Ocho claves del proyecto para el Astoria

Tras la renuncia del actor Antonio Banderas a desarrollar el proyecto de teatro y zona comercial, diseñado por el arquitecto José Seguí, con el que ganó un concurso de ideas convocado por el Ayuntamiento el año pasado, el equipo de gobierno municipal buscó cuáles de las propuestas que se presentaron a ese concurso (de arquitectura y modelo de negocio) contaban con un respaldo empresarial solvente detrás. Al no ser requisito del concurso disponer de ese respaldo, fueron pocas las iniciativas de las que pudo echar mano el Consistorio para salvar esta apuesta por dar una salida a la manzana del Astoria, que supuso un coste de 21 millones de euros para las arcas municipales hace siete años. Tras analizar las diferentes ideas, únicamente quedaron tras la criba la opción de los empresarios cordobeses que hace cinco años ya propusieron levantar en el Astoria un mercado gastronómico con usos culturales, y otra para realizar un centro deportivo. El gobierno local se decantó finalmente por la idea de los empresarios cordobeses, proponiéndoles que solicitaran la concesión del suelo para abrir un proceso de pública concurrencia que tenga como base su proyecto. Esa solicitud es la que formalizaron la semana pasada ante la Gerencia Municipal de Urbanismo.

El proyecto bautizado como Málaga All Space está promovido por un grupo de empresarios que en Córdoba gestionan el mercado gourmet de la Victoria. Al frente de la iniciativa está el empresario Jorge Barbancho Cornejo, que ostenta cargos directivos en una veintena de sociedades, la mayor parte de ellas con sede en Córdoba, relacionadas con el mundo de la hostelería y de la promoción inmobiliaria. Según fuentes consultadas, también posee negocios en las Islas Baleares. En el caso del Astoria, se apoya en otras empresas también cordobesas. Se trata de la agencia musical Riff Producciones y de la organizadora de eventos Activa Congress.

Pretenden desarrollar el proyecto con el que participaron en el concurso de ideas y en el que resultaron merecedores de uno de los accésit del jurado y de la tercera posición en cuanto a las 3.565 votaciones que se recabaron por Internet. El concurso dejaba abierta la posibilidad de vulnerar las normas urbanísticas establecidas para la parcela, para dar libertad a los participantes a la hora de plantear sus propuestas, de ahí que muchos de ellos optaran por obtener más metros cuadrados de usos lucrativos con incrementos de superficie que pasaban por superar la altura permitida o profundizar en el subsuelo. En el caso de la propuesta de los empresarios cordobeses, la pieza clave de su planteamiento es realizar un auditorio con capacidad para 1.198 localidades que estaría totalmente soterrado y requeriría una excavación hasta los diez metros de profundidad. Sobre esta sala para conciertos y eventos se levanta el resto del edificio, diseñado por los arquitectos Alberto García Marín y Juan Manuel Sánchez La Chica, en el que ha desaparecido el concepto de mercado (que es actual uso de la parcela) en favor de negocios de hostelería gourmet, interrumpidos en la segunda planta con 1.335 metros cuadrados para uso de la Fundación Picasso. El edificio propuesto, con una planta baja muy permeable y coronado por una terraza ajardinada a modo de mirador, no supera en altura los edificios de la acera norte de la plaza de la Merced, pero sí rebasa la huella actual de los cines. Estas características obligan a tramitar una modificación del planeamiento urbanístico del Centro que puede durar al menos un año.

El procedimiento para modificar el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Centro Histórico y ajustarlo a la propuesta de Málaga All Space tendrá que ser tramitado por la Gerencia Municipal de Urbanismo hasta su aprobación definitiva por el pleno del Ayuntamiento. No obstante, requiere informes vinculantes de la Junta de Andalucía y de los técnicos del propio Ayuntamiento que serán claves para que pueda prosperar esta idea, que inicialmente vulnera la obligación de habilitar plazas de aparcamiento para los usos comerciales o lucrativos en edificios de nueva construcción no ubicados en zonas peatonales. El Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) obliga a habilitar al menos una plaza por cada 10 localidades en el caso de teatros de más de 500 butacas, por lo que –sin tener en cuenta las reservas precisas para la superficie comercial-hostelera– serían más de 119 los estacionamientos con los que al menos debería contar una construcción de estas dimensiones.

El PGOU exime de tener que realizar aparcamientos en el caso de que haya que preservar restos arqueológicos. En el supuesto de que los hallados bajo los antiguos cines –cuya excavación no se ha completado aún en la parte del Victoria– pudieran ser retirados para permitir la excavación del auditorio, su construcción tendría que salvar la obligación de habilitar el ‘parking’, para lo que se tendría que hacer una excepción.

A partir de la solicitud de la concesión de las parcelas de los antiguos cines realizada por los empresarios, el equipo de gobierno municipal debe recabar informes técnicos internos que avalen que se trata de un proyecto de interés público para la ciudad y que, por lo tanto, puede ponerse en marcha mediante un procedimiento de concurrencia competitiva. Así, una vez que la Junta de Gobierno Local declare el interés de la actuación, se pondrán en marcha los trámites para convocar un concurso público de forma que otros empresarios puedan pujar también por realizar la propuesta de Málaga All Space. Aunque desde Urbanismo se ha lanzado la posibilidad de lanzar ese concurso en paralelo a los trámites para modificar el PEPRI Centro, todo apunta a que no se convocará hasta que este procedimiento haya culminado para tener garantías de que el proyecto encaja en la normativa urbanística que por ahora incumple. En ese concurso público que tomará como base la idea de los empresarios cordobeses, el Ayuntamiento deberá establecer por cuántos años se establece la concesión del suelo (en el concurso de ideas se apuntó un periodo de 35 años) y la cuantía del canon económico que tendrán que abonar anualmente los futuros adjudicatarios de la parcela.

Los empresarios han calculado una inversión total de 21 millones de euros para poner en marcha su proyecto. Este montante lo cubrirían con siete millones de euros de recursos propios y 11 millones de financiación externa de la que no han detallado su procedencia. Asimismo prevén facturar seis millones de euros cada año y gastar unos cuatro millones, lo que deja un margen de beneficios de unos dos millones de euros del que habría que restar el canon anual.

La principal diferencia del proyecto actual con el de Antonio Banderas es que se centra en explotar una línea de negocio basado en los conciertos de música en directo durante todo el año, frente a la apuesta del actor malagueño por crear un centro de formación en artes escénicas que contaría con figuras de primer nivel internacional y dispondría de una sala con capacidad para 600 espectadores. Ambos planteamientos comparten que requieren de una modificación del PEPRI Centro para ajustar sus dimensiones. En el caso de la idea de Banderas, únicamente planteaba un semisótano para restos arqueológicos, aulas y usos complementarios, pero superaba la altura permitida sobre rasante. Además, las dos ideas se apoyan en la hostelería como fórmula comercial para garantizar la viabilidad económica del proyecto, y también comparten la tramitación prevista a través de un concurso público hecho a medida de la actuación presentada, cuestión que fue criticada en el caso de la propuesta de Banderas y que, sin embargo, no ha sido reprochada ahora.

Cabría la posibilidad de que finalmente no fuera posible realizarse el auditorio soterrado en el que los empresarios de Málaga All Space fundamentan su proyecto. ¿Qué pasaría entonces? Cuestionado al respecto, el empresario Jorge Barbancho admitió que supondría un varapalo para la actuación tal y como ahora está planteada, aunque se mostró abierto a, llegado el momento, reconsiderar el proyecto y buscar «otra idea» que pueda encajar dentro de lo que sea factible legalmente de realizar en la parcela.