Diario Sur

La oposición se une contra el PP para tratar de salvar la consulta sobre Repsol

Terrenos de los depósitos de Repsol, ubicados entre las avenidas de Europa y Juan XXIII.
Terrenos de los depósitos de Repsol, ubicados entre las avenidas de Europa y Juan XXIII. / Francis Silva
  • El equipo de gobierno pierde incluso el apoyo de Ciudadanos, su socio de investidura, tras el informe del interventor que avala que se le pregunte a los malagueños

El grupo de trabajo constituido por los cinco partidos con representación en el Ayuntamiento de Málaga y distintos colectivos vecinales para definir la consulta ciudadana para los terrenos de Repsol vuelve a reunirse hoy con pocos visos de que del encuentro vaya a salir algo en claro que despeje el futuro de esta parcela de 177.548 metros cuadrados ubicada entre las avenidas de Europa y Juan XXIII. Mientras el equipo de gobierno del PP argumentará esta tarde que la consulta popular es «inviable», poniendo sobre la mesa los informes de la Gerencia de Urbanismo y del Área de Economía que cifran en un mínimo de 94,7 millones el perjuicio económico que supondría para las arcas públicas renunciar a las torres de viviendas, los cuatro grupos de la oposición (PSOE, Málaga Ahora, Ciudadanos e IU-Málaga para la Gente) insisten en que sean los malagueños quienes decidan con su voto si se mantiene el proyecto de los rascacielos de viviendas y un parque de 70.000 metros cuadrados; si se reduce la edificabilidad para ampliar las zonas verdes o si directamente se elimina todo el ladrillo para destinar toda la finca a un bosque urbano.

La tesis de dejar la decisión en manos de los malagueños la vienen manteniendo desde que el Pleno aprobó por unanimidad convocar una consulta (ratificada en la sesión del mes pasado), pero ahora la defienden más si cabe tras tener conocimiento el pasado viernes 14 del informe que el interventor municipal emitió el 18 de julio y que desde entonces ha ocultado el equipo de gobierno, en el que despeja las dudas planteadas sobre la viabilidad del plebiscito al asegurar que «no afecta a la hacienda local, sin perjuicio de las consecuencias económicas que pudiera ocasionar». En su resolución, el habilitado nacional llega a apuntar que no se puede excluir de una posible consulta popular un asunto porque tenga mayor o menor incidencia económica, ya que «si fuera así, prácticamente se vaciaría de contenido esta vía de participación pues resulta difícil o prácticamente imposible que un asunto no tenga consecuencias económicas».

Para contrarrestar estos argumentos, el PP ha encargado una serie de informes en los que, además de advertir del citado quebranto económico, también se pone el acento en que la ley autonómica de participación ciudadana establece que en ningún caso podrán someterse a consulta popular local asuntos cuando alguna de las opciones a escoger resulte contraria al ordenamiento jurídico, como sería el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Sin embargo, el escrito redactado por la Intervención General del Ayuntamiento es el único que tiene validez para la oposición. Incluido Ciudadanos, donde este último informe no ha hecho más que reforzar su postura de no seguir negociando un acuerdo político con los populares después de que el alcalde, Francisco de la Torre, desautorizara todo los avances alcanzados entre la formación naranja y el Área de Ordenación del Territorio en los que se asumía la renuncia de la ciudad a alguna de las tres torres de viviendas que le corresponden en los terrenos (la cuarta pertenece a la Sareb o ‘banco malo’).

Sin renunciar a las torres

De momento, pese a perder el apoyo de su socio de investidura, Francisco de la Torre insiste en su objetivo de mantener los 177.548 metros cuadrados de techo edificable previstos en esta parcela, aunque quitando la mitad de las viviendas contempladas y sustituyéndolas por oficinas, además del compromiso de destinar el dinero que se obtenga a la creación de más zonas verdes en otros puntos de la ciudad. El proyecto vigente contempla cuatro torres de hasta 34 plantas para 932 viviendas, oficinas, comercios y un hotel; además de otros cuatro edificios para 400 VPO; equipamientos públicos y un parque de 70.000 metros. No obstante, en su intento de evitar la consulta popular, el equipo de gobierno ha ido introduciendo modificaciones para ir ganándole metros a las zonas verdes a costa de reducir equipamientos. Pero sin tocar las torres.

En este sentido, el alcalde insistía la semana pasada en la necesidad de «explicar muy bien el proyecto» a los malagueños, y también al resto de grupos políticos para intentar llegar a una solución consensuada. «Nosotros estamos abiertos a negociar con todos los grupos acerca de un proyecto que tiene mucha importancia para la ciudad», aseguraba De la Torre, quien también apeló al «sentido de la responsabilidad» para «una oportunidad muy interesante que no debe ser tirada por la borda».