La jueza detalla los abusos económicos de los Al-Thani

Señala que el poder mayoritario que Al-Thani y sus hijos disfutaban del club hasta hoy, donde para los próximos seis meses (prorrogables) mandará una administración judicial, «le permitió llevar a cabo decisiones exclusivamente en su propio interés» y detalla una serie de préstamos que han salido del club, reconocido como Sociedad Anónima en el auto. Estas llamadas también «líneas de crédito» habrían sacado de las arcas de la entidad, entre 2015 y 2019, un montante superior a 5,5 millones de euros. Préstamos de los cuales, señala la jueza, «no se está constando que se esté haciendo frente al pago de los distintos plazos de amortización».

«Existe en la causa documental que hace pensar de forma más que razonable que dichos préstamos vienen a encubrir salidas de efectivo de las dos sociedades aquí referidas para el pago de actividades privadas de los Consejeros de la Sociedad, así como de personas físicas y jurídicas vinculadas al Consejo de Administración de la SAD, como sería, a título de ejemplo, viajes, hoteles, Agencias de Viajes, Viviendas particulares, adquisición de vehículos privados,etc...y como supuesto concreto, el caso del contrato laboral que mantiene un familiar directo del Presidente (se refiere a Hamyan Al-Thani, hija del jeque) de ambas sociedades como «ojeadora del equipo de futbol femenino», por el que desde 1 de marzo de 2017 vendría percibiendo un sueldo de unos 80.000 euros anuales», detalla claramente el texto del auto redactado por la magistrada.

También destaca que «pese a tener conocimiento de la dificilísima situación económica que atraviesa el club» decidieron fijarse «retribuciones como personal de Alta Dirección por importe de más de 1,4 millones». Esto se define en el auto de forma contundente como «decisiones exclusivamente de su propio interés». Y utiliza todo esto como razonamiento jurídica para indicar que la defensa de los Al-Thani carece de sentido. Escribe que «no puede; tacharse de precipitada o de prematura la adopción de la medida cautelar; pues previendo la ley procesal ya meritada, puede adoptarse desde el momento en que se aprecie indicios de criminalidad», apostilla.