El Ayuntamiento de Málaga suspende el cobro de la plusvalía si no ha habido incremento de valor

Esto implica no sólo que la suspensión es temporal, sino que además se aplicará únicamente en los casos que se registren a partir del lunes por parte de los ciudadanos que puedan aportar los documentos necesarios para hacer valer su situación de venta a pérdidas. En este sentido, tanto el concejal como el titular del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria (Gestrisam), Juan Manuel Ruiz Galdón, quisieron dejar ayer meridianamente claro que «suspender el cobro no se refiere a lo que ya se cobró, sino a futuro». O lo que es lo mismo: todos los que hayan hecho la reclamación hasta ahora tendrán que cumplir con el impuesto y esperar a la resolución del Gobierno para la devolución del mismo en el caso de que se ajusten a los requisitos que fije a la futura ley. «Las plusvalías ya cobradas quedarán reclamadas por aquellas personas que entiendan que ha habido una minusvalía, aportando la documentación que así lo constate y a la espera de este desarrollo de la ley».

Entre los factores que habrá que tener en cuenta en el nuevo marco legislativo están la retroactividad de la norma, la documentación que se exige para acreditar la venta a pérdidas y quién asumirá el coste de esa tramitación o el tipo de liquidación que se haga (si es entre vivos o mortis causa).

A pesar de todas estas cautelas, el concejal y portavoz del equipo de Gobierno quiso recordar que el Ayuntamiento ya habilitó el pasado mes de febrero un registro sobre la plusvalía dentro del marco del programa Gestrisam solidario para aportar información y para recoger la documentación necesaria; y que en estos meses se han recogido entre 550 y 600 peticiones de los ciudadanos en este sentido. «Gestrisam se ha anticipado a esta controversia legislativa y nos hemos puesto entre la normativa y el contribuyente para evitar perjuicios económicos adicionales», destacó Conde, quien no obstante quiso dejar otro aviso en relación con la forma en la que el Ayuntamiento gestionará estos cambios: «Nosotros tenemos la obligación de defender al contribuyente, pero también el derecho de defender la hacienda local». Es decir, de velar por los intereses municipales en los litigios que puedan producirse a cuenta de este tributo, aunque con otro matiz importante: «Cuando un juez falle a favor del ciudadano nosotros nos abstendremos, mientras que antes lo impugnábamos».

Otra cosa distinta es cuando el reclamante sea una gran empresa o una promotora que sea capaz de demostrar que en su transacción ha tenido pérdidas; un escenario nada improbable ya que durante la crisis económica muchas de estas grandes operaciones se han saldado con un perjuicio para el privado.

Las dudas que quedan

En este escenario, aún resulta difícil calcular cuál será el efecto que este cambio normativo tendrá sobre las arcas municipales y cuántos inmuebles y ciudadanos podrán verse afectados por la sentencia del TC, aunque el edil de Economía subrayó que la pérdida de ingresos a la que tendrá que hacer frente el Ayuntamiento de Málaga «será bastante menor a la de otros ayuntamientos». La razón está en la bajada de un 22% de los valores catastrales en la capital, un ajuste que tuvo lugar en el año 2015 y que sin duda aliviará esa disminución de ingresos en las cuentas municipales ya que el impuesto de plusvalía se calcula a partir de este valor.

«Nosotros ya asumimos esa bajada con cargo a los presupuestos», recordó Conde, quien añadió que «en Málaga este tipo impositivo no es muy alto y que además puede llegar a bonificarse hasta en un 95%». Aún así, y según los cálculos de Gestrisam correspondientes al año 2016, el Ayuntamiento de Málaga liquidó unos 60 millones de euros en concepto de plusvalía, una cantidad que sin duda experimentará un recorte en el momento en que entre en vigor la nueva ley. Pero para eso habrá que esperar, al igual que para saber si esta pérdida de ingresos queda compensada con la actualización de nuevos tributos.