La Justicia avala la retirada de la protección legal a más de 400.000 migrantes en EE UU
La Administración Trump suprimió el permiso temporal de residencia concedido por Biden a personas llegadas de Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba
Donald Trump acumula unos cuantos varapalos judiciales a su política migratoria, con la que pretende expulsar al menos a 11 millones de extranjeros de Estados ... Unidos, pero en esta ocasión ha recibido el respaldo de la Justicia a una de sus medidas más controvertidas. Un tribunal federal de apelaciones ha avalado su decisión de retirar el estatus legal temporal de más de 430.000 personas que llegaron entre octubre de 2022 y enero de 2025 –cuando el republicano recuperó el poder– a territorio estadounidense procedentes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. El 'parole' humanitario, como se conoce a esta protección especial, les fue concedido bajo el amparo de la Administración Biden, que ofreció permisos de trabajo a quienes entraran por vía aérea y pasaran los correspondientes controles de seguridad.
El programa, al que se acogió más de medio millón de personas originarias de esos cuatro países latinoamericanos, todos con un escenario sociopolítico muy delicado, fue ampliado por última vez en 2023, pero Trump lo liquidó a su regreso a la Casa Blanca. Desde marzo, cuando fulminó la iniciativa, el 'parole' humanitario ha sido objeto de varios fallos judiciales, el más reciente a raíz de un recurso presentado por organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes. El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito desestimó su demanda y, de paso, anuló una resolución previa de la jueza de distrito Indira Talwani, quien había cuestionado la autoridad de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, para retirar los permisos temporales a cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses.
«No estamos de acuerdo. Los demandantes no han presentado pruebas firmes a la hora de demostrar que la acción de la secretaria fuera arbitraria y caprichosa, ya que dio una explicación razonada», expuso Gustavo Gelpi, uno de los tres jueces –curiosamente, todos designados por presidentes demócratas– que conforman el panel que asumió la causa. El magistrado reconoce, eso sí, la difícil situación a la que se enfrentan quienes pierden esa protección legal y deben decidir entre volver a sus países, con elevados niveles de inseguridad, o quedarse de manera irregular en Estados Unidos, con el consiguiente riesgo de ser detenidos y deportados. Sin embargo, ese complejo destino, según la sentencia, no invalida la autoridad de Noem para acabar con el programa de permisos temporales de trabajo y residencia bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
El programa daba visas de trabajo a quienes entraran al país por vía aérea y pasaran los controles de seguridad
La abogada Esther Sung, de la organización Justice Action Center, calificó la sentencia del tribunal con sede en Boston publicada el pasado viernes como «devastadora», aunque confió en que todavía hay opciones de revertir la decisión del actual Ejecutivo de EE UU a lo largo del proceso legal iniciado para que se recupere el programa de protección especial. «Las personas que vinieron de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela hicieron todo lo que el Gobierno les pidió, y la Administración Trump cruel e insensatamente no ha cumplido con su parte del acuerdo», denunció.
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