El PP entierra la consulta popular sobre los terrenos de Repsol

En una tensa sesión marcada por los reproches de la oposición, el concejal de Participación Ciudadana, Julio Andrade, se ha amparado en la nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que entró en vigor el pasado día 2, para rechazar que la decisión se deje en manos de los malagueños. La normativa estatal establece que podrá prescindirse de los trámites de consulta cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen.

Y a eso se agarran los populares, toda vez que los informes de la Gerencia Municipal de Urbanismo y del Área de Economía cifran en un mínimo de 94,7 millones de euros el perjuicio económico que supondría para las arcas públicas renunciar a las torres de viviendas. Mientras tanto, el informe que los cuatro grupos de la oposición (PSOE, Málaga Ahora, Ciudadanos e IU-Málaga para la Gente) dan por bueno es el emitido el 18 de julio por la Intervención General del Ayuntamiento, aunque no hecho público por el gobierno hasta tres meses después (el pasado viernes 14), en el que el habilitado nacional concluye que la consulta popular no afecta a la hacienda local, sin perjuicio de las consecuencias económicas que pudiera ocasionar.

En este sentido, llega a remarcar que no se puede excluir de una posible consulta un asunto porque tenga mayor o menor incidencia económica, ya que, si fuera así, prácticamente se vaciaría de contenido esta vía de participación pues resulta difícil o prácticamente imposible que un asunto no tenga consecuencias económicas.