar. Sólo admitió haberse orinado en el calabozo porque, dijo, no lo llevaron al baño.

La jueza apreció una «situación objetiva de riesgo» para los agentes por la «alta agresividad del investigado» hacia ellos, por lo que dictó el 10 de enero una orden en la que se le prohíbe «residir y acudir» a los municipios de Campillos y Sierra de Yeguas mientras se instruye esta nueva causa, en la que se investigan delitos de atentado a la autoridad, lesiones, amenazas y daños. Esa orden es la que ahora la Audiencia ha dejado sin efecto.