Un Perú de luto y furioso vuelca su mirada acusatoria sobre la presidenta Boluarte

La fiscal de la nación, Patricia Benavides, confirmó la apertura de una investigación preliminar contra la presidenta, Dina Boluarte, tres ministros y dos exministros por presuntos delitos de genocidio, homicidio modificado y lesiones graves. En apenas cuatro semanas, desde que el expresidente Pedro Castillo fue condenado a dieciocho meses de prisión por delito de rebelión, seis de las veinticinco regiones de Perú que viven en mayor desigualdad han manifestado su rechazo a su encarcelamiento por medio de bloqueos y protestas masivas. Los enfrentamientos han arrojado un saldo de 47 muertos y centenares de heridos.

La región de Puno, situada junto al lago de Titicaca, está de luto. Pero también furiosa. El Ejecutivo de Dina Boluarte ha decretado un toque de queda de tres días con la intención de acabar con las movilizaciones y especialmente con la marcha que intentará llegar este jueves a Lima, pero la multitud, que velaba a los fallecidos en los alrededores del aeropuerto de Lujiaca, donde se produjeron los incidentes más violentos, quiere viajar a la capital para reclamar la renuncia de la presidenta, la disolución del Congreso, una nueva Constitución y la liberación de Castillo.

La crisis política, el descontento social y el alto nivel de violencia que vive en este momento Perú, a juicio de varios especialistas políticos, no deberían sorprender a nadie. En cuatro años han llegado al poder seis presidentes y se han establecido tres congresos. Los números económicos señalan al país andino como uno de los que mantiene un buen crecimiento y una baja inflación. Pero el 45% de los ciudadanos justificaría el cierre del Congreso y, después de Haití, los peruanos son los segundos más insatisfechos con la democracia. El 88% de ellos considera que los políticos son unos corruptos.

Cuando se produjo la destitución de Castillo por su intención de dar un golpe de Estado para mantenerse en el cargo, la catedrática de Historia de la Universidad de Kento, Natalia Sobrevilla, ya anunció en conversación telefónica con este periódico que el principal problema que origina la extrema situación es que «regiones como Ayacucho, Cuzco, Puno, que han visto una riqueza inmensa con el desarrollo del turismo y la exportación de gas de Camisea, todavía tienen comunidades que viven en extrema pobreza. Todo está atravesado por una corrupción al máximo nivel y por la presencia de economías ilegales, siendo la del narcotráfico una de las más importantes junto al lavado de dinero, la tala de árboles, la minoría ilegal que tiene gran influencia en la Amazonía o la trata de personas».

Para Sobrevilla el problema del pueblo aymara, que se caracteriza por tener una identidad muy fuerte, es que apenas goza de representación en el Congreso. «De 180 congresistas hay regiones como Ayacucho, Arequipa o Puno que solo tienen uno o dos representantes. Carecen de interlocutores. Estamos viendo un país resquebrajado con un modelo en el que el Ejecutivo y Legislativo viven en constante conflicto».

Las luchas en el Congreso no impidieron, sin embargo, que el martes prosperara el voto de confianza que necesitaba el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, para seguir al frente. Todos los gobiernos tienen que someterse a este proceso parlamentario a los treinta días de su constitución. Otálara es uno de los ministros a los que la Fiscalía ha abierto una investigación preliminar por la dureza policíaca en Ayacucho –en diciembre–, y en Lujiaca –este lunes–.

No obstante, Otárola tuvo que leer pancartas que señalaban 'Gabinete de la muerte', y escuchar frases como «el Gobierno tiene más muertos que días en el poder» o «¿Quiere ver más sangre?». Toda la oposición pidió la renuncia de Boluarte y su gabinete.