Cientos de personas dicen no a la caza en Málaga: «La voz de los que no tienen»

«Si tengo un bodeguero en mi casa lo tengo que tener en condiciones porque la ley me denuncia y sanciona, pero un cazador puede tener 50 en una finca a la que va dos veces en semana y les echa un poco de pan y un poco de agua», apuntó Sierra, quien asegura que tiene vídeos y pruebas de esta situación. Además, según la citada ley, los criadores y cazadores son los únicos que pueden dedicarse a la cría. Una actividad que, según estos activistas, no debería permitirse. «De las crías se quedan con el que saben que va a ser más buen cazador y a los otros los tiran al cubo de la basura. Esos son los que recogemos los animalistas: los que tiran al cubo de la basura, los que quedan abandonados cuando ya no sirven para cazar», expuso una compañera de SOS Perrera, quien añade que al año se abandonan 150.000 animales, un número «inasumible» para las protectoras y refugios.

«Queremos hacer visible esta realidad: en los últimos diez años han muerto 80 personas por accidentes de caza», denunció Carlos Portilo, vicepresidente de la Protectora de Animales de Málaga, quien reclama leyes que «protejan las vidas animales» y que se incluya a los perros de caza en las medidas implantadas por la nombrada Ley de Bienestar Animal. «La gran mayoría de cazadores, cuando acaba el periodo, tienen a sus animales hacinados y en condiciones deplorables. Por lo general, están muy desprotegidos», concluyó Portillo.

La concentración, que reunió a cientos de animalistas, activistas y malagueños comprometidos con la causa –1.500, según los organizadores–, partió de la Plaza de la Marina hasta la Plaza de la Constitución, donde se leyó un manifiesto que reclamaba las peticiones ya comentadas por SOS Perrera a SUR. «Somos la voz de los que no tienen», se escuchó durante el recorrido. Además de otros lemas como 'Mismos derechos para todos los perros', 'Jabalíes inocentes, no son delincuentes' y 'Vuestra afición es matar por diversión'. Luego, la marcha continuó por Molina Lario y finalizó, tras una hora, en el punto de inicio, donde se recogieron firmas para acabar con la tauromaquia.

La lucha por la protección de los perros de caza no fue la única reivindicación de esta manifestación. Los animalistas también se preocuparon por denunciar algunas de las «irregularidades» que se están cometiendo en Málaga, sobre todo, se han centrado en dos aspectos: las «prácticas ilegales» que se cometen en la perrera municipal, ahora Centro de Protección Animal Municipal (CEPAM), y la situación de los jabalíes.

«La perrera municipal es un camuflaje. Los cazadores dejan perros y cogen otros el mismo día. La ley dice que no. Esa persona tiene que estar en un registro: si una persona deja un perro, no puede coger otro», señaló Sierra, quien desveló que en Málaga se comete esta práctica. Además, la animalista va a ir más allá y aseguró a SUR que va a interponer una denuncia por este motivo contra Joaquín, veterinario del CEPAM; Javier Gutiérrez, director general de Medioambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Málaga, y Penélope Gómez, concejala de Sostenibilidad Medioambiental. «Está permitiendo que su trabajador haga ilegalidades. Tengo todas las pruebas y he intentado mostrárselas y dice que no, que pone la mano en el fuego por sus trabajadores», contó Sierra sobre la concejala.

Otra de las reclamaciones que hicieron al Ayuntamiento de Málaga fue sobre la matanza de los jabalíes cuando se acercan a núcleos urbanos. «Queremos un control ético. Hemos pedido, a través de juristas, un censo. Ellos se justifican en la sobrepoblación, pero no hay censo», reportó María Selva, coordinadora de la plataforma de control de jabalíes y cerdos asilvestrados y presidenta de la Asociación Andaluza contra la Tolerancia Animal. Algunas de las medidas que reclaman para controlar y prevenir son más bebederos forestales, la reforestación con especies autóctonas para que estos animales puedan alimentarse y barreras naturales, así como que los capturen y los devuelvan al monte en lugar de la muerte. «Tuvimos reunión el día 8 de enero y nos prometieron suspender todas las medidas letales hasta que no implementaran todas las medidas de prevención», se quejó Selva ante el incumplimiento.