La provincia de Málaga suma hasta 15 vertederos incontrolados

La Axarquía es uno de los principales puntos negros. Nerja, Vélez-Málaga, Sayalonga, Torrox, Almáchar y Benamargosa cuentan con vertederos ilegales. En la localidad más oriental tienen uno de las de mayor envergadura, en la antigua cantera del río de la Miel, que ocupa más de 60.000 metros cuadrados. Desde hace más de una década se vienen vertiendo todo tipo de residuos en un entorno protegido, que linda con el parque de las Sierras Tejeda, Almijara y Alhama. Agreca y ecologistas han denunciado esta situación ante el Ayuntamiento «en repetidas ocasiones», al igual que la Consejería de Medio Ambiente.

El concejal del área, Jorge Bravo (IU), reconoce que hay que buscar una solución y evitar que se sigan vertiendo escombros. No obstante, abogó por restaurar el entorno «cuanto antes». El gerente de Agreca, Pablo Pérez, dijo que han planteado en varias ocasiones al Consistorio instalar en la zona una planta de tratamiento, sin obtener respuesta. En el caso del barranco del Viejo, en el límite con Frigiliana, se trata de un vertedero de casi un kilómetro. El Ayuntamiento ha pedido ayuda a la Junta, por entender que es una zona de su competencia.

En Vélez-Málaga, según Agreca, hay al menos tres zonas de vertidos importantes. Una de las más grandes está en Lagos, un barranco en el que se acumulan toneladas de plásticos de invernaderos y donde en los últimos años se han producido varios incendios considerables. A pesar del parón del sector inmobiliario, lo cierto es que la responsabilidad de las administraciones locales en la proliferación de estos vertederos es evidente, toda vez que desde 2008 es obligatorio hacer un uso eficiente y racional de los residuos procedentes de las obras de construcción y demolición.

En concreto, así lo establece el Real Decreto 105/2008 y el decreto andaluz 73/2012, que obliga a los ayuntamientos a controlar los vertidos y a exigir a los promotores de cualquier obra, ya sea una empresa o un particular, una fianza para garantizar que los escombros resultantes son tratados convenientemente. La legislación andaluza estipula que la entrega de esa fianza debe ser un requisito imprescindible antes de conceder cualquier licencia municipal de obras. Y sólo una vez que se demuestre que esos escombros han sido gestionados correctamente, los ayuntamientos devuelven la cantidad estipulada que depende del tipo de obra. Según estiman desde Agreca, apenas una docena de ayuntamientos de la provincia están aplicando las normativas, a pesar de que la disposición transitoria de la Junta que entró en vigor en abril de 2012 daba a los ayuntamientos un plazo de dos años para adaptarse y un año para exigir los avales como condición sine qua non para pedir una licencia de obras. Para Agreca, Coín, Marbella y Rincón de la Victoria destacan por ser los más cumplidores.

Hasta 300 puestos de trabajo

«No se está haciendo y hay unos 300 puestos de trabajo en juego», dice Pérez. El incumplimiento de estas normativas no sólo genera un problema medioambiental, sino también económico, pues está llevando a la quiebra a la mayoría de las plantas autorizadas para la recogida y tratamiento de estos residuos.

El problema, a juicio del gerente de Agreca, es que «los ayuntamientos creen que es una medida impopular entre sus vecinos, pero hay que cambiar la concienciación de los políticos, porque no se trata de un impuesto si no de la forma de evitar los vertederos ilegales». Pero también la garantía de supervivencia de la decena de plantas de tratamiento que hay en la provincia y que, como consecuencia de esta situación, apenas reciben restos de obras que tratar.

El colectivo ha pedido ayuda a la Junta para que los ayuntamientos cumplan con la ley «de una vez por todas, y nos consta que se les ha notificado a todos», dice Pérez. Desde Agreca se ofrecen a prestar los medios necesarios para que elaboren las ordenanzas municipales donde se recojan la obligatoriedad de estos avales. El último consistorio que ha anunciado su intención de modificar la ordenanza es el de Vélez-Málaga.

Este ayuntamiento comenzó a gestionar en la pasada legislatura la construcción de una planta de inertes en la Finca La Pola, que es de propiedad municipal, con la ayuda económica de la Diputación. Sin embargo el proyecto no ha salido adelante, ya que la Junta lo informó negativamente debido a la existencia de un arroyo en la zona. El diputado provincial de Sostenibilidad, Francisco Delgado (PP), lamentó que la Administración andaluza haya frenado «un proyecto positivo» para la comarca.

La comarca de Antequera es otro de los grandes puntos negros. Según Agreca hay vertederos ilegales en Villanueva de la Concepción (en una antigua fábrica), entre Villanueva de Algaidas y Villanueva de Tapia (otra antigua fábrica de hielo de 5.000 metros cuadrados), Sierra de Yeguas, Villanueva del Trabuco y Alameda.

Por su parte, en Mijas, aunque no existen vertederos incontrolados de grandes dimensiones, sí hay numerosos puntos negros donde se producen vertidos. Los principales son: el río Gomenaro y los arroyos Manzanilla, Pajares y María Barranco. En Ronda el punto-limpio dispone de ocho contenedores y cuenta con una superficie de 3.000 metros cuadrados. Cerró 2105 con más de 80.000 kilos de escombros; más de 25.000 de maderas; y más de 18.000 de material electrónico, entre otros.

En Cuevas Bajas se construyó una planta con fondos de la UE, pero ha estado abierta sin control. No dispone de personal ni medidas contra incendios y ha recibido varias denuncias por parte de los ecologistas. En la actualidad se encuentra cerrada y sólo trabaja a demanda. En Archidona se ha cerrado recientemente una planta de tratamientos de escombros, tras un expediente de la Junta de 24.000 euros, por carecer de permisos. Sierra de Yeguas ha sacado a concurso el sellado definitivo de la escombrera municipal, por 120.000 euros.