Andalucía deja en el aire el futuro de los VTC en las ciudades

Pese a ser una de las primeras cuestiones que marcaron la agenda de la Consejería de Fomento al comienzo del mandato por el conflicto latente con los taxistas, lo cierto es que a día de hoy sigue sin haber un marco regulatorio regional. Este condicionante no afecta a los VTC tradicionales que desde hace décadas operan en la Costa del Sol recogiendo a turistas de sus hoteles para llevarlos al aeropuerto o la estación del AVE, pero sí amenaza el fulgurante negocio que multinacionales como Uber, Cabify y Bolt mantienen en Málaga porque les dejaría sin poder realizar trayectos urbanos.

El 1 de octubre expira el plazo que en 2018 concedió el Gobierno central a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para que regulen la actividad de este servicio de transporte, momento a partir del cual todas las licencias de VTC pasarán a ser interurbanas (sólo podrán cubrir carreras entre distintos municipios). Dicho de otro modo, para seguir realizando trayectos urbanos deberán adaptarse a las respectivas normativas regionales y municipales. Y ni la Junta de Andalucía ni los ayuntamientos de la provincia han movido ficha de momento.

Y por este motivo, un sector que durante años se ha opuesto incluso en los tribunales a la regulación que le exigen los taxistas lleva tiempo reclamando a la Junta de Andalucía que establezca un marco normativo que garantice su viabilidad. Eso sí, sin la imposición de que la precontratación (única forma en la que pueden operar a diferencia del taxi, que puede captar clientes en la vía pública) se tenga que realizar con un determinado tiempo de antelación, que es precisamente lo que el taxi exige para los VTC.

A pocas semanas de las elecciones autonómicas, en el Ejecutivo andaluz argumentan ahora que es el Estado el que debe resolver este asunto a nivel nacional en vez de dejarlo en manos de los gobiernos regionales. En lo que sí avanzó la Consejería de Fomento es en mejorar la competitividad del taxi. ¿Cómo? Con la entrada en vigor en febrero del año pasado del decreto de modernización del taxi que, entre otras medidas, contempla la posibilidad de compartir vehículo o la contratación a precio cerrado para que el cliente sepa de antemano cuánto le va a costar el trayecto. Sin embargo, la regulación de los VTC ha seguido en punto muerto debido a la falta de consenso y, fundamentalmente, por las dudas jurídicas que tienen en la Junta a la hora de aplicar unas restricciones que podrían acabar en los juzgados.