El contrato de Limasa se ampliará de forma indefinida ante las dudas del alcalde

Si hace unos meses se barajaba la opción de ampliar el contrato hasta después del verano para evitar disfuncionalidades en la época más conflictiva del año para la limpieza en la ciudad, la opción que se ha abordado con los socios privados (FCC y Urbaser como mayoritarios, además de Sando y Unicaja) contempla dejar abierta su vigencia hasta que se ponga en marcha la nueva gestión. «No tiene sentido ponerle una fecha si aún no sabemos qué pasos se van a dar ni cuánto tiempo se necesitará», argumenta el concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez.

Desde la dirección de la empresa se ha planteado que a efectos administrativos y contables lo más conveniente sería que el cambio se materializase el 1 de enero de 2018 para hacerlo coincidir con el cierre del ejercicio, aunque de momento no hay ninguna decisión tomada al respecto. Entre otras cosas porque, si finalmente se optara por la privatización, la salida a concurso de la concesión y el resto de trámites hasta la formalización del contrato con la nueva adjudicataria dilataría aún más el relevo.

Cierto es que los técnicos municipales llevan meses elaborando los pliegos de condiciones para una hipotética licitación, pero teniendo en cuenta la complejidad del expediente y el presupuesto (unos 90 millones anuales), el procedimiento podría comerse aproximadamente un año. A modo de referencia, cabe reseñar que la nueva concesión del mantenimiento de los parques y jardines públicos (12 millones anuales), que salió a concurso en febrero con el objetivo de que estuviera resuelto en mayo, sigue aún pendiente de adjudicación debido a que se presentaron hasta 80 ofertas, por lo que el servicio también ha tenido que ser prorrogado sine die.

Límite en 2017

¿Cuándo deshojará la margarita el equipo de gobierno? El último límite que se han puesto es finales de año o comienzos de 2017. ¿Cuál será la decisión? Sigue siendo una incógnita puesto que aunque en el PP siempre se han mostrado predispuestos a la privatización de la limpieza viaria (postura que defiende Ciudadanos), el alcalde de la ciudad sigue dejando abierta la puerta de la municipalización, que es lo que reclaman los tres partidos de izquierdas en la Casona (PSOE, Málaga Ahora e IU-Málaga para la Gente). En este sentido, el informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el que se avala la subrogación de la plantilla en caso de municipalización pero como indefinidos (no fijos) y sin la consideración de empleados públicos no parece haber cambiado nada en la práctica. Francisco de la Torre es consciente de que una gestión cien por cien pública supondría un ahorro económico que se podría destinar a mejorar el servicio incorporando a más operarios, pero siempre que la plantilla ajuste su convenio al del Ayuntamiento aceptando una serie de condiciones.

La principal sería una reducción salarial del 20% para equiparar las retribuciones fijas a las del resto de empleados municipales, aunque suavizada mediante pluses de productividad que se cobrarían en función de que se alcancen unos determinados niveles de limpieza. Además, también se contempla la ampliación de la jornada laboral de las 35 a las 37,5 horas semanales, así como la supresión de las polémicas cláusulas que permiten heredar el puesto en caso de jubilación, incapacidad o fallecimiento. En el plano económico, desaparecería la paga de productividad y se modificaría el concepto de antigüedad para adaptarlo al sistema municipal consolidando los niveles actuales (en Limasa los tres primeros bienios se sube un 5% del salario y luego un 10% por quinquenio).

Desde el equipo de gobierno procuran dejar la pelota en el tejado de los propios trabajadores. De hecho, su intención es que sea el comité de empresa el que pronuncie sobre el borrador de convenio que el alcalde les entregó el pasado julio con estas medidas citadas y con una duración de ocho años. Según apuntan desde el PP, si no contestan se entenderá que lo rechazan.