Dimite el subsecretario de Presidencia por el 'caso Acuamed'

Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha recordado que Ramos de Armas ha presentado su dimisión "para defender su honorabilidad y el estricto cumplimiento de la legalidad" en su cargo anterior en el Ministerio de Medio Ambiente.

El subsecretario de Presidencia, Federico Ramos de Armas, ha presentado su dimisión esta mañana "a petición propia" tras haberse visto relacionado con el 'caso Acuamed', han informado fuentes del Ejecutivo. Varios exempleados de la empresa pública Acuamed afirmaron ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que Ramos participó en la presunta reunión con FCC en la que se pactó una "compensación indebida" de 40 millones de euros a la constructora que luego se consignó en los presupuestos de 2015.

Ramos de Armas asumió su puesto en el Ministerio de la Presidencia el 19 de junio del pasado año, cargo al que llegó desde el Ministerio de Agricultura, donde era secretario de Estado de Medio Ambiente desde diciembre de 2011. Su paso por ese puesto es el que le relaciona con el 'caso Acuamed'.

El PSOE pide explicaciones

El PSOE ha pedido explicaciones a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, por la supuesta implicación de Ramos en el 'caso Acuamed'. Antes de conocer su dimisión, el Grupo Parlamentario Socialista registraba esta mañana una solicitud de comparecencia en el Congreso del propio subsecretario de la Presidencia "para dar cuenta de su implicación en el caso del supuesto fraude en la empresa pública Acuamed".

Además, el portavoz socialista, Antonio Hernando, ha reclamado un informe sobre las actuaciones realizadas en el Ministerio de la Presidencia para esclarecer la implicación del subsecretario de ese Ministerio en el caso del supuesto fraude en la empresa pública Acuamed, y para determinar las responsabilidades de todo orden derivadas de la misma.

El miércoles, el juez Eloy Velasco dictó el ingreso en prisión de cinco de los detenidos por el fraude en los contratos de Acuamed, entre ellos el exdirector general de la empresa, Arcadio Mateo del Puerto, y la libertad bajo fianza de otros ocho. En ese auto, el juez señaló entre las posibles ilegalidades cometidas una compensación acordada entre Acuamed y FCC que finalmente se consignó en una partida de 36 millones incluida en los presupuestos generales del Estado 2015.

Ramos de Armas ha sido abogado del Estado en el Ministerio de Agricultura y abogado del Estado-jefe en la Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Fue además director de Medio Ambiente y viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Consejería de Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid.

Tejerina: "Soy la más interesada en que todo esto se esclarezca"

Esta mañana, la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha asegurado que "a la mínima sospecha fundada" de la existencia de irregularidades en Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) "no hubiera dudado en actuar" y ha asegurado que "no es la primera vez que pide que se abra una investigación" en un organismo dependiente de su departamento.

Tejerina, en una entrevista en Cope, ha reconocido haberse visto sorprendida por el caso porque "no deja de hacerlo que alguien tenga la tentación y meta la mano en la caja trabaje en la empresa en que trabaje". Ha defendido, no obstante, su actuación en cuanto la fiscalía le puso en conocimiento los hechos al solicitar el "cese fulminante" del director general de Acuamed, Arcadio Mateo, y la directora de Ingeniería, Gabriela Mañueco. Con estos casos, ha asegurado, "hay que ser inmisericorde y (el cese) es lo más rápido que podía hacer".

"Soy la más interesada en que todo esto se esclarezca", ha asegurado Tejerina que ha expresado la disposición del Ministerio a "ayudar en la investigación". En este sentido, ha recordado la auditoría externa encargada para que se revise "la empresa de arriba a abajo". Asimismo, se ha constituido un grupo de trabajo para coordinar las labores de la auditoria externa y se ha ordenado una inspección de todos los contratos del ministerio, de empresas públicas u organismos internos con la empresa citada en el auto judicial. "Lo que yo puedo hacer es buscar la más mínima irregularidad en todos los rincones del ministerio", ha indicado.

Ha explicado, no obstante, que las actuaciones mencionadas en el auto se "circunscriben al ámbito de la empresa, no al consejo de administración", y ha recordado que el Gobierno del PP endureció las condiciones del régimen de contratación y "la mayor parte de las obras investigadas por la fiscalía corresponden a periodos anteriores".