Nuevas discapacidades que posibilitan la jubilación anticipada: el BOE publica el procedimiento de acceso

Así lo recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) en su publicación de este 7 de mayo. En concreto, según el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la edad mínima de acceso a la pensión de jubilación puede ser reducida en el caso de personas con discapacidad en un grado igual o superior al 65%, o también en un grado igual o superior al 45%. En este último caso, siempre que se trate de las patologías asociadas impliquen una reducción significativa de la esperanza de vida.

Igualmente, la orden publicada en el BOE expone que la constante detección de nuevas patologías, especialmente en el caso de las denominadas enfermedades raras, determina la necesidad de que, lejos de recoger una lista cerrada de patologías, esta sea susceptible de ampliación mediante la incorporación de otras nuevas, generadoras de discapacidad. Si bien, avisa que su contenido está sujeto a revisión periódica.

También indica que la legitimación para solicitar la inclusión de una nueva patología corresponde «en exclusiva» a las asociaciones, fundaciones u otras organizaciones representativas de colectivos afectados por patologías cuya inclusión se solicite.

Por lo tanto, cuando entre en vigor la orden que firma la ministra Elma Saiz, el próximo 1 de junio, las asociaciones podrán plantear a la Seguridad Social la incorporación de nuevas discapacidades. Estas serán estudiadas por una Comisión Técnica, creada en virtud de la nueva norma en la que entre otras instancias oficiales y científicas tendrá presencia el sector social de la discapacidad representado en el Consejo Nacional de la Discapacidad.

Con la aprobación de esta orden, se culmina el proceso de reforma y flexibilización de la una de las modalidades de jubilación anticipada de trabajadores con discapacidad, la del 45%. Esta fue acordada en 2023 entre el ministro Escrivá, responsable de la Seguridad Social en ese momento, y el CERMI, dando así respuesta a una de las recomendaciones del Pacto de Toledo de mejora de la protección social de las personas con discapacidad.