América Latina arde: las revueltas en Perú suman 18 muertes mientras Bolsonaro anuncia su regreso a Brasil

Con estas últimas víctimas, la violencia desatada en los choques callejeros se ha cobrado casi el medio centenar de fallecidos desde la detención de Castillo. Ministros del nuevo gabinete sostienen que las continuas manifestaciones suponen un «nuevo modo» de pretender un golpe de Estado. Por su parte, la población denuncia la durísima represión de los efectivos policiales y ponen como ejemplo que al menos nueve de los últimos fallecidos lo fueron por heridas de bala, según precisó el Hospital Monge Medrano. Entre las víctimas más recientes, figura un hombre de 35 años que murió en Juliaca al recibir el impacto de un perdigón en la cabeza cuando se dirigía a su casa. El joven se ganaba la vida con la venta de adoquines. «Dina, no nos mates», clamaban los allegados desde el hospital.

Juliaca es la novena ciudad más poblada del país, con casi 308.000 habitantes. Situada en el departamento de Puno, representa uno de los enclaves económicos y comerciales más potentes de Perú. Su aeropuerto es un factor clave del desarrollo de la región y es al lugar donde miles de manifestantes se dirigieron este lunes para hacer escuchar sus demandas. La toma de los aeropuertos se ha convertido en el signo característico de las protestas contra el Gobierno y las fuerzas de seguridad tenían el de Juliaca bien custodiado.

Los enfrentamientos se prolongaron en algunos casos hasta esta pasada madrugada. El Ministerio del Interior ha informado de que en ellos participaron 11.000 personas y que unas 2.000 atacaron un cuartel de la Policía. Entre las víctimas mortales hay una menor de 17 años. Los servicios de emergencia han informado además de la existencia de 38 heridos mientras la Policía contabiliza una veintena de agentes lesionados. Especialmente trágico es el caso de un niño de tres años que murió de una insuficiencia respiratoria dentro de una ambulancia que se encontró bloqueada con barricadas la carretera hacia el hospital.

Este último episodio recuerda a Latinoamérica lo fácil que resulta arder. Las autoridades confiaban en que los ánimos se aplacasen durante la Navidad, pero en los últimos seis días las movilizaciones han regresado, incluso con mayor virulencia en algunas regiones, como sucede en el propio departamento de Puno y los de Apurámac, Arequipa y Cuzco. A todo ello se ha sumado la convocatoria de paros indefinidos, sobre todo en las terminales de transporte, que han elevado el descontento popular por los problemas de desabastecimiento. Este ciclo de caos es el que ha llevado al primer ministro, Alberto Otárola, a denunciar la existencia de un «golpe de Estado» mediante un «ataque organizado hacia el Estado de Derecho y a las instituciones». Los manifestantes, mientras tanto, enseñan a los periodistas cartuchos de perdigones percutidos por los policías.

Las reclamaciones al Ejecutivo para el hallazgo de una solución se han multiplicado, tanto desde las organizaciones profesionales como de diferentes instituciones. Entre ellas, la defensora del Pueblo, Eliana Revollar, ha instado a Dina Boluarte y al Congreso a encontrar «una salida real» tras constatar que la última movilización ciudadana «se ha tornado muy violenta» y que entre los manifestantes circula «armamento casero». Estos, por su parte, critican la brutalidad de las fuerzas de seguridad al disparar gases lacrimógenos y munición antidisturbios desde helicópteros en vuelos rasantes.

El laberinto está en marcha. Las protestas se intensifican. La represión policial se endurece. Y, mientras, el Gobierno se queda inmóvil. En mitad del huracán. Boluarte se ha justificado tras los altercados de Juliaca y señala que está a la espera de que el Parlamento apruebe definitivamente su requerimiento de convocar un adelanto electoral en la primavera de 2024. Más allá de ese emplazamiento, la presidenta asegura que la disolución imediata del Ejecutivo, el cierre del Congreso y la formación de una asamblea constituyente «no está en mis manos». A su juicio, toda esta serie de demandas constituyen una argucia de la «izquierda radical» como «pretexto para seguir generando el caos en las ciudades».

Las declaraciones de la mandataria se producen en el contexto del acuerdo nacional que consensúa con los representantes de los poderes del Estado, las fuerzas políticas y los gobernadores regionales con el fin de encontrar la llave de ese laberinto político e institucional creado a raíz del autogolpe de Pedro Castillo. Hay expectación sobre lo que resulte de estas conversaciones. El primer ministro ha señalado que el Ejecutivo anunciará en las próximas horas «medidas importantes sobre la seguridad pública» y ha reclamado una investigación judicial de los disturbios, que califica de «escenario de guerra».

Las mismas palabras, escenario de guerra, son empleadas por algunos de los funcionarios que, a 2.400 kilómetros de Lima, inspeccionan todavía los destrozos ocasionados por los bolsonaristas en las sedes de las instituciones en Brasilia. Constituyen el rescoldo de una crisis social y política que el presidente brasileño, Lula da Silva, confía en encauzar tras recabar el apoyo del Legislativo, los jueces, el Ejército y los gobernadores estatales contra los extremistas afines a su predecesor. En Brasil el sosiego parece haber cobrado notoriedad en las calles, en especial una vez que ha sido eliminado el campamento bolsonarista que exigía la intervención militar para acabar con el nuevo Ejecutivo de izquierdas, germen del asalto en el que tomaron parte miles de radicales. La Policía lleva ya 1.500 detenidos.

Lula da Silva parece haber salido reforzado de este episodio inédito de violencia contra la democracia brasileña. A última hora del lunes, explicó a sus gobernadores que los asaltantes «no tenían una agenda de reivindicaciones» y simplemente pretendían dar un «golpe» a las instituciones. A los bolsonaristas les contrapuso el mensaje de que «ha sido muy difícil para nosotros conquistar la democracia en este país y, por lo tanto, necesitamos aprender a convivir democráticamente en la diversidad».

El presidente ha cosechado la solidaridad de los responsables de los 27 Estados del país, que han garantizado su lealtad al Ejecutivo federal. Todo un síntoma de madurez que induce al sosiego solo nueve días después de haber asumido la jefatura del Gobierno y abrir una legislatura inédita tras el anterior mandato de la ultraderecha. Incluso, cuenta con el respaldo del gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, y la vicegobernadora del Distrito Federal, Celina Leao, ambos alineados con Jair Bolsonaro. «Este encuentro de hoy significa que la democracia brasileña, después de los episodios de ayer, se fortalecerá aún más», ha destacado Freitas al término de la reunión, sin hacer mención alguna de su antiguo patrocinador, que precisamente no pasa sus mejores horas en su refugio vacacional de Florida.

Bolsonaro ha salido del hospital de Orlando donde ingresó el lunes debido a un episodio de molestias intestinales (una dolencia frecuente en él, derivada del apuñalamiento que sufrió en 2018 en plena campaña electoral), pero antes de abandonar el centro médico se ha quejado de no haber disfrutado de unos «días tranquilos» desde que llegó a Estados Unidos el 30 de diciembre, ¿Una referencia expresa al asalto de las instituciones? No. En realidad, el expresidente ha pasado eufemísticamente sobre la revuelta de sus simpatizantes y se ha centrado en su enfermedad. «Este es ya mi tercer ingreso por obstrucción intestinal grave. Vine a pasar un tiempo fuera con la familia, pero no he tenido días tranquilos. Primero, hubo ese lamentable episodio en Brasil (por la revuelta) y después mi ingreso en el hospital», ha manifestado en la cadena CNN.

El expresidente ha informado que tenía previsto continuar en Florida hasta finales de enero, pero ha añadido que probablemente regresará bastante antes a Brasil por sus problemas de salud. De ser así, volverá en medio de una agitada situación política para su persona. Aparte de las críticas a su tibia respuesta al asalto, crecen las sospechas de una posible connivencia con los golpistas que ha disparado todos los rumores posibles. Incluso, el Gobierno de Roma negó ayer que el líder ultraderechista hubiera pedido la ciudadanía italiana y la Casa Blanca aseguró que tampoco ha recibido «solicitud oficial» alguna del Ejecutivo brasileño para poner fin a su estancia en Florida.

Varios congresistas demócratas han pedido al Gobierno de Estados Unidos que expulse al exmandatario latinoamericano al entender que «no debe recibir refugio en Florida», donde, según su opinión, se habría «estado ocultando de rendir cuentas por sus crímenes», «En Brasil los médicos ya saben de mi problema de obstrucción intestinal debido a la puñalada. Aquí los médicos no harán seguimiento», ha respondido Bolsonaro para aclarar su intención de volver a su tierra y no convertirse en un prófugo de la Justicia. No, al menos, como el exmandatario peruano Pedro Castillo, al que sus propios escoltas frustraron los planes que tenía de refugiarse en la Embajada de México tras su insólito autogolpe. De un modo u otro, América Latina arde.