Los empleados de Limasa serían fijos pero no funcionarios en una empresa municipalizada

Según este informe, remitido en septiembre y al que ha tenido acceso SUR después de un mes solicitándolo, la Dirección General de Función Pública establece que en el supuesto de que la gestión del servicio de limpieza y recogida de residuos se realizara de forma directa a través de una nueva sociedad mercantil, ésta no formaría parte de la Administración, «por lo que los trabajadores que presten servicio en la misma en ningún caso tendrían la condición de empleados públicos». No serían empleados públicos, pero sí que sus condiciones laborales deberían estar sujetas al Estatuto de los Trabajadores en cuestiones como el sistema de acceso a nuevos trabajadores (desaparecerían las cláusulas que permiten heredar el puesto), la jornada laboral (de 35 pasaría a 37,5 horas semanales) o las subidas salariales, que se asimilarían a las establecidas por el Ejecutivo central cada año en los Presupuestos Generales del Estado.

En este documento, el órgano estatal precisa que la única fórmula para que los trabajadores de la nueva Limasa tuvieran la condición de personal laboral del Ayuntamiento sería mediante la convocatoria pública de empleo a través de una oposición libre «en la que se garantice en todo caso los principios de igualdad, mérito y capacidad».

Aunque este es el dictamen que desde comienzos de verano tiene aparcada la negociación con el comité de empresa, la realidad es que en la práctica poco cambia, puesto que al margen de las condiciones administrativas, el futuro de Limasa es una cuestión de «voluntad política», tal y como remarca a este periódico el concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez. Es decir, que independientemente de los términos en los que se produciría la subrogación de la plantilla, en el equipo de gobierno siguen poniendo condiciones a la posible municipalización, que pasan por la negociación del convenio colectivo de Limasa para asimilarlo al del Ayuntamiento.

En este sentido, cabe recordar el borrador que el alcalde, Francisco de la Torre, entregó el pasado julio al comité de empresa, en el que se incluye una reducción salarial del 20% para equiparar las retribuciones fijas a las del resto de empleados municipales, aunque suavizada mediante pluses de productividad que se cobrarían en función de que se alcancen uno determinados niveles de limpieza.

En esa propuesta también se recoge la ampliación de la jornada laboral de las 35 a las 37,5 horas semanales, además de la supresión de las cláusulas que permiten heredar el puesto en caso de jubilación, incapacidad o fallecimiento.

En el plano económico, desaparecería la paga de productividad y se modificaría el concepto de antigüedad para adaptarlo al sistema municipal consolidando los niveles actuales (en Limasa los tres primeros bienios se sube un 5% del salario y luego un 10% por quinquenio). Siempre según la propuesta de convenio planteada por el Ayuntamiento, los trabajadores a tiempo completo seguirían descansando todos los fines de semana, mientras que las vacaciones se disfrutarían 15 días en verano y los 21 restantes durante el resto del año.

Valoración del alcalde

Sin dejar entrever la opción por la que finalmente se decantará el equipo de gobierno del PP, el alcalde sí que advirtió que en el caso de que la gestión fuera pública los trabajadores «tendrían una condición diferente en la relación laboral». En cualquier caso, volvió a incidir en que «la oferta que se planteó al comité establecía condicionantes», poniendo el acento en el capítulo de la productividad, que consideró «esencial para garantizar ese esfuerzo» de los operarios y «para que lo entiendan los vecinos».

En principio, la intención es que la decisión esté tomada a finales de año, aunque podría seguir dilatándose. Mientras De la Torre sigue sin tenerlo claro, los grupos de izquierdas en el Ayuntamiento (PSOE, Málaga Ahora e IU-Málaga para la Gente) apuestan por la municipalización, mientras Ciudadanos defiende la privatización.