La Junta desbloquea un proyecto de VPO que planeó hace más de 15 años en el Centro de Málaga

Como ha venido informando SUR, a principios de año, en el mes de enero, desde la Consejería de Fomento se informó de que en breve se pondría en marcha ese concurso para que un inversor privado ejecute las obras y venda las viviendas, a cambio de ceder algunas a la administración regional, lo que se denomina como un modelo de 'permuta'. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando ese concurso se va a poder activar tras superar un último inconveniente.

Se trata de un trámite administrativo relacionado con la licencia de obras, que requería resolver la cesión de una parte del suelo para un vial ya existente al Ayuntamiento de Málaga y su inscripción en registro. Ese asunto fue detectado por los técnicos de la administración a principios de este año y ya ha sido solventado, por lo que todo está a punto para la convocatoria del concurso que dará pie al desarrollo del proyecto.

Diseñada por el estudio del arquitecto Luis Machuca, que ha modificado el proyecto para introducirle un sótano con 50 aparcamientos, respetando los restos arqueológicos que aparecieron en el solar, la actuación prevé medio centenar de VPO en régimen de venta, de las que 41 serán de dos dormitorios, seis de tres dormitorios, y tres de una habitación.

La empresa que asuma esta intervención tendrá que afrontar una inversión de 5,6 millones de euros para la que se ha estimado un plazo de ejecución de casi dos años desde que se inicien las obras. No obstante, contará con la ventaja de que la Junta se la cederá con proyecto, licencia de obras y calificación provisional de las viviendas.

Por otro lado, Patricia Navarro ha informado de que, desde que el PP llegó al gobierno de la Junta en 2019, se han recuperado 288 viviendas protegidas ocupadas de manera ilegal en la provincia para ponerlas a disposición de familias que las necesitan. En el caso de la capital, han sido 156 los pisos recuperados (unos 25 al año) por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) por estar habitados de forma ilegal, por albergar inquilinos que no han abonado el alquiler pese a numerosos requerimientos y ofrecimientos de la Junta, y por intervenciones policiales que han detectado que las viviendas se usaban para la comisión de actividades delictivas, relacionadas en su mayor parte con el tráfico de drogas.

«Tenemos como prioridad regularizar el uso de la vivienda social», ha manifestado la delegada del Gobierno andaluz, acompañada por la delegada de la Consejería de Fomento, María Rosa Morales, y el director provincial de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, Juan Jesús Bernal. Navarro ha señalado que la Junta ha invertido más de medio millón de euros en obras de reforma de pisos sociales 'okupados' para ponerlos a disposición de nuevas familias, y ha recordado que van a ser excluidos del registro de demandantes de VPO las personas condenadas por haber efectuado una ocupación ilegal.

Asimismo, ha indicado que Fomento adjudicó a principios de año un contrato para poner en marcha un servicio de verificación del uso social de las viviendas públicas por valor de 7,5 millones de euros para reforzar a nivel regional la inspección de la AVRA, que gestiona 7.290 viviendas protegidas en la provincia.