Indignación en Guatemala por el incendio que dejó 34 niñas muertas

"¿Cómo no se pudieron dar cuenta para poder salvarlas a tiempo si el humo se ve al instante?", dijo en la morgue de Ciudad de Guatemala, el tío de una menor de 15 años originaria del departamento oriental de Jutiapa, cuyo cuerpo fue identificado con pruebas de ADN.

La información sobre lo que sucedía en ese centro de acogida para adolescentes, que depende del gobierno, llega a cuenta gotas y es brutal. Según el último balance, 33 jóvenes, de entre 14 a 17 años, fallecieron en el incendio registrado en la mañana del miércoles en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en San José Pinula, a 10 kilómetros de la capital guatemalteca.

Lucas Nájera, de 76 años, un vendedor de periódicos y abuelo de una menor de 14 años herida, ironizó diciendo: "Se llama Hogar Seguro, pero ¿dónde está lo seguro? Segura solo la muerte que se las llevó". En el acto murieron 19 jovencitas y el resto en dos hospitales públicos. Se presume que el incendio fue provocado por las propias internas para denunciar abusos sexuales y otros atropellos, según una de las hipótesis que maneja la Procuraduría de los Derechos Humanos. Aún quedan internadas 25 sobrevivientes, de las cuales 12 se encuentran en estado crítico, precisaron fuentes hospitalarias.

La tragedia en un centro superpoblado que depende de la Secretaría de Bienestar Social de la presidencia provocó indignación, estupor y una oleada de críticas contra las autoridades. El presidente de Guatemala Jimmy Morales, otrora un conocido cómico de televisión, con una popularidad cada vez más baja desde que inició su mandato, decretó tres días de duelo nacional y ordenó la destitución del director del recinto. Se trata de "una masacre", aseguró Hilda Morales, procuradora de Derechos Humanos de la Infancia, quien pidió una investigación administrativa y penal en contra de los responsables del hogar.

El titular de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, Carlos Rodas, dijo que asumía la responsabilidad de la tragedia, pero se negó a abandonar el cargo. "No podemos recuperar esas vidas, pero sí podemos analizar el sistema (y) transparentarlo", agregó.

Según versiones preliminares, la noche del martes, horas antes del incendio del miércoles, un grupo de jóvenes intentó fugarse tras denuncias de abusos y maltratos. El hogar es blanco desde hace tiempo de un escándalo por denuncias de abusos sexuales contra los internos. En diciembre pasado, una jueza condenó al Estado guatemalteco por los vejámenes cometidos a los menores y ordenó medidas drásticas de protección.

El refugio alberga, por orden judicial, a menores de hasta 17 años víctimas abandono y violencia doméstica, que cometieron algún delito o que fueron rescatados de las calles, entre otros motivos. El centro cuenta con capacidad para 400 menores pero aloja a unos 800. Es un centro mixto y el siniestro se registró en el sector destinado a mujeres.

Muchos de los familiares de las jóvenes se congregaron en dos hospitales de la capital para esperar desesperadamente por información. La mayoría de ellos tenían los ojos hinchados por el llanto. "Pedimos justicia y que cierren ese hogar. Allí las violaban y hacían de todo con ellas. Dejaron que se quemaran", dijo con horror Amanda Hernández, una ama de casa que intentaba conocer la suerte de su hija de 15 años en el hospital San Juan de Dios, en el centro capitalino. Algunos de los que han sobrevivido fueron reubicados en otros centros públicos y privados, mientras que otros fueron con sus familiares temporalmente.

Unos 25 activistas de derechos humanos se concentraron frente a la Casa Presidencial, donde simbólicamente derramaron carbón y muñecas quemadas. La directora para América Latina del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), María Perceval, confió en un comunicado en que "el Estado guatemalteco cumplirá con su obligación de investigar los hechos ocurridos, identificar a los responsables y reparar a las víctimas". "Condenamos enérgicamente la irracionalidad y la negligencia que han derivado en esta tragedia y exigimos a los órganos de control tomar medidas para evitar a futuro la repetición de estos nefastos eventos", refirió en un comunicado el Movimiento ProJusticia.