Interior negocia ya el convenio que permita a la Policía Local llevar casos de malos tratos

El anuncio lo hizo ayer el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, durante su visita a Málaga para asistir al acto por el 25 aniversario de la cárcel de Alhaurín de la Torre. El número dos de Interior manifestó que hay «voluntad de firmar un acuerdo bilateral en materia de Policía Judicial. El alcalde, Francisco de la Torre, aseguró que este tema «quedará resuelto en muy pocos días».

La Secretaría de Estado ya ha revisado el convenio propuesto por el Ayuntamiento de Málaga y, según ha podido saber SUR, sólo hay que limar «algunos flecos» para la firma. El compromiso alcanzado ayer es que ambas instituciones retomen las negociaciones la semana que viene para consensuar el documento y establecer la hoja de ruta que devuelva a la Policía Local estas competencias.

Respecto a la tardanza, Nieto reconoció que Interior lleva «mucho tiempo» en conversaciones con el Ayuntamiento de Málaga, pero aclaró que el anterior ministro trató de hacer una ley de coordinación con las policías locales «que no fue posible porque no existía el consenso necesario» y después vinieron «los 11 meses de gobierno en funciones», apostilló. «Estoy seguro de que dentro de muy poco no se hablará de conflicto sino de un trabajo en coordinación absoluta y en beneficio de los ciudadanos».

La concejala del PSOE Estefanía Martín Palop criticó que dos administraciones del mismo signo político no hayan sido capaces de solucionar con agilidad esta situación, que a su juicio supone un «paso atrás», ya que la Policía Local «se percibe como más cercana, está en los barrios y es indispensable en la lucha contra la violencia machista». Y añadió: «Exigimos que nos expliquen por qué no existe un convenio que se podía haber firmado desde 2006 (cuando empezó a aplicarse el programa Viogen) y que ya tienen otros ayuntamientos como Mijas, Estepona, Archidona o Álora».

El edil de Seguridad, Mario Cortés, rechazó esa posible falta de agilidad y dijo que se podrá «achacar a muchos factores, pero nunca al Ayuntamiento». Además, recordó los 11 meses de gobierno en funciones «por el No es no de Pedro Sánchez» y precisó que no está negociando un acuerdo parcial, sino «un marco jurídico que dé garantías a los policías locales».

Los organismos implicados en la lucha contra la violencia de género han considerado esta decisión una «pérdida de recursos que irá en perjuicio de las víctimas», como afirmó la directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IMA) en Málaga, Rosa del Mar Rodríguez, quien agregó: «Justo cuando se acababa de lograr un pacto de Estado, se da un paso atrás porque en la práctica falta coordinación». La responsable del IAM subrayó que, si es un problema administrativo, hay que «agilizar la solución», y resaltó que no han recibido ni una sola queja sobre el trabajo de la Policía Local: «Todo lo contrario, las usuarias lo que muestran es satisfacción».

La presidenta de la plataforma Violencia Cero , Sagrario Nieto, se pronunció en el mismo sentido: «Me parece ilógico que no puedan actuar en esta materia cuando es tan fácil como inscribirse en Viogen. Todo el esfuerzo de estos años para formar a esos profesionales de la Policía Local se va a perder. Es un desperdicio. Si estamos denunciando falta de medios, ¿cómo se puede desperdiciar un recurso que además funciona estupendamente?».

Las reacciones entre los sindicatos policiales no se han hecho esperar. La UPLB emitió ayer un comunicado mostró su rechazo ante la decisión de la comisión, que «no genera más que inseguridad en el ciudadano», y que achacó a «meras desavenencias personales con algunos altos cargos de la Policía Nacional», y no a la calidad o errores en los atestados.

El secretario general del SIP-AN en Málaga, Miguel Troyano, lo consideró un «conflicto de competencias» y auguró que en breve va a ser la propia Policía Nacional la que les pida que echen una mano, «porque no tienen plantilla suficiente». Su opinión también la comparte Susana Corrales, secretaria general en Málaga de la UFP sindicato de Policía Nacional, que reconoció que la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la comisaría malagueña está «desbordada», y aportó un dato: «Cada compañero atiende a una media de 100 víctimas. Esta decisión no es seria. Es un tema muy sensible y deberíamos estar todos a una, prestando el mejor servicio a las mujeres independientemente del Cuerpo que lo haga». Los representantes del SUP Manuel Expósito y de la CEP Juan Carlos Gil, también de Policía Nacional, coincidieron en que esto supondrá «una mayor carga de trabajo», aunque se remitieron a la ley orgánica 2/86 que establece las competencias de los cuerpos. «Espero que esto ayude a que venga más personal a Málaga, como venimos reclamando desde hace tiempo», concluyó Expósito.