El centro de menores infractores de Churriana abrirá a principios de junio

Este centro estará gestionado por la empresa Meridianos, que ganó el concurso que garantiza la explotación del mismo hasta, al menos, 2029. La licitación para la gestión ascendió hasta los 20, 8 millones de euros. El traslado de los menores se producirá cuando se rematen las obras de adaptación y se completen los últimos trámites administrativos. La Junta ya ha firmado el contrato con Meridionas, al constatar que «todo está en regla».

Esta infraestructura penitenciaria se ubica en la calle Asunción 14. El edificio fue un hogar de retiro para las monjas de La Asunción y, el año pasado, operó como centro de refugiados durante apenas unos meses.

La apertura también significa la recuperación de un centro de este tipo en la provincia de Málaga, tras el cierre del CIMI San Francisco de Torremolinos, en 2021. Sumando esta nueva instalación en Churriana, la Junta dispone de centros con un total de 751 plazas en toda Andalucía.

En un principio, la Junta informó de que la apertura se realizaría en mayo. El retraso y algunas complicaciones en las obras de adaptación del edificio están detrás de esta demora. El pasado 17 de mayo, la Gerencia de Urbanismo decretó la suspensión cautelar de las obras de este centro, al considerar que la documentación aportada carecía del proyecto de ejecución en el que se justificaba la reserva de plazas para personas con movilidad reducida, entre otros puntos.

Unos problemas que se habrían subsanado por parte de Meridiano, con la entrega de la documentación requerida.

En paralelo a estos movimientos, también se ha ido desarrollando el rechazo vecinal a esta nueva infraestructura. Desde el primer momento en el que se hizo pública la ubicación, los residentes de El Olivar y de barriadas colindantes se han manifestado en contra de este centro, al considerar que el edificio no cumple con los requisitos que marca la propia Junta para este tipo de centros y por la «sensación de inseguridad» que genera el CIMI.

Este malestar se ha canalizado en numerosas acciones de protesta. Varias manifestaciones se sucedieron en las últimas semanas, además de una recogida de firmas para frenar la apertura del CIMI. También se buscó el contacto directo con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y con otros responsables de la Consejería de Justicia. Además, se presentaron varias alegaciones al proyecto, tanto al Tribunal Superior de Justicia como a la Gerencia de Urbanismo

Un esfuerzo infructuoso, al menos desde el punto de vista de los vecinos, si se considera que la llegada de los primeros menores es ya inminente. La empresa Meridiano, por su parte, insiste en la utilidad social del CIMI. «Un centro como el de Málaga es una institución destinada a jóvenes que cumplen una medida judicial derivada de la comisión de un delito. Su finalidad es educativa y de reintegración social, y no debe confundirse con un Centro de Menos Migrantes No Acompañados», se señala a este periódico.

«El centro contribuye a la reeducación y reinserción social de los menores, ofreciendo un entorno seguro y supervisado donde puedan retomar su trayectoria personal y formativa», añade la empresa.