Los vertederos de Málaga se llenarán en diez años

El concejal de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, señala que la fecha tope marcada en el calendario de Los Ruices es 2025, aunque si se aprovecha parte de la zona que en principio se reservó para el tratamiento de escombros que a causa de la crisis está teniendo menos uso del previsto habría «algún año más de margen». Pero no sólo Málaga capital se expone al vértigo de no tener donde volcar sus desperdicios. El mismo problema afecta a los 89 municipios de la Axarquía y el interior de la provincia que transportan su basura hasta los centros ambientales de Valsequillo (Antequera) y Casarabonela, dependientes del Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos (RSU). El gerente de este organismo dependiente de la Diputación, Daniel Sánchez, confirma que el vertedero de Casarabonela será clausurado este año, al igual que ya lo fueron el de Ronda y el de La Viñuela tras agotar su capacidad. «En Valsequillo, que es donde se va a concentrar toda la basura, tenemos un horizonte de 12 años si se mantiene el ritmo actual de generación de residuos», afirma.

El único centro ambiental que no tiene estos problemas de capacidad es el de Casares, que da servicio a toda la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. El vicepresidente de este organismo, José Antonio Gómez, afirma que la tercera cúpula del vertedero durará unos ocho años más y anuncia que ha dado orden de «empezar a trabajar junto a la concesionaria, Urbaser, con miras a la ampliación del complejo». «Tenemos terreno suficiente para crear un cuarto y un quinto espacio de vertido, que darían para cubrir las necesidades de los municipios de la Costa del Sol occidental durante 40 ó 50 años más», añade.

Exceptuando, pues, la costa occidental, ¿qué harán con la basura el resto de municipios de la provincia dentro de diez años? Lo cierto es que no hay una respuesta, sencillamente porque aún no se ha abordado esta pregunta. La Fundación Ciedes quiso poner el problema sobre la mesa hace tres años y encargó un informe a dos catedráticos de Ingeniería Química de la Universidad de Málaga, que fue objeto de debate en el VI Foro Metropolitano de Alcaldes. «Lo presentamos, tuvo buena acogida y se consensuaron una serie de líneas de acción, pero después no se ha hecho nada», revelan Francisco García Herruzo y José Miguel Rodríguez Maroto, autores del citado estudio.

Tanto el Ayuntamiento de Málaga como el Consorcio Provincial de RSU y la Mancomunidad de Municipios de la Sosta del Sol Occidental reconocen la necesidad de definir el futuro de la gestión de los residuos urbanos, pero también admiten que no tienen planes de hacerlo a corto plazo. Y García Herruzo advierte: «Diez años parecen muchos, pero la búsqueda de alternativas y la tramitación de los proyectos pueden agotar ese tiempo». El propio edil de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Málaga le da la razón: «Hay que definir el modelo antes de que se venga el tiempo encima. Y nosotros abogamos por una solución supramunicipal: crear un centro de tratamiento integral de residuos sólidos urbanos para toda la provincia o el área metropolitana», explica.

Hay un punto de partida en el que todos están de acuerdo: nadie quiere más vertederos. Ni los ayuntamientos, que saben que les provocarán problemas con los vecinos; ni la Unión Europea, que marca que en 2020 ya no se utilicen los vertederos como opción de gestión de residuos. Y es que la jerarquía que ha establecido la UE para el tratamiento de las basuras sitúa el vertido como última opción. El orden que se establece es: prevención, preparación para la reutilización, reciclado, otro tipo de valorización (que incluiría la energética) y, por último, vertido. «España tiene un largo camino por recorrer hasta llegar a esa meta, puesto que el 60% de los residuos locales acaban en vertederos, cuando en países como Alemania o Holanda es menos del 5%», advierte Alberto Martínez Villar, biólogo experto en educación ambiental.

Y si más vertederos ya no son admisibles, ¿qué alternativas hay? El estudio publicado por la Fundación Ciedes marca un camino: «Debe realizarse un cambio en el modelo actual de gestión, potenciando la reducción, la reutilización, el reciclaje y la valorización de los residuos urbanos». «Por un lado hay que incrementar el porcentaje de reciclado de papel, vidrio y envases y para eso hace falta incidir en la concienciación ciudadana y, en algunos municipios, aumentar la red de contenedores», afirma Rodríguez Maroto. Por otra parte, y entrando de lleno en el contenedor gris, el informe señala la necesidad de mejorar el compostaje de los residuos orgánicos.

El compostaje es un proceso de fermentación de los residuos orgánicos para obtener compost, es decir, abono. En los tres grandes centros ambientales de la provincia hay plantas de compostaje. «El problema es que la calidad del producto obtenido no es apropiada para su salida al mercado debido al alto contenido en impropios (materiales no orgánicos) que lleva», argumentan los profesores de la UMA. Y es que los residuos orgánicos llegan en las bolsas de basura mezclados con todo tipo de desechos, por lo que pese a que se someten a un proceso de depuración, es inevitable que el producto final tenga componentes intrusos. «Nadie quiere el compost. De hecho, se lo damos gratis a quien se lo lleve», reconoce el gerente del Consorcio Provincial. Le dan la razón sus homólogos de Málaga capital y la Mancomunidad de la Costa del Sol Occidental. Lo paradójico es que si nadie se lo lleva, a los dos años ese compost que ha costado tiempo y dinero elaborar acaba en el vertedero.

Para conseguir un compost de mayor calidad y por tanto comercializable, los expertos aconsejan introducir la recogida selectiva de residuos orgánicos. Pero los ayuntamientos no quieren ni oír hablar de un quinto contenedor. «Con los medios que tenemos ahora mismo no sería viable», afirma Raúl Jiménez.

Para los residuos que no son reciclables ni compostables, los autores señalan un sistema que hasta ahora es inédito en Málaga y Andalucía: la valorización energética. Es decir: quemar los residuos de forma controlada en instalaciones especiales para obtener energía y gas. Este es el sistema que rige en los países más avanzados de Europa. Sin embargo, en España sólo hay plantas de valorización «de Madrid para arriba», apunta García Herruzo. Esto es así por dos motivos principales: el alto coste de estas instalaciones y la leyenda negra que las rodea «sin motivo real», advierten los autores del estudio de Ciedes. «Algunas organizaciones ecologistas han difundido la creencia de que son contaminantes y peligrosas para la salud, pero la realidad es que una incineradora contamina menos que la flota de autobuses de una ciudad», apunta el experto, que resalta los «hiperexigentes» requisitos de seguridad que marca la UE para estas instalaciones. «Hoy son tan seguras que se instalan dentro de las ciudades. En París hay una que no está lejos de la torre Eiffel. Y en Alemania, su máximo impulsor han sido Los Verdes cuando han dirigido el Ministerio de Medio Ambiente», añade.

El informe de Ciedes recomienda la construcción de una planta de este tipo, que sería capaz de procesar toda la basura de la provincia (unas 300.000 toneladas al año). De hecho, plantea algo más ambicioso: que dicha planta forme parte de un «Centro Integral de Valorización de Residuos estratégicamente situado, en el que se contemple tanto el ahorro en el transporte de los residuos, como cubrir las cantidades mínimas exigidas para los nuevos sistemas de gestión». Una solución que va en línea de la «solución supramunicipal» que plantea el Ayuntamiento de Málaga. El gerente del Consorcio Provincial reconoce que la valorización energética «es el futuro», pero también que la situación financiera actual «impide plantearse la instalación de una planta así» por su alto coste: a partir de 120 millones de euros. Pérez cree que aún «hay margen», pues un proyecto así tardaría «cinco o seis años» en hacerse realidad. Los autores del informe son menos optimistas y advierten de que lo normal es que entre tramitación y construcción se alargara hasta diez años. Para José Miguel Rodríguez Maroto, es «una cuestión de prioridades». Y añade: «Dentro de diez años no sé quién gobernará, pero sí sé que tendremos un problema con la basura».