Málaga intentará evitar el centro de internamiento de menores que rechazan los vecinos de Jarazmín

La Fundación Diagrama Intervención Psicosocial, con sede en Murcia, es la promotora de esta operación para habilitar un Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) que pretende gestionar para la Consejería de Justicia de la Junta, mediante un concurso público. El Gobierno andaluz lo llegó a adjudicar el año pasado a esta entidad pero después tuvo que declararlo desierto al no contar Diagrama con los permisos urbanísticos necesarios para dar uso al complejo que se levantó para residencia de mayores. El pasado mes de febrero, la Consejería de Justicia anunció oficialmente que iba a repetir el concurso a lo largo de este año.

Tras las alegaciones presentadas por vecinos a título particular, varias comunidades de propietarios y también asociaciones vecinales como las de El Candado, Atalaya de Jarazmín, Jarazmín y Cultural El Palo, el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, ha admitido que «no nos agrada mucho» la ubicación elegida para este centro de internamiento, y que van a plantear a la fundación que lo promueve «que busquen alternativas de ubicación con menos impacto vecinal».

No obstante, López ha reconocido que, legalmente, no puede evitar dar curso a la autorización solicitada por Diagrama y que, como informó SUR, ya cuenta con un informe favorable de la Consejería de Fomento y Ordenación del Territorio. «Lo más razonable es que los promotores se den cuenta del rechazo vecinal que provoca su proyecto y que planteen alternativas», ha insistido el edil.

La fundación que está detrás de este proyecto no es todavía dueña del edificio, pero sí tiene inscrito un derecho de opción a compra sobre la construcción, que es propiedad de la sociedad local Anejara Service. Su intención es ofrecer a la Junta el servicio para la «guarda, reeducación e inserción de menores infractores en centros de internamiento en la provincia de Málaga», para lo que desde la Consejería de Justicia se piden unas instalaciones con capacidad para 50 plazas, con un presupuesto de más de 21 millones de euros a abonar por la Junta a la adjudicataria.

Diagrama argumenta que su iniciativa evitará que los menores infractores condenados a medidas correctoras tengan que cumplirlas en otras provincias, ya que «no existe en Málaga ningún centro que cumpla con esta función reeducadora», después de que cerrara sus puertas el año pasado el que existía en Torremolinos.

Por su parte, los vecinos de Jarazmín rechazan convivir con ese centro de internamiento de menores. «Es una zona residencial con familias con niños pequeños. Cuando le digan a algunos de los internos que pueden salir unas horas, se van a quedar por esta zona porque aquí no hay buena conexión de autobuses con el Centro, así que vamos a tener a gente con delitos muy graves deambulando por nuestro barrio», explica Luis Jiménez, residente en una de las urbanizaciones de la zona desde hace dos años. «Esto es un problema gordo para todos nosotros, generará mucha inseguridad, no es lógico que lo permitan aquí», añade.

En el mismo sentido, Yolanda Fernández, vecina de Atalaya de Jarazmín, considera que «la seguridad de los residentes de esta zona se va a ver muy mermada» en el caso de que finalmente se ponga en marcha el centro de internamiento de menores en el complejo que se construyó para residencia de mayores. Esta vecina es además empleada del despacho de abogados GVA Gómez-Villares y Atencia, que ha elaborado algunas de las alegaciones que ha recibido el expediente en Urbanismo. En ese sentido, Yolanda asegura que «después de un riguroso estudio de la doctrina, la normativa urbanística y la jurisprudencia, el proyecto incumple aspectos muy sustanciales del ordenamiento jurídico aplicable; y solamente por ese motivo lo razonable sería la inadmisión de la implantación».