El sector turístico reclama que los VTC operen sin restricciones en las ciudades

Pero con una serie de limitaciones que a su vez garanticen la supervivencia del taxi, entre las que destaca la prohibición de parar o circular para la captación de clientes en el entorno de aeropuertos, estaciones de trenes y autobuses, así como de otros puntos de gran demanda de viajeros como hospitales, hoteles, centros comerciales u otros lugares donde se celebren eventos deportivos, culturales o sociales. Aunque la regulación será a nivel autonómico, es en Málaga donde más se está poniendo el foco. No en vano, en la provincia tienen su sede 2.332 licencias de VTC, prácticamente tres de cada cuatro tarjetas activas en Andalucía (3.202). En comparación, hay 2.740 taxis circulando por tierras malagueñas.

Con la precontratación retardada (que tenga que transcurrir un tiempo mínimo desde que se pide hasta que llega) como principal punto de fricción en las conversaciones que la Consejería de Fomento está manteniendo con todas las partes implicadas, la Mesa del Turismo de España se decanta abiertamente por una regulación de la actividad de los VTC para que sigan operando en las ciudades, pero sin restricciones. Juan Molas, como presidente de esta asociación profesional y empresarial de carácter nacional que integra a un centenar de personalidades del ámbito turístico, advierte de que cualquier limitación al servicio «acabará perjudicando a los clientes, tanto los ciudadanos como los miles de turistas que demandan este tipo de servicios».

«Queremos que se regule la actividad para que residentes y turistas tengan suficientes alternativas de transporte, pero dejando de lado restricciones que empeorarán la calidad de la movilidad y la imagen de la región», destaca Molas, quien considera que el camino para equilibrar el taxi y los VTC no pasa por frenar la actividad de «este servicio que hace unos años llegó para quedarse», sino por «flexibilizar más el taxi».

A la hora de defender estos argumentos, el presidente de la Mesa del Turismo de España se agarra a dos encuestas realizadas este año por la entidad en Málaga y Sevilla (una en abril y otra en junio) en la que el 85% de los 1.500 entrevistados se mostraban a favor de un marco regulatorio que permita a los VTC seguir operando en las ciudades a partir del 1 de octubre, en cumplimiento del decreto del Gobierno central aprobado en 2018 por el que, sin normativa autonómica, las autorizaciones pasarán a ser únicamente interurbanas (sólo podrían cubrir carreras entre distintos municipios).

Este condicionante no afecta a los VTC tradicionales que desde hace décadas operan en la Costa del Sol recogiendo a turistas de sus hoteles para llevarlos al aeropuerto o la estación del AVE, pero sí amenaza el fulgurante negocio que multinacionales como Uber, Cabify y Bolt mantienen en Málaga porque les dejaría sin poder realizar trayectos urbanos.

En este sentido, desde la Mesa del Turismo aseguran que «tanto la mayoría de entrevistados como todos los agentes turísticos como hoteles, agencias y touroperadores opinan que no deben aplicarse restricciones como tener que regresar a su base o fijar un tiempo de espera entre contratación e inicio del trayecto como existe, y es un error y se ha impugnado, en Cataluña o la Comunidad Valenciana», remarca Molas como máximo representante de esta organización de la que también forma parte la Federación Nacional de Vehículos de Alquiler (Feneval).

De momento, desde la Consejería de Fomento siguen tratando de cerrar sobre la bocina un documento con el mayor consenso posible, de ahí que salvo sorpresa, no se llevará a aprobación en el Consejo de Gobierno de este martes. A día de hoy, tanto taxistas como empresas de VTC se han posicionado en contra del borrador provisional. Los primeros consideran insuficientes las limitaciones previstas; y los segundos lo ven demasiado restrictivo.

Por ello, la consejera del ramo, Marifrán Carazo, instaba este lunes a las organizaciones representativas de ambos sectores a «ceder pensando en el usuario» para, de esta forma, dejar perfilado esta semana el texto. «No vamos a decaer en intentar llegar a un acuerdo desde el diálogo y el consenso», destacaba Carazo en una entrevista en Canal Sur Radio.

A falta del documento definitivo, la principal medida que contempla la Junta de Andalucía es el establecimiento de «zonas de especial protección» en las que los VTC no podrán parar ni estacionar a la espera de clientes, proponiéndose una distancia mínima de estacionamiento de 300 metros en aeropuertos, puertos y estaciones de trenes y autobuses; y de 150 metros para otros espacios como hospitales, hoteles de cuatro estrellas o más, juzgados o instalaciones donde se celebren eventos. Con esta limitación, Fomento pretende satisfacer a los taxistas sin tener que imponer a los VTC que la precontratación (única forma en la que pueden trabajar a diferencia del taxi, que puede captar clientes en la vía pública) se tenga que realizar con un determinado tiempo de antelación, que es lo que exige el gremio tradicional.

En esta misma línea de impedirles la captación de usuarios, la Junta también pretende prohibir la geolocalización de los vehículos previa a la contratación. En paralelo, Fomento también ha puesto sobre la mesa otras medidas como exigir a los conductores de VTC la superación de una prueba de capacitación profesional como la que hay que aprobar para ser taxista; reforzar las inspecciones y el control de su actividad; endurecer las sanciones; o que los automóviles tengan unas medidas mínimas, de manera que siempre se utilicen para este fin berlinas de representación, y no utilitarios convencionales.