Protesta vecinal contra el centro de menores en El Olivar: «Tenemos miedo»

La noticia de la creación de un centro de detención de menores delincuentes en la urbanización de El Olivar, en el barrio de Churriana, ha alterado la paz en una urbanización que se nutre de casas unifamiliares y donde todo el mundo conoce al vecino por nombre y apellido. La Consejería de Justicia comunicó hace una semanas que este centro, con capacidad para 50 infractores, se ubicará en la calle Asunción 14.

El edifico, que ahora se está en obras para adecuarse a su nuevo uso, era hasta hace poco un centro de retiro para monjas. La Junta ha adjudicado este espacio hasta 2029 a una empresa especializada en la gestión de este tipo de centros. La licitación asciende a los 20,8 millones. Este sábado, por segunda vez, vecinos de la zona mostraron su rechazo y exigieron, tanto a la Junta como al Ayuntamiento de Málaga, que se dé marcha atrás a este proyecto. Un centenar de residentes colmaron la pasarela frente al Campamento Benítez, que se eleva por encima de la MA-20. Ahí desplegaron varias pancartas que ahora se pueden leer desde los coches que circulan por la autovía. «No a la cárcel de menores» y «Junta y Ayuntamiento, no», rezan en letras en rojo.

Sensación de inseguridad, miedo y falta absoluta de transparencia en el proceso para llegar hasta Churriana. Son los argumentos que repiten los vecinos para justificar su 'no'. Consideran que un centro de este tipo, el único de Andalucía que se encontraría en una zona residencial, sepultaría la rutina con la que han vivido hasta ahora. Alejandro Vedia, presidente de la comunidad de vecinos de El Olivar, atendió a SUR y declaró que las obras que se están realizando no corresponderían con las exigencias que marcan los centros de internamiento.

Además de la pata urbanística, denuncia la sensación de inseguridad que se ha instalado en el barrio. «¿Qué ha tenido que hacer un menor de edad para que lo priven de libertad?», se pregunta y apunta a delitos graves de sangre.

El malestar no se concentra solo en El Olivar, donde empezará a funcionar este centro, según la propia Junta, ya este mes de mayo. Residentes de Cortijo de Mazas, Wittenberg, Casillas de Maera y el AMPA del Colegio Los Rosales se oponen al CIMI.

Otro de los asistentes a la concentración de esta mañana fue José Reina, presidente de la comunidad de vecinos de Casillas de Maera. También en declaraciones a este periódico, denuncia la «nula transparencia» con la que habría operado la Consejería de Justicia. «Nos hemos encontrado con los hechos consumados. No ha habido ninguna reunión previa con los vecinos ni se ha informado de nada», mantiene.

Carmen Sánchez es una de las primeras vecinas que llegó a El Olivar. En 1974, se estableció aquí con su marido y sus cuatro hijos. «Aquí siempre ha habido un ambiente muy familiar, muy residencial. Ahora nos lo alteran y no se sabe muy bien por qué. Tenemos la sensación de que nos han dejado tirados», lamenta.

Esta vecina apunta a otro problema: la falta de infraestructuras en el barrio para acoger un centro de este tipo: «No hay apenas espacio, no tenemos conexión con el transporte público. Aquí se supone que tienen que venir todos los días unos 70 trabajadores».

En la protesta hubo representación política por parte de Vox. El parlamentario andaluz, Antonio Sevilla, quiso trasladar el apoyo de su formación a los vecinos. «Vamos a preguntar en el Parlamento cómo se ha gestionado todo esto. Hasta ahora, no sabemos nada. A partir de aquí, ya fijaremos una postura clara», explica.

Los vecinos están decididos a mantener la llama de la protesta. Además del plano burocrático, donde se ha presentado una batería de alegaciones en la Gerencia Municipal de Urbanismo y en la Consejería de Justicia, este colectivo quiere proseguir con concentraciones y protestas simbólicas. Entre las ideas, se baraja una manifestación frente a las puertas del propio Ayuntamiento de Málaga. «Por desgracia, hemos visto en Extremadura lo que puede pasar con este tipo de centros», apunta Sánchez, la vecina que lleva casi seis décadas viviendo en El Olivar.

Este periódico se puso en contacto con la concejala responsable del distrito de Churriana, Mercedes Martín. Ésta declinó hacer declaraciones o valoraciones sobre el centro de menores en cuestión. Otras fuentes del Ayuntamiento remiten a la Junta de Andalucía, que es quien tiene la competencia directa sobre el CIMI.

Por su parte, fuentes de la Consejería de Justicia ya señalaron con anterioridad a este periódico que el proceso se ha realizado con la transparencia requerida, además de dejar claro que hubo una reunión formal con los vecinos de la zona.

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