Conflicto policial tras quedarse los agentes locales sin la competencia en malos tratos

La decisión no sólo ha caído como un jarro de agua fría sobre el medio centenar de agentes del Grupo de Investigación y Protección (GIP) de la Policía Local, especializado en este tipo de casos, sino que además ahonda en la brecha generada por la guerra de competencias entre cuerpos. Aunque en la Comisaría Provincial niegan la existencia de un conflicto y aseguran que tan sólo se han denunciado «anomalías» en la instrucción de estos procedimientos, en la Policía Local lo consideran un duro revés que supondrá una «pérdida de recursos» en la lucha contra la violencia machista, «cuando el clamor social es precisamente que se vuelquen en este tipo de casos».

La decisión de la comisión provincial se ha plasmado en un escrito de cuatro páginas, al que ha tenido acceso SUR, dirigido al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. En el documento, los miembros de este órgano de coordinación presidente de la Audiencia, juez decano, fiscal jefe y mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, aunque pueden invitar a otros asistentes trasladan al regidor su «preocupación» por lo que consideran una «extralimitación de competencias en algunas de las actuaciones llevadas a cabo por la Policía Local, en materia de Policía Judicial, tema tratado en repetidas ocasiones en estas reuniones».

Según el informe, han sido los responsables de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría Provincial los que han planteado la necesidad de un convenio de colaboración entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con las policías locales. En el caso de Málaga, como reconoce el documento, el Ayuntamiento ya pidió incorporarse a ese convenio, pero su solicitud se encuentra en trámite desde hace ya un año en la Secretaria de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior.

Entre tanto, la comisión considera que la actividad de la Policía Local en materia de Policía Judicial es «repetida y preocupante en áreas tan delicadas como violencia de género, en el ámbito familiar y actuaciones con menores». Respecto a los malos tratos, destaca que no tiene suscrito el convenio de colaboración en materia de protección para las víctimas de violencia de género (Viogen), lo que provoca «irregularidades en la tramitación de atestados, presentación de detenidos, así como en el debido control y seguimiento obligatorio a las víctimas para determinar los niveles de riesgo y evitar su desprotección».

Evaluación del riesgo

En este sentido, el documento pone también el acento en la nueva instrucción de la Secretaría de Estado, que especifica «importantes modificaciones» sobre el protocolo para valoración de riesgo y la gestión de la seguridad de las víctimas. «Al carecer de competencia en materia de violencia de género, no pueden acceder a la aplicación Viogen y dar garantía de protección integral a las personas que denuncien, por lo que los atestados llegan a los juzgados de violencia sobre la mujer sin haberse realizado una valoración del riesgo, que es hecha por el personal de la UFAM de la Policía Nacional con posterioridad, suponiendo una segunda victimización para la denunciante», recoge el escrito, que añade: «Se han dado casos de verdadero riesgo para víctimas que, tras su posterior valoración han resultado ser de riesgo alto e incluso extremo, cuya integridad personal ha quedado en evidente riesgo».

Desde la Jefatura de la Policía Local han mostrado su rechazo sobre ese hipotético riesgo derivado de su actuación y afirman que «en ningún momento» se ha dejado a una víctima desprotegida. Asimismo, recuerdan que el medio centenar de agentes del GIP presta servicio «durante las 24 horas y los 365 días del año», en coordinación con el Servicio Urgente de Atención a la Mujer Maltratada (SUAMM) y los servicios sociales, «tratando de evitar precisamente esa segunda victimización». Las estadísticas facilitadas por este Cuerpo reflejan que en los últimos cinco años han atendido 1.735 denuncias, con 1.465 detenidos, lo que se acerca una media de una al día.

No obstante, desde la Jefatura municipal aseguran que se va a acatar desde hoy mismo la resolución de la comisión de Policía Judicial, trasladando a víctima y detenido a las dependencias de la Comisaría Provincial, aunque sostienen que la Policía Local estará disponible para actuar «siempre que la requiera cualquier mujer» ante un caso flagrante de violencia machista.

La decisión ha provocado un gran malestar en el GIP (antes Gemac y Brigada K), que llevaba instruyendo estas denuncias desde hace casi dos décadas y dispone de un equipo de agentes especializado en malos tratos y menores. El escrito del órgano de coordinación recuerda a la Policía Local que las reseñas fotográficas a adolescentes infractores suponen una «vulneración» del protocolo de actuación policial con menores. El documento insiste en que «la confección y tenencia de álbumes fotográficos de menores detenidos corresponderá a los grupos especializados en su tratamiento y a las unidades de investigación en esta materia».

Por todo lo anterior, la comisión de Policía Judicial urge al alcalde sobre la necesidad de que «la Policía Local de Málaga se limite a lo establecido legalmente» y se coordine con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, «presentado a víctima y en su caso autor, si lo hubieren detenido», en la comisaría o la comandancia para que instruyan allí el atestado.