Citan como imputado a un fiscal por el accidente en el que murió un motorista

Inicialmente la investigación del siniestro concluyó que el joven, de 22 años, se había caído él solo de la moto cuando circulaba por la autovía A-7 en el término municipal de Vélez-Málaga, sin que interviniesen otros vehículos. Tras las nuevas pruebas, el juez ha citado a declarar en calidad de imputados el próximo 16 de junio al fiscal G. M. A. y a la mujer que iba con él. El togado quiere conocer, tal y como subrayó la propia Audiencia de Málaga cuando ordenó continuar con la investigación, la razón de por qué negaron su presencia cuando algunos testigos señalan no solamente que estuviesen en el lugar del accidente, sino que intentaron ayudar al fallecido, manifestando incluso la mujer que era enfermera y por qué han faltado, presuntamente, a la verdad respecto a los daños que sufrió su vehículo.

En la citación, a la que ha tenido acceso este periódico, no se concreta la imputación al fiscal. Las fuentes consultadas explicaron que la definición de la imputación dependerá de lo que resulte de su declaración y de los testimonios del resto de los testigos en relación a las nuevas pruebas aportadas por la investigación paralela que ha realizado la familia.

El accidente se produjo a las 17.30 horas del 18 de junio de 2011 en el kilómetro 265 de la autovía A-7 a su paso por el término municipal de Vélez-Málaga, a unos 900 metros del cruce de Cajiz, en la calzada en sentido Málaga. La moto volcó y acabó chocando contra la barrera metálica de seguridad. El joven salió despedido. Murió en el acto.

La Guardia Civil, que se hizo cargo del atestado, localizó a un testigo directo, quien aseguró que «en modo alguno» intervino otro vehículo en el accidente. Según dijo, la moto hizo un extraño -la parte trasera se movió de un lado a otro- y el conductor perdió el control.

Sobre el asfalto quedó una pronunciada huella de frenada perteneciente a un coche. El testigo afirmó que correspondía a un Mercedes Benz de color gris en el que viajaban un médico y una enfermera. «Tuvo que maniobrar hacia la derecha para no atropellar al motorista», declaró ante los agentes de la Guardia Civil. En el atestado, no figuraba ni un croquis del accidente ni la fotografía de la frenada, tampoco identificaba al conductor del Mercedes. Un mes después del siniestro, el juzgado archivó provisionalmente el caso al entender que «no aparecía debidamente justificada la perpetración del delito».

En este punto fue cuando el padre del joven fallecido, Aurelio García, inició su propia investigación. Este 'padre coraje' estuvo tres meses intentado localizar el Mercedes gris por los centros de salud y contrató a un detective privado quien logró averiguar, a través de otros tres testigos, que el conductor del vehículo se identificó como compañero ante los agentes. Tras localizar el coche, que estaba aparcado en la puerta de los juzgados de Vélez-Málaga, observó que tenía un golpe en la aleta delantera derecha. El investigador privado averiguó que pertenecía a un fiscal sustituto, que además, fue identificado por dos testigos. También descubrió que el coche había sido reparado en marzo de 2010 en un taller de Torremolinos. Al mismo tiempo, Aurelio García encargó un peritaje de la moto de su hijo, que halló marca de pintura gris metalizada en los neumáticos. El experto señaló como «causa probable» del accidente un roce que desequilibró la moto. Estas pruebas han servido para que la Audiencia de Málaga ordenara reabrir el caso y para que a continuación el juez de Vélez-Málaga haya imputado al fiscal y a su acompañante.

Aurelio García ha acogido con satisfacción la noticia de la imputación del fiscal y confía en que se aclare lo sucedido, «porque si no, es que tiene muy buenos padrinos».

20 años de fiscal sustituto

La Jefatura de la Fiscalía de Málaga tiene ya conocimiento de la imputación de G. M. A., aunque «no adoptará ninguna medida cautelar» respecto al fiscal imputado, según explicó el fiscal jefe, Juan Carlos López Caballero, dado que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal no recoge nada al respecto, aunque sí prevé la incapacitación para el ejercicio de las funciones de fiscal a quienes resulten condenados por delito doloso y excepcionalmente la suspensión de tres años en caso recibir una pena no superior a seis meses de cárcel.

G. M. A. trabaja desde hace veinte años como fiscal sustituto (no es fiscal de carrera) en Málaga. Actualmente desarrolla su trabajo en la Fiscalía de Área de Marbella, aunque también lo ha hecho en Vélez-Málaga. En 2014 obtuvo plaza como profesor asociado en el departamento de Derecho Privado Especial de la Universidad de Málaga.