Los ayuntamientos podrán regular ya los VTC, pero sin tocar licencias en cuatro años

A través de un real decreto ley aprobado ayer, el Consejo de Ministros traslada a las Comunidades Autónomas y a los ayuntamientos la regulación de los VTC, pero lo hace mediante una fórmula que en la práctica no satisface del todo a ninguno de los dos sectores. «Ninguno podrá decir que ha ganado porque los dos quedarán en la misma situación», afirmaba ayer el ministro de Fomento, José Luis Ábalos. Y así es, porque las empresas de VTC rechazan de plano (la patronal Unauto acusaba al Ejecutivo de «ceder al chantaje») que se restrinja su actividad con la imposición de una segunda licencia para poder realizar carreras urbanas, pero en el taxi tampoco ven precisamente con buenos ojos que la nueva norma puesta en marcha por el Ministerio de Fomento contemple un periodo transitorio de cuatro años para que las actuales autorizaciones de VTC de ámbito nacional queden habilitadas únicamente para realizar trayectos interurbanos.

¿Por qué cuatro años? Es el periodo que en Fomento y en la Abogacía General del Estado consideran suficiente para que los titulares de VTC puedan amortizar sus inversiones. Es decir, que estos cuatro años de moratoria (prorrogable en otros dos) se conciben como una indemnización en tiempo en lugar de en dinero por los perjuicios ocasionados por el cambio normativo, en un claro intento de evitar una cascada de reclamaciones de propietarios de este tipo de licencias.

De momento, estos vehículos podrán seguir operando como hasta ahora (libertad plena para prestar servicio en toda su comunidad autónoma) pero dentro de un máximo de cuatro años tendrán que contar con la segunda licencia para poder trabajar en las ciudades. En este periodo, cada Administración regional tendrá libertad para modificar las condiciones de explotación de los VTC o, dicho de otro modo, aumentar su regulación en cuanto al servicio de precontratación, solicitud de servicios, captación de clientes, horarios obligatorios o especificaciones técnicas de los coches.

En cuanto a los servicios urbanos, los ayuntamientos también podrán establecer en este periodo transitorio las condiciones que consideren oportunas en cuanto a uso de la vía pública, gestión del tráfico, protección del medio ambiente, prevención de la contaminación atmosférica o el establecimiento de descansos obligatorios, como ocurre con el taxi. En ambos casos, el objetivo es equiparar la regulación del taxi y los VTC, pero lo hará de forma distinta en cada territorio.

Una vez aprobado el decreto ley, que deberá ser ratificado por el Congreso en un mes, la incógnita que queda abierta es cómo actuará y con qué celeridad cada una de las 17 comunidades autónomas. En aquellas donde se decida no legislar, los VTC podrán seguir circulando como hasta ahora, aunque transcurridos los citados cuatro años perderán su autorización para trayectos urbanos.

De forma paralela a la modificación de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, el Gobierno también se ha dado seis meses para poner sobre la mesa un endurecimiento de las sanciones a los VTC que incumplan la normativa vigente en cuanto a su actividad, como puede ser la recogida de clientes sin precontratación o la captación de viajeros en la vía pública.

Con estas medidas persigue Fomento ponerle freno a la continua proliferación de VTC en las grandes áreas metropolitanas como Madrid y Barcelona, y de una forma más que significativa en la Costa del Sol, donde actualmente hay una licencia de VTC por cada 2,5 taxis, una proporción que se encuentra a años luz del 1/30 que marca como tope la ley estatal a la hora de conceder nuevas autorizaciones.

Aunque el nuevo marco legal permitiría reducir el número de VTC, ése escenario no se daría hasta dentro de varios años Mientras tanto, se espera que los juzgados sigan concediendo licencias que se solicitaron al amparo de la liberalización del sector que estuvo vigente entre 2009 y 2015 pero fueron rechazadas por la Administración autonómica. Sólo en Málaga se prevé que en los próximos meses puedan llegar a duplicarse las 1.075 autorizaciones que actualmente están vigentes.