Abandonan la cárcel los cinco miembros de 'La Manada'

Tres de ellos han sido recogidos en la puerta de la prisión de Pamplona por vehículos que les estaban esperando y los otros dos han abandonado Alcalá Meco en taxi una hora y media después

MELCHOR SÁIZ-PARDO / PABLO OJERMadrid / Pamplona

Los cinco miembros de 'La Manada' ya se encuentran en la calle. Los tres que se encontraban en la cárcel de Pamplona - J. Á. P, J. E y Á. B. H- han abandonado sobre las 18.00 horas la prisión después de que a lo largo de este viernes hubieran abonado los 6.000 euros de fianza fijados por la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra. Han sido recogidos en la puerta de la cárcel por vehículos que les estaban esperando.

A su salida del centro, situado a las afueras de Pamplona, les esperaban numerosos medios de comunicación que desde primeras horas de la mañana hacían guardia en las puertas de la cárcel, pero no así ciudadanos, puesto a lo largo del día no ha llegado a una decena las personas que se han acercado hasta allí.

Por otra parte, los dos miembros que cumplían pena en la cárcel militar de Alcalá de Henares (Madrid) han abandonado en taxi el recinto penitenciario a las 19.30 horas, después de haber abonado la fianza.

El guardia civil A.M.G. y el miembro de la Unidad Militar de Emergencias (UME) A.J.C., también condenados a 9 años de prisión por un delito de abuso sexual con prevalimiento sobre una joven madrileña durante los Sanfermines de 2016, permanecían en esta prisión desde que el 9 de julio de 2016 el juez decretó prisión provisional comunicada y sin fianza para ellos y los otros tres miembros del grupo encarcelados en Pamplona.

Los miembros de 'La Manada' quedan en libertad tras casi dos años en prisión desde que fueran detenidos el 7 de julio de 2016. La cárcel de Pamplona ha recibido ya el mandamiento judicial que ordena la libertad de los tres miembros de La Manada recluidos en esa prisión .

Además de la fianza de 6.000 euros, la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha dictado varias medidas cautelares para los cinco acusados. En concreto, tendrán que designar un domicilio donde puedan ser hallados, así como un teléfono de contacto, con advertencia expresa de que en el caso de no ser localizados en tales domicilios de inmediato se expedirá la correspondiente requisitoria.

Además, los condenados deberán comparecer todos los lunes, miércoles y viernes ante el juzgado de guardia de su residencia y cuantas veces fueren llamados por la Audiencia de Navarra, así como comunicar cualquier cambio de domicilio o teléfono.

También se fija para ellos la prohibición de salir del territorio nacional sin autorización judicial, con obligación de hacer entrega del pasaporte de que disponga ante el tribunal dentro de los cuatro días siguientes a su puesta en libertad, así como la prohibición de obtenerlo en el futuro.

Un polémico auto

La Audiencia Provincial de Navarra ha hecho público este viernes el auto en el que da luz verde a la excarcelación de 'La Manada'. En este documento defiende que los cinco condenados deben volver a la calle porque el riesgo de fuga ha «perdido notablemente fuerza» y, sobre todo porque «ninguno» de los condenados «cuenta con antecedentes penales por delitos de naturaleza análoga o similar a aquel por el que vienen condenados». Todo ello a pesar de que cuatro de los cinco jóvenes sevillanos están a la espera de ser juzgados por otra agresión a una chica de 21 años en la primavera de 2016 en la localidad cordobesa de Pozoblanco.

La Fiscalía ha anunciado que recurrirá en súplica el auto de la Audiencia Provincial de Navarra, según informaron fuentes jurídicas. El recurso se realiza en súplica ante el mismo tribunal que ha ordenado las excarcelaciones y no tiene efectos suspensivos, es decir, que los cinco jóvenes pueden salir de prisión ahora que han abonado la fianza, aunque el recurso del Ministerio Público aún no se haya resuelto.

La resolución tampoco cree que haya riesgo de reiteración delictiva. «La presión ha desatado un rechazo social de tal magnitud respecto de los cinco acusados que ello permite cuestionar fundadamente ese hipotético riesgo de reiteración delictiva». El tribunal, además, apunta a que los 500 kilómetros que separan Sevilla de Madrid, ciudad donde reside la víctima, es suficiente distancia para dar «sosiego y tranquilidad a la joven».

Los jueces creen imposible la fuga por la «insolvencia de todos los condenados», excepto de Alfonso C., quien tiene una «insolvencia parcial» ya que tiene la casa embargada. Según el auto, «carecen de medios para procurarse una fuga eficaz, instalándose en algún lugar en el que no pudieren ser hallados si tratasen de huir». «Tampoco se les conocen, ni se mencionan por las acusaciones, amistades o relaciones que pudieran proporcionarles la ayuda o los medios de los que ellos carecen», insiste la resolución. Los magistrados creen que los acusados no pueden huir porque todo el mundo les conoce tras la sentencia. «Es un hecho notorio que han perdido toda posibilidad de anonimato, por la sobradamente conocida repercusión del caso, su localización, en cualquier caso, sería una tarea que se nos antoja fácil y al alcance de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sin mayor esfuerzo».

La sala abunda en que no se puede valorar el riesgo de fuga exclusivamente atendiendo a la gravedad de los hechos. En esa línea, recuerda la doctrina del Constitucional que rechaza que la prisión provisional en sí tenga un fin «meramente punitivo o de anticipación de la pena».

Los magistrados admiten reconocer el hecho de que cuatro de los cinco condenados están siendo investigados por los abusos de Córdoba, pero afirman que se «desconoce cuál sea la situación en la que se encuentra la instrucción, más allá de que se inició en el mes de octubre de 2016». Recuerdan que por los hechos de Pozoblanco «ni siquiera ha sido dictado auto de procesamiento» y que no pueden tener en cuenta estos hechos por que están todavía 'sub iudice'.

El resto de posibles razones para mantenerlos en prisión quedan anuladas, según el tribunal, por las medidas cautelares aprobadas como la obligación de comparecer ante un juzgado tres veces por semana, la imposibilidad de entrar en la Comunidad de Madrid y la fianza de 6.000 euros, entre otras medidas.

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