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Las empresas de vehículos de alquiler con conductor, las VTC, que en Málaga y en buena parte de la Costa del Sol operan bajo las ... plataformas digitales Uber, Cabify y Bolt, podrán seguir prestando sus servicios a partir del 1 de octubre. Se trata de una decisión importante, por cuanto la normativa estatal obliga a las comunidades a regular la actividad urbana de estas empresas, o de lo contrario tendrían que dejar de operar a partir de esa fecha para trayectos internos, y solo podrían hacerlo entre diferentes municipios (por ejemplo, del Aeropuerto a Torremolinos, pero no a la capital).
La Consejería de Fomento de la Junta, encargada de gestionar esta 'patata caliente', ha decidido optar por la regulación, como ya han hecho Madrid y Barcelona, entre otras. Pero la futura ley andaluza, que se dará a conocer los próximos días, contendrá una batería de restricciones, para beneficiar al taxi y que este servicio público –que, como tal, tiene una serie de obligaciones y de limitaciones– continúe siendo rentable.
Entre las que se están negociando estos días con los representantes de los taxis y de las VTC está la posibilidad de que los automóviles tengan unas medidas mínimas, de manera que siempre se utilicen para este fin berlinas de representación, y no utilitarios convencionales. Los vehículos tendrán que ser siempre ecológicos (híbridos o eléctricos) y el seguro será de cobertura especial (con una cuantía millonaria).
También se podrá establecer una antigüedad mínima de la licencia (de un año) para poder operar en la ciudad, así como la prohibición de parar o estacionar en zonas cercanas a estaciones de trenes y autobuses, así como de hoteles u otros polos de gran atracción. Los conductores deberán tener una formación específica. La normativa prevé un régimen sancionador específico.
En cuanto al polémico asunto de la precontratación con retardo (que tenga que transcurrir un tiempo mínimo, por ejemplo, de 15 minutos desde que se pide hasta que llega), está siendo objeto de discusión actualmente con los representantes del sector.
En cambio, desde la Junta recuerdan que esta medida está provocando problemas en regiones como Aragón, Cataluña, Baleares, País Vasco, Galicia, Valencia y Murcia, donde ya se han regulado los servicios de VTC, con un tiempo de precontratación de 15 a 60 minutos, y que han recibido reclamaciones patrimoniales millonarias por parte de las empresas, que han dado lugar a resoluciones judiciales contradictorias en toda España.
Además, la Comisión Europea ha publicado recientemente una comunicación sobre buenas prácticas regulatorias del sector, que recomienda evitar la precontratación con tiempo o con regreso a la base. En cuestión de días se dará a conocer el listado completo de las limitaciones que establece el decreto ley, «para garantizar la convivencia de VTC y taxis en aras de ofrecer el mejor servicio al ciudadano», en palabras de la consejera de Fomento, Marifrán Carazo. Este periódico intentó ayer sin éxito recabar las opiniones de los representantes de ambos sectores ante la decisión de la Junta.
Desde hace meses, taxistas y operadores de esta modalidad mantienen un tenso tira y afloja con el Gobierno andaluz, que quedó aplazado antes de las pasadas elecciones autonómicas. Una vez formado el nuevo Gobierno, Fomento se ha propuesto que esta sea la primera decisión del mandato, y dada la premura de plazos, puesto que falta menos de un mes para que expire la prórroga que concedió el Gobierno central en 2018.
La última protesta de los taxistas tuvo lugar a finales de julio, a propósito de los conocidos como 'Uber files' (archivos de Uber), una investigación periodística internacional que desveló las malas prácticas de la compañía para expandirse en países como España. El gremio de conductores exige a la Junta «una regulación justa», dijo entonces Miguel Ángel Martín, presidente de Aumat.
Su demanda es que las VTC sólo puedan operar mediante precontratación, con una anticipación determinada; y no como ocurre ahora, que mediante las aplicaciones móviles se pueden pedir inmediatamente, lo cual entra en colisión con el servicio de los taxistas.
Por su parte, las principales asociaciones del sector del coche con conductor, Unauto y Aseval, también reclaman la regulación, pero no están dispuestos a aceptar que la precontratación (única forma en la que estos vehículos pueden operar, a diferencia del taxi que puede captar clientes en la vía pública) se tenga que realizar con un determinado tiempo de antelación, que es la principal exigencia del taxi.
La capital de la Costa del Sol fue una de las primeras ciudades españolas donde se produjo el despliegue de los operadores de vehículos de alquiler con conductor mediante aplicaciones móviles, bajo las marcas Cabify y Uber, en un primer momento; y desde fechas recientes, también Bolt. Desde entonces, el mercado no ha parado de crecer y de extenderse a la Costa del Sol, principalmente en Marbella y su entorno.
Incluso desde principios de este año, Uber cuenta con un espacio exclusivo, con 36 plazas de aparcamiento para operar en el Aeropuerto de Málaga durante dos años, toda vez que la multinacional resultó adjudicataria del concurso impulsado por Aena para la Costa del Sol, Madrid y Barcelona. El espacio de estacionamiento está situado en un lugar privilegiado, justo frente a la salida de la T-3.
Con la nueva normativa de la Junta está en juego el difícil equilibrio entre el sector del taxi tradicional, que se ha visto amenazado –y ha protestado de manera sonora– desde un principio por la llegada de estos nuevos operadores; y las 2.289 licencias de VTC que, según el último balance, están validadas en Málaga. Son dos de cada tres autorizaciones vigentes en toda la región (3.262).
La alta demanda de vehículos por el boom turístico de este verano, y sobre todo durante la pasada Feria de Málaga, pone de manifiesto que ambos servicios deben poder convivir, para beneficio de los malagueños.
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