El Colegio de Médicos de Málaga propone prohibir el acceso a centros sanitarios a los agresores

Serían prohibiciones temporales de acceso «no clínico» a los centros del Sistema Sanitario Público de Andalucía, además de crear un registro autonómico de sancionados para hacer efectiva esta medida en toda la red. «El derecho a la asistencia del propio paciente no se toca: si el agresor es paciente, se atenderá en circuitos seguros: citas en franjas con seguridad, acompañamiento del personal, medidas de control», explica.

Trujillo hace un paralelismo con el sistema de sanciones del fútbol. «Hay una constante que duele: en el fútbol, el insulto racista o la amenaza no sólo se persigue penalmente: conlleva vetos de acceso, multas y registros de sancionados que impiden volver a pisar un estadio. En un centro sanitario, en cambio, un empujón, una intimidación grave o una coacción rara vez se acompasan con medidas administrativas que protejan al equipo y al resto de pacientes. Esa asimetría, más que jurídica, es de diseño institucional: el deporte cuenta con una 'lex specialis' (Ley 19/2007 y su Reglamento) que convive con el Código Penal y habilita sanciones rápidas y ejecutables, la sanidad no», reflexiona.

Sin ir más lejos, la Junta de Personal del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria convocó ayer una protesta al denunciar tres nuevas agresiones acaecidas los días 3, 4 y 9 de septiembre, además de exigir medidas como un protocolo para pacientes psiquiátricos, un control efectivo del tránsito de personal y medidas físicas como puertas de seguridad, un correcto funcionamiento de los botones antipánico, la remodelación de los espacios y consultas con vías de escape, entre otras herramientas.

Trujillo, por su parte, desgrana el resto de puntos: solicita una Ley de Convivencia y Seguridad en Centros Sanitarios en Andalucía, inspirada en la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, «con infracciones leves, graves y muy graves: insultos, amenazas, coacciones, daños y perturbación del servicio» y sanciones proporcionales: «Multas, coste de reposición de daños, disculpas públicas cuando proceda y programas reeducativos obligatorios», dice. La clave es que sea «sectorial, homogénea y rápida».

Propone también el vicepresidente del Colegio de Médicos de Málaga que se implanten medidas cautelares inmediatas como la retirada de la tarjeta de acompañante, la expulsión del centro en su condición de visitante y «alerta interoperable» en el sistema de citación, sin «bloquear la atención clínica». La reincidencia debe alargar vetos y elevar sanciones. Además, solicita que exista coordinación con la Justicia, impulsando, cuando proceda, «órdenes de alejamiento de profesionales y centros como penas accesorias en sede penal, lo que complementaría, sin sustituir, la vía administrativa», e indica la necesidad de generar «estándares comunes de seguridad: auditorías periódicas, verificación de identidades en accesos sensibles, botones de alarma, cámaras y formación, con responsabilidad contractual de los proveedores por incumplimientos».

Trujillo aplaude la creación, por parte de la Junta, del Observatorio de Agresiones a los Profesionales Sanitarios. «Como Colegio, apoyaremos que sus recomendaciones se traduzcan en normas y procedimientos efectivos», explica, para recordar que «no se parte de cero. En 2015, el legislador reforzó la protección penal: las agresiones a sanitarios en el ejercicio o con ocasión de sus funciones se encuadran como delito de atentado. Desde 2017, existe además el Interlocutor Policial Sanitario, que ha mejorado la respuesta y la formación preventiva. Son avances reales pero no suficientes, las cifras siguen creciendo y la sensación de impunidad, también».

Recuerda Trujillo que en Málaga se han impulsado «campañas de concienciación como 'Ojalá', visible en los autobuses de la provincia. La pedagogía es imprescindible, el apoyo jurídico y psicológico a los colegas, también, pero la experiencia nos confirma que la sensibilización, por sí sola, no basta». Al elevarse, en 2015, las agresiones a sanitarios a la categoría de atentado (artículo 590 del Código Penal), se dio un gran paso, aunque en los juzgados «asoma una brecha interpretativa»: «Algunos tribunales exigen un umbral de intimidación o resistencia grave difícil de acreditar y restringen el precepto a funcionarios en sentido estricto, dejando fuera a parte de la sanidad privada. El resultado es un mosaico de penas (condenas que no superan los dos años, multas y suspensiones), que no disuade». Llama, así, a «cerrar la grieta, redefinir el 550 para hablar de profesionales sanitarios (públicos y privados) en acto asistencial, objetivar la gravedad y acompañar la vía penal» de una Ley de Convivencia Sanitaria que habilite vetos administrativos a los visitantes agresores, registros de sancionadores y programas reeducativos.

«Como colegio, seguiremos acompañando a cada colega agredido, exigiendo al SAS y a Interior el máximo despliegue del Interlocutor Policial Sanitario y sosteniendo campañas como 'Ojalá', pero sin una segunda capa sancionadora sectorial, el agresor seguirá calculando que sale a cuenta. Del estadio al centro sanitario, traslademos lo que funciona: certeza de castigo, orden en los accesos y cultura de respeto. Es la única manera de devolver a la consulta lo que nunca debió perder: seguridad para quien cura y para quien se cura», concluye.