Las administraciones mantienen la cita previa pese a las quejas y el desplome de contagios

«Podemos ir al fútbol o a un concierto. Nuestros hijos menores de 12 años sin vacunar van al colegio sin problema, pero yo tengo que pedir un cita en Hacienda para entregar un papel», se lamenta Juan Luis Marín, delegado en Andalucía Oriental de la Asociación Española de Asesores Fiscales. Marín, que representa a un colectivo que necesita comunicarse con la Administración de forma diaria (especialmente con las delegaciones de Hacienda), ha sido hasta la fecha incapaz de obtener una cita previa con menos de catorce días de distancia entre la petición y la fecha otorgada, y todo bajo la «excusa», afirma, de una «precaución por el Covid».

El portavoz de los asesores fiscales en Málaga recuerda que ellos como profesionales ni siquiera tiene un canal preferente, por lo que la demora es equivalente a la de cualquier otro ciudadano. «Y no estamos hablando de una entrevista con un funcionario, en España se ha instalado la cita previa incluso para que te sellen un documento», recuerda, lo que da pie a situaciones de indefensión. «Imagínese. Uno recibe una carta de Hacienda el día 1 del mes para que efectúe un pago con el que se está en desacuerdo. Según la ley hay un mes para presentar un recurso o reclamación. Entre que entendemos qué es lo que se pide y que nos concedan la cita, sobrepasa el mes, por lo que a mucha gente se le está pasando el plazo y se está enfrentando a multas. ¿Y sabe cuál es la respuesta que nos dan?», pregunta el asesor fiscal. «Que mala suerte».

Esta indefensión que dicen sufrir los profesionales en su trato con las administraciones se agrava aún más cuando se trata de particulares que intentan solventar una problemática particular. Juan Luis Marín recuerda que ellos se conocen la legislación y a veces encuentran resquicios legales para recurrir estas situaciones en las que el tiempo corre en su contra, pero que eso es algo que desconoce la mayoría de la población. «En la profesión tenemos trucos, pero cada vez hay más casos de ciudadanos que están perdiendo becas o subvenciones porque los plazos se pasan mientras nadie se responsabiliza por el servicio de citas previas», se lamenta.

Esta situación se da en cualquiera de las administraciones mencionadas, pero también en los juzgados. De hecho, los procuradores como José Luque se las ven y se las desean para poder realizar cualquier gestión. «Antes entrábamos a cualquier sala, ahora tenemos que llamar por teléfono y esperar a que alguien nos lo coja. Y en algunos juzgados, hartos de que les suene el teléfono, lo descuelgan y es imposible hablar con ellos en todo el día», critica Luque.

Para Marín, será difícil que todo vuelva a ser como antes de la pandemia, básicamente porque sostiene que el objetivo es obligar a que todas las gestiones sean telemáticas, una realidad que afecta también al mundo de la empresa privada (ahí está el caso de los bancos). «Pero hay ocasiones en las que no se puede hacer por internet. Los bancos podrán tener su forma de hacer las cosas, pero una administración no puede permitir que exista una brecha digital.