Ordenan el destierro de Campillos y Sierra de Yeguas de un hombre «extremadamente conflictivo»

Si hay una víctima en este caso, por encima de todas, es Mónica, su exmujer y madre de sus tres hijos. Juntos se instalaron en la localidad de Campillos hace un cuarto de siglo y abrieron una pescadería en Teba y otra en Almargen. Les fue bien durante unos años, aunque cuando Mónica tuvo al segundo empezó a vislumbrar su futuro. Ya entonces pensó en separarse, pero decidió aguantar por su suegra, que fue como una madre para ella. Finalmente, dio el paso el 1 de septiembre de 2021.

«Fue un momento de liberación», explica ella, «pero también el principio de este calvario». Mónica sabía que no la iba a dejar en paz del todo, aunque no hasta este extremo. Según relata, a los dos años de separarse empezó a hacerle la vida imposible: supuestamente vendió todo lo que habían adquirido en gananciales y lo último fue el domicilio familiar, donde ella vivía con sus hijos. «Para no tener problemas puse la casa en venta. Pensé: 'Me voy y me compro lo que sea'».

En septiembre de 2024 firmaron el divorcio, y ni con esas. En noviembre Mónica le puso la primera denuncia por amenazas de muerte, que llegaba a hacerle telefónicamente incluso a través de sus hijos. En el juicio rápido quedó probado que él le decía que le iba a cortar el cuello, que la iba a matar a palos, o que iba a quemar la casa con ella dentro, según la sentencia. Le cayeron seis meses de cárcel, pero también una orden de alejamiento de Mónica de 500 metros.

Según la mujer, A. P. G. supuestamente le rompió los cristales de la casa y volvió a amenazarla, y también le ha pinchado las ruedas del coche. Ha quebrantado en numerosas ocasiones -tres veces entre diciembre y enero- la prohibición de acercarse a ella. Una de esas veces acabó de nuevo en los tribunales: «Yo estaba dentro declarando y, cuando salí, me mandaron un vídeo y me dijeron: 'Mira lo que hacía en la puerta del juzgado mientras tú estabas declarando'». En las imágenes se le ve bailando.

El 9 de enero, la Policía Local lo llevó al cuartel de la Guardia Civil para comprobar si continuaba vigente la orden de protección sobre otra pareja, porque, al parecer, la había seguido con el coche y le había pitado. Allí verificaron que no podía acercarse a ella y volvieron a detenerlo, momento en que A. P. G. arremetió contra los agentes y, presuntamente, acabó lesionando a tres funcionarios, ademas de amenazar a todo el mundo. También habría causado daños en el mobiliario y en el coche patrulla, y hasta se habría orinado en el calabozo.

Al día siguiente, tanto los agentes como el investigado declararon en el Juzgado de Instrucción número 2 de Antequera. A ninguno de ellos les dio la impresión de que A. P. G. estuviese ebrio. Uno de los guardias contó a la jueza que tienen intervenciones con él casi a diario, que su actitud «agresiva y amenazante» va en aumento y que sabe dónde viven los agentes, a los que habría llegado a amenazar con frases del tipo: «Voy a matarte a ti, a tu mujer y a tus hijos». Entre denuncias y detenciones su ficha acumula ya varias páginas y puede superar las 80 reseñas, con constantes quebrantamientos de las órdenes.

A. P. G. negó todas las acusaciones. Dijo que coincidió con su expareja -no es Mónica- y que le pitó porque se saltó un STOP, pero que el encuentro fue fortuito. Que fueron los agentes quienes le pegaron con «crueldad y maldad». Y que el origen de todo es que le tienen envidia porque disfruta de «casas, buenos coches y las mujeres que quiere» sin trabajar, ya que tiene dinero por una herencia familiar. Únicamente admitió haberse orinado en el calabozo porque, dijo, no lo llevaron al baño.

La jueza, que tuvo en cuenta sus numerosas detenciones policiales, apreció una «situación objetiva de riesgo» para los agentes por la «alta agresividad del investigado» hacia ellos, por lo que dictó el 10 de enero una orden en la que se le prohíbe «residir y acudir» a los municipios de Campillos y Sierra de Yeguas mientras se instruye esta nueva causa, en la que se investigan delitos de atentado a la autoridad, lesiones, amenazas y daños.

El problema es que, desde entonces, la habría quebrantado en numerosas ocasiones. En concreto, desoyó la prohibición y fue identificado tres veces en Campillos los días 20, 25 y 27 de enero. Un mes más tarde volvió a ser denunciado por amenazas y falta de respeto a un policía, y en marzo su expareja informó de un nuevo incumplimiento de las medidas. Para Mónica, todo sigue igual.